MONTEVIDEO, 07 Dic. 12 / 05:29 pm (ACI/EWTN Noticias).- Un centenar de doctores de todo Uruguay de la asociación Médicos por la Salud y la Vida presentaron este viernes 7 de diciembre un recurso contra el decreto que reglamenta la ley del aborto porque consideran que no respeta el derecho a la objeción de conciencia.
Según señala el diario El Observador, los médicos precisan en el recurso que como “aplicadores directos de la norma que se impugna” y por ser las “personas directamente afectadas por el acto administrativo”, se ven en la obligación de denunciar “algunas graves ilegalidades de forma y de fondo que presenta el decreto impugnado”.
En primer lugar señalan que el decreto “pretende limitar derechos fundamentales garantizados por la Constitución”, como es la “independencia de la conciencia moral y cívica de todo trabajador dependiente”, establecido en el artículo 54.
Afirman que los art. 28 y 29 del decreto, donde se establece que la objeción de conciencia solo es válida para abstenerse de participar directamente en la realización de un aborto, permite otras situaciones como derivar a la mujer al equipo interdisciplinario.
“Queda claro pues que la objeción de conciencia queda restringida a la ejecución del aborto y al personal que participa directamente en dicha ejecución. Existen otros aspectos de la Ley a los cuales el personal de salud implicado podría interponer su objeción de conciencia, y dicho derecho queda explícitamente excluido en este decreto”, señalan.
Agregan que la objeción de conciencia también queda excluida cuando se obliga al personal objetor a realizar el aborto, si el médico tratante entiende que atenta contra la salud de la madre.
“Es de orden salvaguardar siempre la vida de la madre, pero el decreto define arbitrariamente el concepto de “grave riesgo para la salud”, eliminando el término “grave”” e incluyendo “cualquier caso de riesgo para la salud bio-psico-social de la madre, ya sean estos graves o no”, afirma el recurso.
Los médicos también afirman que “el decreto contiene reiteradas ilegalidad que contradicen en forma contumaz lo dispuesto por la propia ley” y por ello “como médicos no podemos poner en práctica disposiciones dictadas por una norma inferior que a nuestro entender van en claro contrasentido de lo dispuesto por una norma superior”.
Al respecto, mencionan que si bien “el espíritu de la ley era brindar a la mujer un espacio de contención, donde pudiera valorar alternativas, que incluso la puedan llevar a desistir del aborto (…) el decreto contradice tanto la letra como el espíritu de la ley”.
Sostienen que aunque el equipo interdisciplinario debe dar a la mujer alternativas al aborto, como la posibilidad de adopción, “estos cometidos se omiten dentro de los deberes que deben cumplir los profesionales integrantes del equipo”.
“El decreto restringe de tal modo los cometidos de este equipo asesor, que no da lugar a que la mujer pueda recibir este tipo de asesoramiento, y convierte a la comisión en un mero preámbulo del aborto”, agrega el recurso.
El ginecólogo Ricardo Pou Ferrari dijo a El País que “fue muy autoritario, ni siquiera la Sociedad de Ginecología ni el Colegio Médico fueron consultados. Además es una ley que va en contra de los principios éticos de nuestra profesión”.
