La portavoz de Dator, la clínica abortista líder en España, es un cargo orgánico del PSOE de Madrid. Se trata de Sonia Lamas Millán, secretaria de Igualdad de los socialistas madrileños, que ejerce como representante y responsable de la reputación virtual de la marca del centro de abortos. Además, Sonia Lamas Millán Lamas también asesora en materia de abortos a Podemos y a Irene Montero, ministra de Igualdad.
Fuente: ElDebate.es Autor: Alejandro Entrambasaguas
Sonia Lamas Millán, portavoz de la clínica Dator, es un cargo del PSOE que asesora a Irene Montero
Sonia Lamas, psicóloga de profesión, trabaja en Dator desde octubre de 2015 hasta el día de hoy. Desde esa fecha ejerce el cargo de Community Manager. Es decir, es la persona que se encarga de velar por la reputación de la clínica abortista en la red. De la misma manera, también tiene entre sus funciones la gestión de los perfiles que el centro de abortos tiene en las redes sociales. También ostenta el puesto de portavoz de la clínica.
En 2019, Lamas formó parte de la agrupación que el PSOE presentó en el municipio madrileño de Tres Cantos a las elecciones municipales. El partido la posicionó la penúltima de la lista, por lo que no consiguió representación municipal. A finales de 2020 fue rescatada por los socialistas para dar una charla organizada por el PSOE de Majadahonda titulada ‘Socialismo es abolicionismo: desde la explotación sexual de las mujeres hasta la abolición de la prostitución’. Fue presentada como una «referente feminista del PSOE».
Anteriormente, en 2015, la portavoz de Dator fue una de las elegidas por parte del PSOE de Madrid para conformar su comité regional. Su nombre fue uno de los 50 elegidos tras la realización de un congreso extraordinario. Casualmente, allí coincidió con el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y con la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posee.
Lamas también tiene vínculos con Podemos. El pasado 22 de abril de 2021, la formación fundada por Pablo Iglesias la invitó como experta en centros abortivos para hablar sobre el aborto. Una ponencia que hizo junto a Irene Montero, ministra de Igualdad, en calidad de portavoz de la clínica abortista y como miembro de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Ley del Aborto
Sin embargo, esta no es la única vinculación política de la clínica Dator con el PSOE. El dueño del centro de abortos, Guillermo Alfonso Sánchez de Andrés, jefe de Sonia Lamas, fue invitado por parte del PSOE como experto abortista en el Congreso de los Diputados. El responsable de la clínica fue llamado por los socialistas a una subcomisión parlamentaria que estudiaba la reforma del aborto, conocida entonces como Ley Aído.
El Debate ha publicado que el centro de abortos de Sánchez de Andrés ha recibido en los últimos tres años seis créditos otorgados por el Ministerio de Economía y doce contratos públicos desde los gobiernos autonómicos de Aragón y Castilla-La Mancha, ambas regiones gobernadas por el PSOE. Estas concesiones se han llevado a cabo a pesar de que el dueño de Dator contrajo una deuda de 151.151 euros con Hacienda durante el 2020, el primer año de la pandemia.
A día de hoy, la Ley del Aborto que impulsa Irene Montero, aún en trámite parlamentario tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y VOX, posee una gran cantidad de medidas que los médicos no han podido dejar pasar desapercibidas. La más comentada es la creación de listas negras, un registro de médicos objetores que tratará de forma explícita de «regular la objeción de conciencia». La reacción a esta reforma entre el colectivo médico es de «preocupación» y «temor», asegura Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
A este hecho hay que añadirle que la pena de cárcel para los provida entrará en vigor en abril e irá directa al Tribunal Constitucional. El Senado aprobará definitivamente dentro de tres semanas la reforma del Código Penal que blinda las clínicas abortivas. Esta medida, como aseguró la ministra de Igualdad, se llevará a cabo con la finalidad de regular la objeción de conciencia de estos doctores para que «no estén por encima del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres» y que estas puedan ejecutar un aborto en «un hospital público, cercano a su domicilio, eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos».
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