La reforma de la Ley de Universidades de Joan Subirats está generando un movimiento de rechazo entre el profesorado universitario. En concreto, sobre parte de articulado que ha sido reformado a su paso por el Congreso y que se considera una cesión a los nacionalistas. El asunto objeto de la polémica tiene que ver con el artículo 45.2, que analiza las funciones de los claustros de las universidades y que fue introducido a petición de los grupos parlamentarios Republicano y Bildu.
Fuente: LaRazon.es Autor: ROCÍO RUIZ
Los profesores exigen neutralidad ideológica
El mencionado artículo introduce que una de las funciones «fundamentales» de los claustros será la de «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia», una cuestión que podrán hacer por ley, lo que se considera que va en contra de la neutralidad ideológica que deben mantener los campus.
El cambio legal ampararía situaciones como la ocurrida en otoño de 2019, en que los claustros catalanes aprobaron de manera conjunta un manifiesto en el que censuraban la sentencia del procés y las actuaciones policiales, a la par que reivindicaban el derecho a la autodeterminación.
Esta queja la han plasmado en un manifiesto más de un millar de profesores de distintas universidades españolas en un manifiesto impulsado por el colectivo «Universitas per la Convivència».
En una carta abierta a senadores y diputados piden que la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), a su paso por el Senado, suprima el artículo objeto de polémica porque «no debe ser función del claustro analizar y debatir (y mucho menos “posicionarse”) sobre cuestiones de índole no académica y para evitar que pueda ser interpretado de manera que redunde en lesiones de la libertad ideológica, la libertad de expresión y la de cátedra», expone el documento.
De la misma manera, quieren que se incorpore al texto de la LOSU «una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación». Y es que consideran que plasmar este principio de neutralidad ideológica en la LOSU «supondría poner coto a las desviaciones de poder que ya se han producido y que podrían volverse a producir en nuestros campus en perjuicio de la autonomía universitaria».
Entre los impulsores de la iniciativa forman parte el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero; el catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas; la profesora de Economía Financiera de la Universidad Rovira i Virgili, Araceli Rodríguez, y el profesor de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica de Cataluña Juan Carlos Aguado, pero cuenta con el respaldo de profesores universitarios de distintas universidades españolas.
Los populares trataron de introducir una enmienda durante la tramitación de la ley en el Congreso en la que pedían que se recogiera por ley que los rectores de las universidades públicas estuvieran obligados a mantener la neutralidad ideológica «que deriva de la obligación constitucional de servir con objetividad a los intereses generales», pero fue rechazada.
No obstante, esta misma enmienda será presentada en el Senado por el Grupo Popular. En la misma línea, Cs ha advertido de que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) «vulnera el principio de neutralidad» política de los claustros. «Las universidades son centros de estudio, no de politización del alumnado», ha lamentado.
La transformación que ha sufrido la ley a su paso por el Congreso tampoco convence al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si prospera la modificación que permite a los claustros hacer pronunciamientos ideológicos al considerarlo «grave».
García-Page confía en que el Senado «eche atrás» la enmienda pero ha avanzado que, de lo contrario, la comunidad autónoma acudirá al Tribunal Constitucional: «Que los claustros puedan hacer pronunciamientos ideológicos es grave», informa Efe. A su juicio, el objetivo de la enmienda es defender lo que ocurrió en algunos claustros de Cataluña sobre el «procés», por eso cree que la situación no se puede amparar en una ley.
El presidente castellanomanchego también ha recordado la reunión el pasado noviembre con el ministro de Universidades, Joan Subirats, para hablar sobre la reforma universitaria, en la cual «más o menos, medio conseguimos un acuerdo», pero cree que las enmiendas introducidas empeoran el texto y «va camino de un choque de trenes». Sin embargo, la diputada Marta Rosique, de ERC, se congratuló en el Congreso el día de la aprobación de la ley de que las universidades no puedan ser denunciadas por pronunciarse sobre cuestiones ideológicas.
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