(Ref religionenlibertad.com)
El gobierno de España tiene prisa en legalizar la eutanasia en España. Ya lo intentó Pedro Sánchez en la pasada legislatura y el nuevo ministro de Salud del nuevo Ejecutivo ya ha asegurado públicamente que esta será una de las prioridades para esta legislatura.
Mientras tanto, la pendiente resbaladiza que se produce en aquellos países en los que se ha ido aprobando la eutanasia y el suicidio asistido muestra la verdadera cara del cambio social que provoca la legalización de leyes de este tipo.
Es lo que ha ocurrido en Canadá, donde las residencias de ancianos que no ofertan la eutanasia o el suicidio asistido pueden acabar desapareciendo debido a las sanciones de las administraciones públicas.
El caso de las residencias de ancianos en Canadá
El Institut Européen de Bioéthique recoge el caso de la residencia Irene Thomas, situada en la Columbia Británica y que abrió sus puertas en 2010 para cuidar a personas mayores durante sus últimos años de vida.
Hoy en día este centro corre el riesgo de perder los 750.000 euros de ayudas anuales que recibe para llevar a cabo su labor porque no ofrece a los residentes la posibilidad de la eutanasia o el suicidio asistido desde la residencia.
Esta sanción administrativa que les retiraría esta subvención obligaría a la residencia a cerrar. Precisamente, se encuentra situada a escasos metros de la uno de los hospitales más grandes de la zona donde sí se practican eutanasias.
La residencia de ancianos se reafirmó el pasado mes de noviembre en que “tomar medidas para terminar con la vida del paciente” es contrario a la filosofía del centro, motivo por el cual no quieren ofrecer la eutanasia y el suicidio asistido. Aquellos residentes que desean morir y toman esta decisión son transferidos a otros centros.
Contra los principios de la residencia
Sin embargo, esto no es suficiente para los organismos públicos. Ante esta situación, Angelina Ireland, presidenta de la residencia de ancianos, ha insistido en que “nuestro objetivo es cumplir nuestra misión, es decir, ayudar a los pacientes y a sus seres queridos a vivir con calma, comodidad y la mayor plenitud posible los últimos días de sus vidas”.
La parlamentaria conservadora, Tamara Jansen, ha querido involucrarse en este caso preocupada por la libertad de conciencia de los profesionales y centros afirmando sentirse “muy decepcionada de que el Gobierno amenace con cerrar el Hogar Irene Thomas a menos que el equipo médico esté listo para traicionar sus profundas convicciones personales al aceptar poner fin a la vida de los pacientes”.
