Guillermo Lasso veta parcialmente la ley del aborto o también llamada Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento), tras una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción del embarazo para mujeres violadas.
Fuente: EcuadorenVivo.com
Guillermo Lasso veta parcialmente la ley del aborto
En días anteriores el presidente Lasso, de tendencia conservadora, confirmó su postura en redes sociales de no promulgar la norma en el Registro Oficial, al mostrarse disconforme con los plazos de acceso al aborto y considerar que no abordaba todas las aristas reclamadas por la Corte Constitucional en su fallo.
Entre las 61 observaciones que Lasso presentará al Legislativo en un nuevo texto, este unificará en doce semanas el tiempo máximo legal para interrumpir el embarazo en caso de violación y desarrollará aspectos como los requisitos para acceder al aborto y las condiciones para la objeción de conciencia del personal médico.
Así, elimina la excepción de dieciocho semanas contemplada por la Asamblea para niñas, adolescentes, indígenas y otras mujeres del área rural.
Históricamente en Ecuador el aborto ha estado penalizado con la cárcel, con la salvedad de que un médico lo practique para salvar la vida de una gestante o en caso de violación de una persona con discapacidad mental.
Esto cambió con la sentencia dictada por la Corte Constitucional el 29 de abril de 2021 que despenalizaba el aborto para cualquier mujer violada y encomendaba a la Asamblea la tarea de elaborar una regulación para su procedimiento en las instituciones públicas y privadas de salud.
Con el veto parcial, ahora el presidente tiene que remitir un texto alternativo a la Asamblea. La Asamblea Nacional tendrá 30 días para emitir su pronunciamiento. Requerirá mayoría simple para allanarse al veto presidencial, o mayoría calificada de dos tercios (92 votos) para insistir en el texto originalmente aprobado.
Antes de que se oficializase el veto de Lasso, las organizaciones y colectivos feministas de Ecuador ya anticiparon que seguirán su batalla legal para que entre en vigor la ley.
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