(ref actasanitaria.com)
Los colegios oficiales de Farmacéuticos (COFM), de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) y de Médicos de Madrid (ICOMEM) han denunciado, en una declaración conjunta, “la indefensión para los profesionales sanitarios y el riesgo para la población que supone la Ley de Eutanasia” y ponen de manifiesto “la grave preocupación” que estos profesionales tienen ante el proyecto de dicha norma.
Según argumentan estas organizaciones, “la eutanasia está prohibida en toda Europa, con la excepción del Benelux. La sociedad puede ser confundida mediante una intensa presión desde los medios, pero las profesiones sanitarias, no. Conocemos la gravedad de las acciones que conlleva, a nivel personal e institucional, y la ‘pendiente deslizante‘ hacia la eliminación y/o corrupción del derecho a la vida que implica”.
Además, estos colegios añaden que “la demanda de eutanasia es mínima o nula cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales experto. En vez de potenciar unos Cuidados Paliativos infra-desarrollados, la única alternativa que propone esta ley a pacientes con enfermedades avanzadas es matarlos. Es particularmente grave el engaño que nace con la ley de considerar la muerte provocada por eutanasia como muerte natural, algo injustificable”.
Situación de la pandemia
A su vez, el COFM, el COEM y el ICOMEM indican que “esta ley es también muy inoportuna, teniendo en cuenta la situación de pandemia y el gran número de sanitarios que se han visto afectados por el coronavirus. Es incomprensible que, en ausencia de demanda social, la ley se tramite de forma acelerada por decreto, sin diálogo alguno con las profesiones sanitarias y contra el criterio del Comité de Bioética, máximo órgano asesor del Gobierno en este tema”.
Por ello, estas organizaciones demandan “una Ley General de Cuidados Paliativos, previo diálogo con las profesiones sanitarias, y la retirada del proyecto de Ley de Eutanasia. En el caso de que no se produzca dicha retirada, nos reservamos el derecho de solicitar a la Comunidad de Madrid, última responsable de la Sanidad en nuestro ámbito, la no aplicación de una ley injusta que va contra la ética y la deontología”.
