El Tribunal Supremo de EEUU deroga el derecho al aborto porque la Constitución no hace referencia al aborto y dicho derecho no está protegido por ninguna disposición constitucional.
Comentario
Hoy fue un día que quedará marcado en el corazón de quienes defendemos la vida, desde el momento de la concepción, hasta la muerte natural: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos deroga el derecho al aborto. Ha declarado, por mayoría de 5 contra 3, que el derecho al aborto no es un derecho que tenga cabida como tal la Constitución americana.
Esta decisión, no es una venganza, un agravio, un bofetón en la cara de quienes piensan que el aborto -acabar con una vida naciente- es un derecho fundamental. El derecho al aborto no se puede sostener en una sociedad que considere todos los seres humanos, especialmente los más débiles y vulnerables, como acreedores a la vida y a la dignidad, y no simples objetos, ni invitados invisibles o molestos, ni enemigos de nadie, menos, de sus madres y sus padres.
El derecho al aborto es un fracaso clamoroso de toda una sociedad: podemos defender a las mujeres y a los niños de otras, de mil maneras, más dignas, sin utilizarlas como munición para los devaneos o luchas políticas. El no nacido es víctima, pero la mujer también y más, mucho más de lo que podamos imaginar. Tenemos que idear y poner en marcha otras soluciones para estar junto a las mujeres que sufren dificultades muy reales para sacar adelante su embarazo. Con una expresión tan repetida , podemos decir: ¡Otro mundo es posible!
La Corte Suprema, por otro lado, no ha decretado, ni mucho menos, la penalización del aborto. Se ha limitado, con argumentos sólidos basados en la tradición y doctrina constitucional norteamericana, a devolver a los Estados la facultad de legislar sobre el aborto, dejando muy claro los obstáculos para considerarlo un derecho fundamental. Esto no quita que se trate de una decisión que va a tener una gran trascendencia y que, seguramente, será tachada por muchos como uno de los mayores ataques a la sociedad desde la bomba de Hiroshima.
José Antonio Díez Fernández, Coordinador General de ANDOC.
Fuente: ElMundo.es Autor: PABLO PARDO
El Tribunal Supremo de EEUU deroga el derecho al aborto
Después de 49 años, el aborto deja de ser universal en Estados Unidos. El Tribunal Supremo, que en 1973 había votado a favor de la legalización de la interrupción del embarazo en todo el país, ha dado marcha atrás y ha emitido una sentencia en la que declara que ésta es una decisión que compete exclusivamente a los estados.
Dado que en EEUU no existe legislación sobre el aborto, y es imposible que eso se dé ya que no alcanzaría jamás el quórum necesario en el Senado, es el Supremo quien decide al respecto. Hasta la fecha, la decisión del Tribunal era que el aborto era legal en todo el país, aunque los estados tenían potestad para limitar su aplicación. A partir de ahora, los estados pueden prohibirlo.
Y muchos van a prohibirlo. En concreto, en 26 de los 50 estados que forman parte de Estados Unidos podrían prohibir el aborto tras la decisión del Supremo, según el Instituto Guttmacher, una organización que apoya el mantenimiento de la interrupción del embarazo. No está claro, sin embargo, en cuántos se llevará a cabo la prohibición, y tampoco cuándo.
En tres estados, esa práctica ha quedado ya, a día de hoy, prohibida. Se trata de Dakota del Sur, Kentucky, y Louisiana. En otros cinco – Arkansas, Utah, Oklahoma, Dakota del Norte y Missouri – podría ser declarado ilegal hoy mismo, si las autoridades de esos estados así lo deciden.
De hecho, el fiscal general de Missouri se ha apresurado este viernes a declarar que su estado será el “primero” en prohibir las interrupciones voluntarias del embarazo tras la decisión de la Corte Suprema. “Missouri acaba de convertirse en el primero en el país en poner fin de manera efectiva al aborto”, ha dicho el fiscal general, Eric Schmitt, en Twitter. “Este es un día monumental para la santidad de la vida”.
En total, en esos territorios vive el 18% de la población de EEUU. Se trata de territorios en los que el aborto ya estaba muy limitado, tanto por los plazos de espera que las mujeres que querían llevarlos a cabo tenían que cumplir como por los procedimientos que estaban obligadas a experimentar y por la escasez de centros en los que se llevaban a cabo las interrupciones del embarazo.
En Dakota del Sur, por ejemplo, solo hay una clínica que hace abortos, situada, además, en Sioux Falls, una ciudad situada en el extremo suroriental del estado, pese a que se trata de un territorio tan grande como Andalucía, Murcia, la comunidad valenciana, y Castilla-La Mancha juntas, con una población de 800.000 habitantes. Sioux Falls, además, está en el extremo opuesto a la mayor parte de las reservas indias del estado, regiones de pobreza extrema en las que se producen la mayor parte de los embarazos no deseados.
En los otros 18 estados que quedan pendientes según el Instituto Guttmacher la situación es mucho más confusa. En muchos de ellos hay recursos ante los Tribunales Supremos de los estados contra la prohibición. En otros, las propias autoridades se niegan a poner en práctica la legislación estatal que lo prohíbe, lo que está creando intrincados problemas institucionales y legales.
