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04/07/13
Según han hecho público diferentes medios de comunicación, la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo queda aparcada sine die. Se confirma así la sospecha de que en este aspecto tampoco cumplirá su programa electoral el Partido Popular, que había prometido reformar esta legislación y promover una ley de maternidad.
«Pues ni lo uno ni lo otro», afirma Fabián Fernández de Alarcón, vicepresidente de Profesionales por la Ética. «Aparte de un fraude a sus votantes, sobre el Gobierno y el PP recaerá la responsabilidad de no haber hecho nada para frenar la masacre de 120.000 abortos voluntarios anuales en España». Siendo esto lo más grave, para Profesionales por la Ética hay que añadir otros tres aspectos relevantes de la actual legislación sobre el aborto:
El médico de Atención Primaria se convierte en un colaborador al estar obligado a informar a la mujer de los trámites y establecimientos en los que puede abortar.
La mujer embarazada queda desprotegida, especialmente las que se encuentran en situaciones de mayor dificultad.
Sigue vigente el capítulo educativo incluido en la actual ley del aborto, es decir programas de una «salud sexual adecuada» en la escuela que carecen de la evidencia científica y ética suficiente y vulneran el derecho fundamental de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos.
«Es vergonzoso y muy preocupante que el Gobierno considere la defensa de la vida no nacida como un asunto menor y la postergue indefinidamente una vez más, traicionando la confianza de millones de sus votantes que no están de acuerdo con el aborto (y menos con el aborto de adolescentes sin autorización de sus padres), ni con la educación sexual a la que obliga la ley. El PP está frenando todas las acciones que suponen un compromiso ético cara a una buena parte de su electorado, por satisfacer al perfil típico de los votantes de izquierdas. No puede sostenerse más a un partido que permanentemente posterga los derechos fundamentales por un burdo cálculo electoral y relativista», concluye Fernández de Alarcón.
