(Ref aciprensa.com)
Los obispos de los Estados Unidos criticaron el jueves al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por retirar una demanda en defensa de los derechos de conciencia de una mujer, la cual habría sido obligada por un hospital a contribuir en la práctica de un aborto.
El 30 de julio, el Departamento de Justicia se había movido discretamente para desestimar su demanda contra un hospital de Vermont, que supuestamente había obligado a una enfermera a ayudar con un aborto en 2017.
En respuesta, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) declaró el jueves 12 de agosto que el Departamento de Justicia estaba “actuando en incumplimiento de su deber”.
“Es difícil imaginar una violación de derechos civiles más horrible que verse obligado a quitar una vida humana inocente”, señala un comunicado conjunto del Cardenal Timothy Dolan de Nueva York, y del Arzobispo de Kansas City, Mons. Joseph Naumann. El Cardenal Dolan es el presidente del comité de libertad religiosa de la USCCB y Mons. Naumann preside el comité provida.
En diciembre de 2020, el Departamento de Justicia, durante el mandato del presidente Donald Trump, demandó al Centro Médico de la Universidad de Vermont después de que una enfermera afirmó que fue obligada a ayudar con un aborto en 2017.
El hospital mostró un “patrón” de discriminación contra el personal que se opone al aborto, agregó el departamento. Según la denuncia del Departamento de Justicia, aproximadamente 10 enfermeras con objeciones de conciencia frente al aborto fueron obligadas a participar en aproximadamente 20 procedimientos de este tipo en el hospital.
El jueves, los dos arzobispos dijeron que la presunta coacción del hospital era “no solo profundamente incorrecta, sino una violación de la ley federal”.
La denuncia del Departamento de Justicia de 2020 alegaba que el hospital violó las Enmiendas de la Iglesia, una política federal que establece protecciones de conciencia en la atención médica.
Mientras tanto, esta semana más de 80 miembros del Congreso acusaron al gobierno de Biden de cometer un “profundo error judicial” al desistir del caso.
Los copresidentes del Caucus ProVida del Congreso, los congresistas de la Cámara de Representantes, Andy Harris y Chris Smith, se unieron a los senadores James Lankford y Tom Cotton, encabezando una carta de 84 miembros del parlamento dirigida al Procurador General Merrick Garland y al Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) Xavier Becerra.
Un portavoz del HHS dijo el 5 de agosto a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– que la agencia había solicitado al Departamento de Justicia que se retirara del caso, descartando su propia notificación por violación de derechos emitida al hospital.
Bajo el gobierno de Trump, la oficina de derechos civiles del HHS sacó a la luz el caso por primera vez en 2019, emitiendo un aviso de violación al hospital. Luego remitió el caso al Departamento de Justicia para su ejecución.
“Su manejo de este caso es un profundo error judicial y un rechazo a su compromiso de hacer cumplir las leyes federales de conciencia para los estadounidenses de todas las creencias y credos religiosos, y especialmente para los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que se oponen al aborto”, dijo carta declarada a Garland y Becerra.
El hospital “fácilmente podría haber acomodado las objeciones sin perturbar los servicios que brindaba”, afirmaron. En cambio, “continuó perpetuando un ambiente de trabajo que era hostil hacia las personas de fe, tanto en la política como en la práctica”.
El gobierno de Biden abandonó el caso a pesar de la falta de “cualquier acuerdo vinculante” con el hospital por su presunta coerción, señalaron los miembros en su carta.
Los legisladores incluyeron 10 solicitudes de información del gobierno Biden, con una fecha límite para responder el 27 de agosto. Las solicitudes incluyen cualquier “hecho nuevo” que motivó el sobreseimiento del caso por parte del gobierno.
La enfermera que presentó la queja inicial a la oficina de derechos civiles del HHS dijo que en 2017 el personal del hospital le había dicho que la ayudaría con un aborto espontáneo. Cuando llegó al lugar del procedimiento, el médico que la atendía le dijo “no me odies”, antes de decirle que la ayudaría con un aborto. Cuando la enfermera manifestó su objeción moral a participar en el procedimiento y pidió ser reemplazada, su solicitud fue denegada en el acto y ayudó con el aborto.
Los legisladores señalaron que el hospital recibió 1.6 millones de dólares en fondos federales en los últimos dos años y, por lo tanto, debe cumplir con las Enmiendas de la Iglesia.
“Sus acciones indican a los empleadores de todo el país que no necesitan cumplir con la ley porque sus agencias no la harán cumplir. También señalan que esta administración prefiere permitir que se viole la conciencia a instancias del lobby del aborto en lugar de hacer cumplir la ley y proteger la libertad religiosa”, continuó la carta.
En un comunicado de prensa del 12 de agosto, el senador Lankford señaló su oposición al nombramiento del secretario de HHS, Becerra, debido a su hostilidad hacia la protección de la conciencia. Citó los esfuerzos de Becerra para obligar a las Hermanitas de los Pobres a proporcionar cobertura de anticoncepción en los planes de salud de los empleados.
Como fiscal general de California, Becerra demandó en 2017 al gobierno de Trump por otorgar amplias exenciones religiosas para el mandato anticonceptivo del HHS. Las exenciones protegieron a las Hermanitas de los Pobres, que tuvieron que volver a los tribunales para intervenir en el caso. En 2020, la Corte Suprema falló a favor de la exención religiosa y en contra de los fiscales generales estatales que demandaron para quitarla.
