Igualdad presiona a las comunidades para que contraten médicos que practiquen abortos

Hace apenas unos días Castilla-La Mancha reconoció que en sus hospitales públicos no hay médicos que quieran practicar abortos. La puesta en marcha de listas de objetores de conciencia no evita que los profesionales opten por renunciar a una práctica que va en contra del juramento hipocrático y acaba con la vida de un ser humano.

Fuente: ElDebate.es

Frente a esta realidad, el Ministerio de Igualdad ha optado por presionar a todas las comunidades autónomas para «contratar» médicos abortistas. Lo ha hecho a través de una carta remitida a todas las regiones en las que se recuerda que la nueva ley de Irene Montero obliga a «garantizar todos los derechos de todas las mujeres».

La misiva de Montero exige a los responsables autonómicos que garanticen «urgentemente» que «haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos». Para ello propone la contratación de personal ajeno a la Sanidad pública. Precisamente, el Gobierno manchego también reconoció hace unos días que tampoco consigue que los ginecólogos opten por los hospitales públicos.

Las listas de objetores que instaura la nueva ley del aborto del Ejecutivo de Sánchez son observadas con recelo por la comunidad médica. Aunque la norma insiste en que se deben crear «respetando siempre el derecho de los médicos a la objeción de conciencia», algunas asociaciones hablan de «listas negras» que pueden dar paso a «cazas de brujas».

La propia Irene Montero, cuando se daban los primeros pasos para dar forma a su ley del aborto, habló de la necesidad de «regular la objeción de conciencia» para que no sea un «obstáculo» para la interrupción de embarazos.

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