Cuando en los años setenta se debatió en el Parlamento alemán la legalización del aborto, el diputado socialista Adolf Arndt señaló que esa medida equivalía a la capitulación del Estado de derecho, que había consistido precisamente en el sometimiento voluntario del más fuerte al imperio de la ley.
Fuente: ElConfidencial.com Autor: Alejandro Navas, Profesor de Sociología
Estado de Derecho y aborto
En efecto, durante siglos de evolución social y política hemos ido generando procedimientos para regular tanto el acceso como el ejercicio del poder, de modo que el gobernante se someta a reglas y se asegure la protección de los débiles. Esta evolución culmina en el Estado de derecho: elección democrática, separación de poderes, imperio de la ley, respeto a las minorías. Ya no estamos expuestos al capricho del soberano, pues también él debe cumplir con el ordenamiento legal.
Sigo con la argumentación de Arndt: Supuesto que se admita -lo que es mucho admitir- que entre la madre y el feto se da un insuperable conflicto de intereses, no deja de ser terrible que la solución sancionada por la ley sea la muerte de la parte más débil, el feto, a manos justamente de aquellos a cuyo cuidado está encomendado: la madre que decide abortar cuenta con la ayuda de médicos y autoridades.
Nadie media para alcanzar una solución pacífica a ese supuesto conflicto, como se hace en otros ámbitos de la vida social. Todo lo más, la ley prescribe a las madres un breve periodo de reflexión antes de que puedan culminar su propósito homicida o les impone una conversación supuestamente orientadora con algún experto.
El seno materno, lugar acogedor y seguro por excelencia, se convierte así en una trampa mortal. Es el punto negro de la autopista de la vida, el sitio donde más gente muere. Mientras las carreteras de los países civilizados son cada vez más seguras, el vientre de la madre se vuelve un lugar peligroso. Los débiles quedan de nuevo a merced de los fuertes en este retorno imprevisto a la ley de la selva. ¿Cómo se compagina la elevada retórica de la inviolable dignidad de la persona humana con este brutal retroceso?
Nuestra Constitución, como tantas otras, declara solemnemente que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. Para socavar ese derecho, gobiernos, parlamentos y tribunales se ven obligados a realizar complicados malabarismos conceptuales a fin de cohonestar posiciones contradictorias. El Tribunal Constitucional emprendió este camino con la sentencia 53/1985 cuando, contra la lógica y el sentido común más elemental, pretendió salvar en el mismo paquete la legalidad del aborto en la ley de 1985 y la protección jurídica al nasciturus.
La mera despenalización no satisface a los partidarios del aborto. De una parte, poderosos intereses políticos y económicos necesitan un aborto libre: el negocio del aborto y de la reproducción asistida exige seguridad jurídica para desarrollar su actividad sin trabas. De otra, nos topamos con un rasgo característico de la cultura moderna: la vocación de racionalidad y sistematicidad.
El moderno reacciona de modo inmediato ante cualquier falta de coherencia. De ahí, por ejemplo, su rechazo a la hipocresía. Ante el imparable avance de la cultura de la muerte, de la que el aborto es una de sus manifestaciones más destacadas, hay que justificar como sea el presente estado de cosas. Se violenta lo que haga falta para poner de acuerdo la nueva realidad con las leyes.
Es inevitable recordar cómo definió Nietzsche la felicidad del moderno: “Yo quiero”. La voluntad, incluso el capricho, se impone a cualquier otra consideración. “Todo está permitido”, dirá después Hannah Arendt. Pero como vamos de civilizados, habrá que retorcer la ley para que se adecúe a la praxis y podamos sentirnos en paz.
El proceso es bien conocido: rechazo horrorizado; rechazo sin horror, hay curiosidad y afán por experimentar; despenalización para algunos supuestos excepcionales; acostumbramiento y legalización de un derecho; aceptación social; ¿imposición obligatoria?
No estamos solos en esa singladura (triste consuelo). El presidente Macron, al inaugurar en enero la presidencia francesa en la Comisión europea, propuso incluir el aborto en la carta europea de los derechos fundamentales. Afortunadamente, su llamamiento no tuvo el eco suficiente, así que por ahora limita su intento a la Constitución francesa.
El Gobierno alemán quiere igualmente establecer el aborto como un derecho y acaba de crear una comisión para que presente la correspondiente propuesta al Parlamento (Arndt queda bien enterrado). España se suma a esa tendencia, cuyo próximo objetivo es fácilmente predecible: acabar con la objeción de conciencia del personal sanitario.
Una vez que el aborto ha adquirido plena carta de naturaleza legal, no tiene sentido que alguien objete. Hay que acallar como sea esas voces que no dejan de recordarnos que el aborto es un crimen terrible, en el que se derrama la sangre más inocente e indefensa. Corren malos vientos para los bienes fundamentales que el Estado de derecho prometía garantizar.
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