EL MUNDO – 20/06/2018
- Una investigación indica que en el Hospital Gosport War Memorial existía un “régimen institucionalizado” de prescripción y administración irregular de opiáceos
- Hasta 270 posibles muertes por un fallo en la programación de mamografías en Reino Unido
- Theresa May invertirá 23.000 millones de euros más al año en sanidad
El Hospital Gosport War Memorial, situado en el condado de Hampshire, al sur de Inglaterra, “acortó la vida” de más de 450 pacientes a través de un “régimen institucionalizado” de prescripción y administración irregular de opiáceos, según ha revelado este miércoles una investigación independiente.
El informe indica que otros 200 pacientes también se vieron afectados por dicha práctica, que este hospital de la Sanidad Pública británica (NSH, por sus siglas en inglés) llevó a cabo entre 1989 y 2000.
En el Hospital Gosport War Memorial existía “menosprecio por la vida humana y una cultura de acortamiento de vidas”, señala el estudio, promovido por las familias de los afectados y elaborado a partir del análisis de más de un millón de documentos desde 2014.
La investigación concluyó que hubo “un régimen institucionalizado de prescripción y administración de peligrosas dosis de combinaciones de medicamentos, que no estaban clínicamente justificadas, con pacientes y familiares sin capacidad para interactuar con el personal sanitario”.
En los documentos examinados, los investigadores hallaron evidencia de “uso inapropiado de opiáceos en 456 pacientes” y, basándose en historiales clínicos desaparecidos, apuntaron que habría “otras 200 personas afectadas”.
Además, la Policía del condado de Hampshire, la Fiscalía y las autoridades médicas “fallaron y no actuaron correctamente para proteger a los pacientes y sus familiares”, puntualiza el texto.
El ex obispo de Liverpool, James Jones, que dirigió la investigación, manifestó que “no corresponde al panel determinar ninguna responsabilidad penal en caso de que cualquier proceso judicial futuro determine culpables”, pero señaló a la doctora Jane Barton como “responsable”.
En 2010, el Consejo General Médico (GMC) determinó que Barton era “culpable de múltiples casos de mala conducta profesional relacionados con la muerte de doce pacientes”. Sin embargo, la doctora no fue juzgada y no se le retiró la licencia médica, sino que dejó por propia voluntad la profesión, tras enfrentarse a esa acción disciplinaria.
Durante los doce años que trabajó en el hospital, Barton, de 70 años, firmó 854 certificados de defunción de pacientes y, de ellos, el 94 % recibió opiáceos.
La primera ministra británica, Theresa May, calificó en el Parlamento las averiguaciones como “trágicas y muy preocupantes” y expresó sus disculpas a los familiares por el tiempo que han tenido que esperar para obtener “respuestas”.
Para May, las conclusiones extraídas de la investigación deben causar “una angustia inimaginable a las familias involucradas”, pero es una cuestión “de la que el Parlamento debe ocuparse”.
Por su parte, el ministro británico de Sanidad, Jeremy Hunt, aseguró que “la Policía examinará cuidadosamente el nuevo material que aporta el informe, antes de determinar los próximos pasos a seguir y, en particular, la posible carga penal”.
Varios de los familiares de las personas afectadas conocieron el resultado de la investigación a las puertas del hospital. Bridget Reeves, cuya abuela, Elsie Divine, murió a los 88 años a consecuencia de los opiáceos administrados en el centro médico en 1999, destacó que lo ocurrido es “horrible, vergonzoso e imperdonable”, e insistió en que los hechos deben ser juzgados por un tribunal penal porque, sólo “cuando el jurado decida” sobre lo ocurrido, sus allegados podrán “descansar”.
