El Supremo de EE.UU. da luz verde a la ley anti-aborto de Texas

Cualquiera que detecte una interrupción de embarazo podrá recibir 10.000 dólares como recompensa

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Una ley muy restrictiva frente a la interrupción voluntaria del embarazo ha entrado en vigor en Texas (EE.UU.) después de que el Tribunal Supremo decidiera no impugnar la impugnar la norma mientras prosigue la batalla legal que ha provocado entre partidarios y detractores.

El alto tribunal no había tomado una decisión al respecto el martes por la noche, cuando se acababa el plazo para hacerlo y evitar que entrara en vigor. Pero lo hizo a última hora del miércoles y mantuvo la vigencia, por el momento, de la norma.

Los cinco jueces conservadores del Supremo -incluido los tres magistrados que Donald Trump logró nominar durante su presidencia- votaron a favor de mantener la vigencia de la ley, mientras que los tres jueces liberales y el presidente del tribunal, John Roberts, que suele actuar como bisagra, se posicionaron en contra.

La de Texas es una de las leyes conocidas como de ‘latido del corazón’ y prohibe que se practiquen abortos si se pueden detectar el latido en el feto, lo que ocurre hacia las seis semanas de gestación. Es decir, en la práctica prohibe la interrupción voluntaria del embarazo pasado ese tiempo, excepto en situaciones de emergencia médica. La norma no incluye excepciones para casos de violación o incesto.

La entrada en vigor de la ley una sacudida importante para los defensores del derecho al aborto y para las mujeres del estado -el segundo más poblado del país- que deseen interrumpir el embarazo.

Según el escrito que las clínicas abortistas enviaron al Supremo, la ley «reducirá de forma inmediata y catastrófica el acceso al aborto en Texas». Según sus estimaciones, entre el 85 y el 90% de las mujeres que se someten a un aborto en el estado están en un tiempo de gestación superior a las seis semanas. En su opinión, la ley «forzará a muchas clínicas a cerrar» y a muchas mujeres a viajar a otros estados si desean interrumpir su embarazo.

La ley de Texas -aprobada la pasada primavera por su asamblea legislativa y ratificada por su gobernador, Greg Abbott- es una de las muchas que han sido impulsadas en los últimos años por estados dominados por los republicanos y que están pendientes de que el Supremo las valide. El alto tribunal tratará a partir del mes de octubre la constitucionalidad de una ley de Misisipí que prohibe los abortos tras quince semanas de gestación.

Esa será la primera gran batalla legal para la supervivencia de ‘Roe v. Wade’, la sentencia del Supremo de 1973 que estableció el derecho al aborto y que fue seguida por otra jurisprudencia del tribunal que establece que los estados no pueden imponer «límites inapropiados» para la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable, es decir, entre 22 y 24 semanas de gestación.

La ley aprobada en Texas incluye un mecanismo que dificulta el bloqueo por parte del Supremo: en lugar de obligar a las autoridades que vigilen su cumplimiento, permite a los ciudadanos que demanden a todo aquel que realice un aborto o asista de alguna manera decisiva en su ejecución.

Dos de las principales redes que realizan abortos, Planned Parenthood y Whole Woman’s Health, han asegura que dejarán de ejecutar procedimientos en gestaciones de más de seis semanas hasta que se pronuncie el Supremo al respecto.

Según la nueva norma se puede demandar a toda persona que asista a la paciente en el aborto, que, en una interpretación amplia de la ley, podría incluir desde familiares hasta el taxista que lleve a la mujer a la clínica abortista. Los demandantes no necesitan tener ninguna relación con la persona a la que demandan, ni justificar ningún perjuicio propio, y pueden obtener diez mil dólares como compensación, además de las costas, si ganan el caso. Los demandados no tienen derecho a costas incluso si ganan.

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