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29/06/2013
De acuerdo con una nota hecha pública por Grégor Puppinck, Director del European Center for Law and Justice (ECLJ), el 26 de junio de 2013, veinticuatro diputados de diversos partidos y nacionalidades, encabezados por Luca Volonté (Presidente del Grupo Parlamentario Popular Europeo – PPE), presentaron ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, una propuesta de resolución titulada “Serios retrocesos en el campo de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Francia” (Doc. 13255).
La propuesta solicitaba que “se iniciara un procedimiento de control con respecto a Francia” por el “Comité de Seguimiento” de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (Comité para el Respeto de las Obligaciones y Compromisos de los Estados miembros del Consejo de Europa). Esta Comisión es responsable de garantizar que los Estados miembros cumplen las obligaciones contraídas, en particular en materia de derechos humanos.
Desde la creación del Comité de seguimiento en abril de 1997, han sido siete las solicitudes presentadas al mismos. Dichos procedimientos de control estaban referidos a Grecia en 1997, Letonia en 1997, Austria en 2000, Liechtenstein en 2003, el Reino Unido en 2006, Italia en 2006 y Hungría en 2011. Ahora, en 2013, se debe agregar Francia.
En respuesta a esta petición, la Comisión de Seguimiento debe designar a dos de sus miembros como co-relatores encargados de investigar los hechos del caso y la preparación de un informe escrito. En la designación de estos co-relatores, el Comité debe esforzarse por garantizar un cierto equilibrio político y regional.
Su informe será presentado a la Comisión de Seguimiento, que a su vez determinará, en base a los hechos denunciados, si existe la necesidad de continuar con el procedimiento, que puede dar lugar a una sanción. Hasta la fecha, un procedimiento de control de esta naturaleza sólo se ha dirigido formalmente ante Letonia.
Si la Asamblea decide no ir más allá, puede decidir iniciar un diálogo con las autoridades nacionales con respecto a ciertas cuestiones, dejando abierta la opción de abrir un procedimiento para cualquier aclaración o asegurar la cooperación en caso de ser necesario.
Como resultado de la activación de este procedimiento contra Francia, los relatores imparciales de la Asamblea tendrán que investigar, en el contexto de las protestas contra la “ley Taubira,” casos de abuso policial y la violencia, así como las restricciones a la libertad de expresión. Por tanto, es útil en este momento recopilar toda la información sobre estos casos, con el fin de trasladársela a los ponentes, cuya designación deberá tener lugar en septiembre en el próximo período de sesiones de la Asamblea.
El referido procedimiento también puede tener un efecto disuasorio. En efecto, los gobiernos sometidos a estos procedimientos de vigilancia saben que todos los abusos que cometen serán expuestos públicamente, por lo que tendrán que rendir cuentas.
Resolución 1947 (2013) de la Asamblea Parlamentaria
A la vez que se ponía en marcha este procedimiento, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó, el pasado 27 de junio de 2013, la Resolución 1947 (2013), que llama a Francia al orden y denuncia el carácter desproporcionado de la “respuesta de [sus] poderes públicos y los medidas adoptadas por los órganos de aplicación de la ley “. Esta Resolución, titulada “La protesta popular y los desafíos a la libertad de reunión, de prensa y expresión”, se refiere específicamente a “la utilización de gases lacrimógenos contra los manifestantes pacíficos”, y el hecho de que “cuatro personas resultaron heridas y varios cientos fueron arrestados” (§ 3.1) .
La Resolución recuerda asimismo que, “en los casos de protesta popular, el papel de los órganos de aplicación de la ley es proteger los derechos de los manifestantes, su libertad de asociación y de expresión, mientras se protege también a los otros”, por lo que la Asamblea invita específicamente a los Estados a:
“9.1 Garantizar la libertad de reunión y de manifestación […] y asegurar que esta libertad puede ejercerse en la práctica;
9.2. Investigar de manera decidida el uso de fuerza excesiva o desproporcionada por miembros de las fuerzas de orden público e imponer sanciones a los responsables;
9.3. Reforzar la capacitación en derechos humanos para los miembros de las fuerzas de seguridad, y también para los jueces y fiscales, en colaboración con el Consejo de Europa “
Audiencia Pública en el Consejo de Europa
También el 26 de junio de 2013, el Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y el ya mencionado European Center for Law and Justice (ECLJ), organizaron en el Consejo de Europa una audiencia pública sobre “La Manif pour Tous y la represión policial”, en la cual estuvieron presentes Ludovine de la Rochère, presidenta de “La Manif pour Tous”, Béatrice Bourges de “Printemps Français”, Madeleine Bazin y Jean-Baptiste Achard, portavoces de “Les veilleurs,” Luca Volonté, Diputado y Presidente del Grupo PPE, y Grégor Puppinck, Director del ECLJ. Durante la audiencia, el ECLJ presentó un informe con más de un centenar de testimonios de víctimas de abusos policiales. La mayoría de estos testimonios fueron compartidos con el ECLJ por los abogados de las víctimas.
A dicha Audiencia corresponde la imagen que acompaña estas líneas (foto: Claude Truong-Ngoc).
