Un psiquiatra y no dos para abortar

elmundo.es
09/07/2014
El Gobierno estudia que la mujer que quiera abortar necesite el informe de un psiquiatra en lugar de dos para acreditar el daño psíquico que le produce seguir adelante con el embarazo y que ese facultativo no trabaje necesariamente en un centro distinto al que vaya a practicar el aborto, como aparecía en el anteproyecto inicial de la ley Gallardón.

El proyecto que el titular de Justicia va a presentar próximamente al Consejo de Ministros -posiblemente este viernes- está cerca de introducir una simplificación de los trámites exigidos a la mujer, traducida en una reducción de los informes médicos necesarios para que el aborto se considere legal.

El Ministerio está valorando alguna de las peticiones que informes como los del Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y algunas comunidades autónomas han solicitado para suavizar el anteproyecto presentado por Alberto Ruiz-Gallardón a finales de 2013.

Aquel texto establecía que todo aborto será legal en España si es producto de una violación (previa presentación de una denuncia) o si genera en la mujer un «grave peligro» físico o psíquico, un «menoscabo importante en la salud, con permanencia o duración en el tiempo», según la redacción del texto presentado el pasado diciembre.

Esa gran línea argumental -el impacto que el embarazo genera en la psicología de la mujer- no va a cambiar (incluidos los casos de malformación fetal). Pero es probable que las condiciones para demostrarlo, sí.

El anteproyecto obligaba a la gestante que quería interrumpir su embarazo a presentar el aval de dos médicos distintos. Esos dos facultativos (psiquiatras, por tratarse de un daño psíquico) debían trabajar en centros distintos al que iba a practicar el aborto y al menos uno de ellos tenía que ofrecer a la mujer de manera «individualizada y verbal» información clínica tanto del embarazo como de su interrupción.

Esas condiciones han sido recientemente alabadas por el informe del Comité de Bioética de España, que ha llegado a decir que «refuerzan la protección del nasciturus frente al riesgo de que esta indicación [el aborto] pueda emplearse de manera fraudulenta», pero criticadas por al menos dos de los informes que ahora maneja el Gobierno.

Los facultativos podrían declararse objetores más allá del plazo de siete díasLa ‘ley Gallardón’ iba a presentarse el 4 de julio pero el Gobierno ha vuelto a retocarla
El Consejo Fiscal las ha calificado de «excesivas, cuando no de imposible cumplimiento, ya que no se compadecen con el bien jurídico en juego, la salud psíquica de la mujer». Y el Consejo General del Poder Judicial ha hablado de «exigencias desproporcionadas» y «trámite gravoso y oneroso, que incluso imposibilite que las mujeres puedan acogerse a la previsión legal».

Por ello, el Gobierno está barajando la posibilidad de que baste un informe médico, es decir, la entrevista con un psiquiatra en lugar de con dos, para que el aborto se pueda practicar legalmente. Lo que aún no está decidido es si ese psiquiatra deberá pertenecer a un centro distinto al que haga la intervención o podrá trabajar en el mismo hospital o clínica.

Algunas fuentes populares cuentan que podría diferenciarse entre centros públicos o privados. Es decir, que cuando el aborto se practique en un hospital público el psiquiatra consultado sí pueda ser uno que trabaje en él, pero que si se hace en una clínica privada deba pedirse el dictamen a un psiquiatra ajeno a ella. «Se trata de evitar el coladero que suponía la ley del 85, en la que el psiquiatra de la clínica privada firmaba los informes de daño psíquico como churros, porque era su propio negocio. Y ese peligro, evidentemente, en los hospitales públicos no se da».

A la luz de los informes que Justicia maneja, no parece que el resto de trámites vaya a ser reducido sustancialmente. Por ejemplo, parece que, como señalaba el anteproyecto, una vez que obtenga la acreditación psiquiátrica, la mujer deberá acudir a los servicios sociales para recibir un «asesoramiento asistencial completo».

En ese asesoramiento caben orientaciones para resolver los problemas que la mujer alegó para abortar, información sobre alternativas al aborto y un recuerdo de que el feto es un «bien jurídico protegido». Pese a que el Consejo Fiscal considera «superfluo» ese recordatorio, el Gobierno mantendrá la obligación de que la mujer acuda a servicios sociales. Y tras todo eso, siete días de reflexión.

Otro de los aspectos que el Ejecutivo tiene previsto retocar en su proyecto es el de la objeción de conciencia del personal médico.

En el anteproyecto se reconocía que los profesionales sanitarios tendrían derecho a ejercer la objeción de conciencia para inhibirse de cualquier participación en la interrupción voluntaria de un embarazo. Y que para ello debían comunicarlo por escrito al director del centro en un plazo de siete días, dentro de la semana siguiente a comenzar la prestación de su servicio en un centro acreditado para la interrupción. Las fuentes consultadas señalan que el proyecto podría eliminar este plazo, de tal manera que los médicos tendrían la posibilidad de objetar pasada esa semana.

Sea como fuere, la reforma final que Gallardón llevará a Consejo de Ministros es un misterio que va cambiando casi por días. Fuentes del Ejecutivo y del PP dicen que existía una versión casi definitiva preparada para el Consejo de Ministros del pasado viernes, 4 de julio, pero que altos escalones gubernamentales manejaron algunas modificaciones de última hora.

Y esos cambios no sólo tienen que ver con el universo puramente técnico, sino con el político, ya que tanto en el Gobierno como en el partido, la ley Gallardón sigue siendo un terreno pantanoso.

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