España va a «blindar el derecho» de toda mujer a partir de sus 16 años a interrumpir voluntariamente un embarazo y a hacerlo como una prestación pública más. Este es el apriorismo del que parte la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 que aborda el Ministerio de Igualdad y que va a negociar en el seno del Gobierno para someterla a su aprobación en el Consejo de Ministros.
Fuente: abc.es Autor: Érica Montañés y Nuria Ramírez de Castro
Aborto en hospitales públicos
La titular del ramo compareció este miércoles 23 de febrero en la Comisión del Congreso de los Diputados y desmadejó las líneas maestras de su propuesta, siendo la principal combatir «todos los obstáculos» que se levantan en los hospitales de la red pública contra la decisión de abortar.
Los planes de Irene Montero y su equipo chocarán con la oposición de una parte del Parlamento en su tramitación, como pudo comprobarse por el elevado tono en los turnos de réplica de PNV, PP, Cs y Vox.
En esa reforma planificada por Igualdad, lo sustancial está en conseguir derribar la «barrera sistemática y estructural» que se encuentra una mujer a partir de sus 16 años para abortar.
Para Montero, «si esa menor de edad es responsable para elegir con quién mantiene relaciones sexuales o trabajar, también lo es para poner fin a su gestación» no deseada, por lo que la primera medida que ejecutará será derogar la reforma que introdujo el PP en 2015 en base a la cual una adolescente de 16 y 17 años pide permiso a uno de sus progenitores para hacerlo.
«El aborto será libre, gratuito y seguro» para todas ellas, mantuvo, al tiempo que defendió la necesidad de actualizar la ley pasados doce años.
«Lejos de sus casas»
Las mujeres, ahora mismo, según Montero, encuentran otra traba y es que hay hospitales públicos que aducen en bloque que todos sus ginecólogos y obstetras son objetores de conciencia, incluso aunque haya riesgo para la vida de la madre, acusó.
De los abortos practicados en 2020 –datos del Ministerio de Sanidad–,
- el 87,25% se produjeron en entornos extrahospitalarios.
- El 78% de ellos fueron derivados a centros privados, un sistema sobre el que se descarga la Administración desde los años 80 y mayoritario.
- «Hay cuatro autonomías (Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia) que no comunicaron ningún aborto en un centro público en 2020.
- Doce provincias, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no han notificado ningún caso en los últimos cinco años» porque carecen de clínicas con las que concertar el servicio, apuntó la ministra, que es el modelo imperante en el país. Ello se traduce –afeó– en que las mujeres de esos territorios también abortan, pero «no se van a Londres como en los años 70, sino que se desplazan 100 o 200 kilómetros solas. lejos de sus casas» para hacerlo.
Montero se recreó en el aborto como «la clave de bóveda de los demás derechos» que hacen de las mujeres personas libres, así que el Estado debe garantizarlo, por lo que la ley impondrá que todos los hospitales públicos cuenten con unidades de Ginecología y Obstetricia con personas que sí ejerzan este derecho.
«Se respetará el derecho constitucional a la objeción de conciencia, pero haciéndolo compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y por tanto, sobre sus vidas», dijo la responsable de Igualdad.
En la práctica esto significa trasladar el modelo de registro de objetores establecido con la eutanasia. Los médicos que no estén dispuestos a interrumpir una gestación deberán apuntarse en un listado autonómico y no solo de su hospital para preservar la privacidad de los facultativos. Estas listas no serán públicas.
«Confío en que no se presione a ningún médico a practicar un aborto. No está ocurriendo con la eutanasia y no deberá suceder con el aborto», afirma José María Domínguez Roldán, presidente de la comisión de deontología de la Organización Médico Colegial.
Con la reforma legal, el aborto pasará a ser reconocido como un «derecho humano y fundamental» de todas las españolas, dijo Montero, lo que puso en tela de juicio la diputada popular María Auxiliadora Pérez, que cuestionó que esta sea una «demanda» auténtica de la sociedad en estos momentos.
En la actualidad, rebatió Montero, las mujeres también son «sometidas» a la «humillación» de recibir un sobre donde se les informa de la necesidad de «reflexionar» durante tres días sobre una decisión que para la responsable de Unidas Podemos «ya tienen suficientemente tomada, como si sus decisiones no fuesen legítimas».
Según Montero, eso la infantiliza y ridiculiza su autonomía. La dirigente de la formación morada avanzó que va a eliminar el «sobre y la reflexión» y solo se proporcionará información sobre alternativas de ayuda a aquellas mujeres que lo soliciten expresamente.
En casa con una pastilla
Esta reforma de la ley 2/2010 de 3 de marzo acelera en un procedimiento de urgencia que cuando una mujer quiera abortar acuda a su centro de salud, le den información y desde allí se les derive a un hospital de referencia para ejecutarlo «de inmediato».
Serán ellas también quienes decidan cómo y cuándo: el método más empleado es el farmacológico, pero, al decir de la ministra, «no queremos a mujeres a las que mandamos a su casa con una pastilla». También garantizará el aborto a mujeres sin papeles, avanzó, aunque tengan que «reformar la ley de Extranjería».
La ley que reformará Igualdad no toca los plazos vigentes, pero sí abordará «el derecho a la salud menstrual», regulará los vientes de alquiler como una forma de explotación sexual (aunque la ministra no especificó cómo) y la erradicación de la violencia en el parto que ya sublevó a los ginecólogos porque los acusa de mala praxis, así como la promoción de «anticonceptivos modernos» en un sistema de copago.
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