Finalmente, hay estados como Texas donde la jurisprudencia no aclara hasta qué punto la derogación del aborto decidida por el estado supone la prohibición de esa práctica o el retorno a la situación anterior a 1973, en la que era legal, aunque con una regulación diferente.
Hay, además, otros condicionantes. Algunos estados amenazan con emprender acciones legales contra las mujeres que viajen a otros estados para llevar a cabo abortos, una medida cuya legalidad es muy incierta. Numerosas grandes empresas, como Tesla, Apple, Amazon, Citigroup, Microsoft, Match, Netflix o Salesforce, van a pagar los gastos de sus empeladas que tengan que viajar a otros estados a que les realicen un aborto.
“Bofetada a las mujeres”
La batalla por el aborto, así pues, continúa. La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha calificado la sentencia de “bofetada a las mujeres”, en línea con la opinión general de su partido. De hecho, de los 220 demócratas de la Cámara de Representantes, 219 apoyan el aborto. Curiosamente, el único que se opone, Henry Cuellar, se impuso en las primarias de su partido a una rival que defiende el aborto.
La división política en este punto es total. Apenas el 26% de los votantes demócratas se autodenominan ‘provida’, mientras que tan solo el 22% de los republicanos se declaran ‘prochoice’ (o ‘pro-elección’). Eso ha quedado claro en la sentencia del Supremo.
Cinco jueces nombrados por los presidentes republicanos Ronald Reagan, George W. Bush, y Donald Trump votaron a favor de derogar el derecho al aborto. Tres elegidos por presidentes demócratas – Bill Clinton y Barack Obama – votaron en contra. El único que no siguió esa ‘disciplina de partido’ fue el presidente del Supremo, John Roberts, que fue puesto en el cargo por George W. Bush y votó en contra.
Curiosamente, cuando en 1973 el Supremo legalizó el aborto en todo el país, fue con el apoyo mayoritario de los magistrados republicanos. En aquella época, las iglesias evangélicas también estaban a favor del aborto. Ahora todo eso ha cambiado radicalmente. Aunque también hay un factor religioso. Cuatro de los cinco jueces que han votado a favor de derogar la universalidad del aborto son católicos, si bien es cierto que dos de los cuatro que quieren mantenerlo también lo son.
La opinión pública, sin embargo, está a favor del aborto. Según un sondeo del Centro de Estudios Pew, una organización independiente de estudios de la opinión pública, el 61% de la población está a favor del aborto, y el 37% en contra. La proporción a favor del mantenimiento de la legalidad de esa práctica lleva creciendo de manera ininterrumpida desde 2009. Sin embargo, los ‘provida’ están mucho más movilizados, y votan en las elecciones, al contrario que los ‘pro-elección’).
En EEUU se realizaron 930.000 abortos en 2020. La cifra ha ido subiendo en los últimos años, aunque aun está muy lejos del máximo de los más de 1,5 millones alcanzado hace dos décadas.
El presidente Joe Biden, por su parte, ha señalado a los jueces conservadores nominados durante la presidencia de Donald Trump como los responsables de que el aborto deje de ser un derecho constitucional. Biden ha considerado que la decisión es un “error trágico” consecuencia de “llevar a la práctica una ideología extrema”.
Además, ha afirmado este viernes que su Gobierno defenderá el derecho al aborto y ha animado a los estadounidenses a acudir a votar en los comicios de noviembre para garantizar una mayoría en el Congreso para sacar adelante leyes que lo amparen.
“La Constitución no hace referencia al aborto”
Fuente: The Epoch Times en español
El juez de la Corte Suprema Samuel Alito, al emitir una orden el viernes anulando el fallo Roe vs Wade, dijo que el aborto presenta una “profunda cuestión moral” y señala que la “Constitución no hace referencia al aborto”.
“Terminamos esta opinión donde comenzamos. El aborto presenta una cuestión moral profunda”, escribió (pdf). “La Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada estado regular o prohibir el aborto. Roe y Casey se arrogaron esa autoridad, en referencia a la decisión de 1992, Planned Parenthood vs Casey, que también fue anulada el viernes. Ahora anulamos esas decisiones y devolvemos esa autoridad al pueblo y a sus representantes electos”.
“La Constitución no hace referencia al aborto, y dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey: La Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda”, continuó Alito. “Se ha considerado que esa disposición garantiza algunos derechos que no se mencionan en la Constitución”.
Además, escribió:
“El derecho al aborto no entra dentro de esta categoría. Hasta la última parte del siglo XX, tal derecho era completamente desconocido en la ley estadounidense. De hecho, cuando se adoptó la Decimocuarta Enmienda, tres cuartas partes de los estados tipificaron el aborto como delito en todas las etapas del embarazo. El derecho al aborto también es críticamente diferente de cualquier otro derecho que este Tribunal haya considerado dentro de la protección a la ‘libertad’ de la Decimocuarta Enmienda”.
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