El colectivo de médicos se expresan en contra de la reforma de la ley del aborto porque consideran un verdadero ataque a la objeción de conciencia la obligación de realizarlo en centros públicos y el registro de facultativos objetores.
Fuente: La Razón Autor: A. ABIZANDA Foto: CIPRIANO PASTRANO
Médicos contra la reforma de la ley del aborto
La importancia de los cambios en la ley del aborto que prepara el Ministerio de Igualdad y que fueron anunciados el pasado miércoles por la ministra de Igualdad, Irene Montero, hizo que las reacciones no tardaran en producirse. El acceso a esta práctica a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno y la intención de que los hospitales públicos cuenten obligatoriamente con profesionales que garanticen la interrupción del embarazo ha desatado las críticas de los profesionales sanitarios y de partidos políticos como PP y Vox.
El colectivo médico considera que su derecho a la objeción de conciencia puede verse atacado, ya que la modificación de la ley contempla la creación de un registro de facultativos objetores, a semejanza del que contempla la Ley de la Eutanasia.
En declaraciones a LA RAZÓN, Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), señaló a este respecto que «la objeción de conciencia es un derecho constitucional», y lamentó que para la reforma del texto «no se haya contado con la profesión médica, última responsable de la actividad asistencial, para elaborar leyes que nos implican directamente».
En esta línea se manifestó también el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), Manuel Martínez-Sellés, que se preguntaba «cómo pretenden hacer» para que todos los hospitales públicos cuenten con profesionales que garanticen el aborto.
Explicó que los ginecólogos,
«por su profesión, están muy acostumbrados a la vida intrauterina, por lo que es muy habitual que sean objetores de conciencia». «Si lo van a preguntar (si están dispuestos a practicar abortos) a la hora de contratar o de renovarles el contrato sería una discriminación, iría contra un derecho recogido en la Constitución y en los códigos deontológicos», subrayó.
Por su parte, el PP fue uno de los partidos más duros con la reforma anunciada por Montero. Su portavoz en la Comisión de Igualdad, María Auxiliadora Pérez, acusó a la ministra de Igualdad de hablar «de todo menos de los que interesa a las mujeres españolas», y de poner en marcha «una agenda legislativa disparatada» y «sin consenso». Por su parte, Lourdes Méndez, de Vox, recriminó a la ministra «vender como un derecho» el «mayor drama que una mujer puede sufrir».
Al ser una de las cuatro comunidades que no realizaron abortos en centros públicos en 2020, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, defendió ayer que esta práctica está garantizada en la región, aunque subrayó que debe respetarse el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
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