En el último episodio de Aceprensa a fondo, la serie de reportajes audiovisuales dedicados a profundizar en temas de actualidad, aborda algunos de los debates que afectan hoy a la objeción de conciencia y el futuro hacia el que se dirige. Entrevistas a Marta Albert, Rafael Palomino y Álvaro Gándara.
Fuente: Aceprensa.com Autor: Ana Zarzalejos Vicens, @ana_zarzalejos
¿Es la objeción de conciencia un derecho fundamental o un obstáculo para el ejercicio de otros derechos?
La objeción de conciencia ha conseguido muchas veces cambiar las leyes para hacer mejores a las sociedades democráticas. Figuras como Martin Luther King o Nelson Mandela recuerdan que, cuando las convicciones personales se levantan contra prácticas que hoy consideramos injustas, puede que se produzca el verdadero progreso. Más recientemente, en Estados Unidos el rechazo de las compañías farmacéuticas a suministrar medicamentos para la inyección letal ha puesto en aprieto a la pena de muerte.
Como dice en el vídeo Rafael Palomino, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, la objeción de conciencia ha actuado en las sociedades como una “voz profética” que señalaba lo que no marchaba bien y a la que el tiempo ha acabado muchas veces dando la razón.
En la misma línea se pronuncian los otros dos expertos entrevistados en el reportaje. Álvaro Gándara, médico especializado en cuidados paliativos y vocal del Comité de Bioética de España, defiende que la objeción permite que las leyes no aplasten la conciencia individual.
Marta Albert, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, reivindica también la necesidad de obtener un mayor reconocimiento público del papel de la conciencia personal.
El objetor, señalado como amenaza
A pesar de que la objeción de conciencia es un derecho que emana del reconocimiento de la libertad de conciencia, hoy tiende a verse como un impedimento para el ejercicio de otros derechos.
Para los más críticos, los objetores son una amenaza a la libertad de las mujeres en el ejercicio de su derecho al aborto o para los enfermos en el ejercicio de su derecho a la eutanasia.
Así, el Informe Matić (2021), aprobado por el Parlamento Europeo “lamenta que, en ocasiones, la práctica común en los Estados miembros permita a los médicos, y en algunas ocasiones a instituciones médicas enteras, negarse a prestar servicios sanitarios sobre la base de la denominada cláusula de conciencia, que conduce a la denegación del aborto por motivos de religión o de conciencia, y que pone en peligro la vida y los derechos de las mujeres”.
Por su parte, las Directrices sobre la atención para el aborto (2022), de la OMS, señalan que “la objeción de conciencia sigue actuando como barrera para el acceso a un aborto sanitario de calidad”.
Esta visión del objetor ha florecido en el contexto de lo que Rafael Palomino llama “nuevos derechos”, relacionados normalmente con las libertades sexuales y reproductivas o la regulación de la llamada “muerte digna”.
Albert achaca el fenómeno a que se ha acabado defendiendo como un valor absoluto el derecho a autoafirmarse y determinarse como individuo y a que la cultura contemporánea penaliza todo lo que suponga una adhesión a una moral que no es autodeterminada.
Cómo proteger al objetor desde las instituciones
Los expertos coinciden en que no se puede cargar al objetor con la responsabilidad de ser garante de un derecho. El garante ha de ser siempre el Estado que, si ha legislado para reconocer nuevos derechos, deberá también blindar a los objetores de conciencia que no deseen participar en prácticas que consideren contrarias a sus convicciones.
Albert pide un reconocimiento jurídico de la objeción de conciencia más potente para que quede definida como derecho fundamental. Por su parte, Gándara aboga por no legislar y solucionar los conflictos en los tribunales.
Para Palomino, lo más práctico sería ir regulando “en los campos donde se ve que la objeción de conciencia empieza a resultar significativa”. Así se hizo, por ejemplo, para eximir a los objetores que no querían formar parte de las mesas electorales por motivos de conciencia.
Un Estado que quiera seguir considerándose democrático haría bien en proteger a sus ciudadanos que no desean destruir el sistema, pero tampoco dejarse aplastar por él.
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