(Ref abc.es)
(ANDOC, representado por su Presidenta, Eva María Martín, ha estado presente en la reunión con los distintos representantes de los partidos políticos.)
La Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad ha pedido este miércoles a los grupos parlamentarios que han votado en contra de la regulación de la eutanasia que tramite las iniciativas necesarias para que esta ley orgánica que probablemente será aprobará de forma definitiva este jueves en el Congreso «sea declarada inconstitucional».
En una reunión celebrada con un grupo de diputados del Partido Popular, Vox, UPN y el Foro Asturias, los representantes de esta plataforma -que agrupa a más de 150 asociaciones de diferentes ámbitos de la vida civil- recordaron que « la tramitación de la ley se ha llevado a cabo en un Congreso de los Diputados limitado por la declaración del estado de alarma, buscando la fórmula para que se haga sin comparecencias ni debates».
Su portavoz Jaime Mayor Oreja, explicó tras el encuentro que la «nueva regulación socializa el mal entre los pacientes, el médico y los miembros de la propia familia», por lo que consideró urgente la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional para evitar que se aplique la norma.
El diputado del Partido Popular José Ignacio Echániz aseguró que los servicios jurídicos de su grupo ya trabajando sobre la propuesta, porque la ley de eutanasia«es una norma especialmente grave en la sociedad española ya que va a transformar los principios básicos de la sociedad». «Se ha tramitado como un capricho político y con poco rigor técnico, sanitario, jurídico y parlamentario», denunció el diputado, quien celebró la reunión mantenida este miércoles entre los cuatro grupos parlamentarios y la Asamblea por la Vida para coordinar «las futuras líneas de actuación directa para dar la batalla contra esta legislación que tanto daño va a ser a la sociedad española y a las personas más vulnerables».
Por el grupo parlametario de Vox, su portavoz Lourdes Méndez, adelantó que su partido ya está estudiando la posibillidad de solicitar al Tribunal Contistucional que la ley de eutanasia no se aplique hasta no resuelva el recurso de inconstitucionalidad. Con esta medida, Vox pretende evitar que ocurra lo sucedido con la ley del aborto, cuya sentencia este tribunal lleva sin dictar más de diez años. «Queremos que el Constitucional responda ante una ley que vulnera muchos artículos de la Constitución. El primero y el más importante el arículo 15 sobre el derecho a la vida», comentó.
Méndez es optimista en que esta solicitud de una medida cautelar pueda tener encaje por «los daños irreversibles que puede tener la aplicación de esta ley en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie». «Es posible solicitar la paralización de la ley y nosotros lo vamos a hacer», insistió.
En el acto estuvieron presentes el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés; el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza; y el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda; además de representantes del Foro de la Familia, e-Cristians, la Federación Española de Asociaciones Provida, y la Asociación Cristianos en Democracia.
Esta plataforma, que agrupa a más de 145 organizaciones de diferentes ámbitos de la vida civil, surgió el pasado mes de enero con motivo de la tramitación de la ley de eutanasia y con el objetivo de convertirse en una única voz frente a esta regulación que «consideran injusta e ilegítima» al haberse tramitado «sin ningún tipo de debate social y sin escuchar a los expertos».
La Asamblea por la Vida ha acordado además lanzar una iniciativa legislativa popular (ILP) para pedir al Gobierno un plan integral de cuidados paliativos. Cerca de 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir los cuidados paliativos que necesitan. Ante esta «atención insuficiente», la iniciativa legislativa popular pretende presionar al Parlamento para evitar que la «única alternativa de los enfermos» sea la eutanasia. La medida, que ya cuenta con 15.000 firmas, deberá reunir al menos 500.000 para poder llegar al Congreso.
