Suspenden reunión de la ONU después de que director de Planned Parenthood desafió a dar fármacos peligrosos a mujeres africanas

c-farm.org
11.10.2014
Una reunión de la ONU terminó abruptamente cuando un abogado de derechos de la mujer preguntó a al Director General de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés) por qué se destinaban anticonceptivos nocivos a mujeres pobres de África.

«En países donde el VIH es un problema importante, donde no tenemos acceso a una buena asistencia médica, ¿por qué usaríamos los anticonceptivos más peligrosos?» preguntó Kwame Fosu. Once estudios, entre ellos uno del dr. Renee Heffron, investigador de la Fundación Gates, llegaron a la conclusión de que las usuarias del inyectable Depo Provera corren riesgo considerable de transmitir y adquirir el VIH/Sida, añadió Fosu.

Tewodros Melesse evitó la respuesta. En su lugar, el director de la IPPF efectuó una declaración general en apoyo al Depo Provera. No explicó por qué se apunta a las mujeres africanas con peligrosos anticonceptivos de progesterona que rara vez usan las mujeres blancas.
Dinamarca y Liberia, copatrocinadores de la IPPF, organizaron la reunión para atraer a ministros de alto nivel presentes en Nueva York para la Asamblea General a fin de recabar más apoyo para la planificación familiar en la agenda de desarrollo post 2015.

Pese a que restaban 30 minutos y a que el moderador había anunciado previamente una segunda ronda de preguntas, la presidente de la IPPF, Naomi Seboni, dio fin a la sesión de forma repentina, y los delegados africanos inmediatamente se acercaron a Fosu para solicitar asesoramiento. Un encargado de la IPPF intentó apartar a los diplomáticos cuando Fosu comenzó a informarles.

La IPPF es beneficiaria directa de los programas de planificación familiar dirigidos a mujeres pobres en el África subsahariana y en los países del sudeste asiático. Cientos de millones de dólares fluyen a las arcas de la agrupación, que distribuye anticonceptivos de acción prolongada como el inyectable Depo Provera, el implante Jadelle o Norplant. Norplant fue retirado del mercado estadounidense en 2002 debido a riesgos para la salud.
Los fondos para anticonceptivos aumentaron un 48% desde 2006, y recibieron un impulso significativo cuando la Fundación Gates se unió a una larga lista de filántropos que apoyan los programas de reducción demográfica, como las fundaciones Rockefeller, Packard y Hewlett. En la Cumbre de Planificación Familiar de Londres de 2012, Melinda Gates duplicó su gasto anual en anticonceptivos a mil millones de dólares y anunció la asociación con farmacéutica Pfizer, fabricante de Depo Provera. Esto, pese a un informe del Instituto Guttmacher que demuestra que solo el 8% de las africanas tienen necesidad insatisfecha de anticonceptivos.

Con la existencia de informes que indican que la mitad de las mujeres y de las niñas africanas usan inyectables, Fosu no se sorprendió cuando un diplomático manifestó que su hermana no podía concebir tras usar Depo Provera.

Entre los efectos secundarios se encuentran: duplicación de la incidencia de cáncer de mama, sangrado excesivo, retraso en retorno de la fertilidad y esterilidad. El uso prolongado se ha asociado a una pérdida de densidad ósea tan grave que la FDA emitió una advertencia de «Caja Negra», la más severa que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) puede dar.

Fosu acusa que no se da a las africanas esta información antes de recibir la inyección y que los ministros de salud africanos desconocen los graves efectos secundarios. Un empleado de la IPPF en África hace poco dijo a Fosu que no tenía conocimiento de la advertencia de la FDA.
Del mismo modo que la IPPF, agrupaciones como el Consejo de Población, Pathfinder y FHI 360, los cuales reciben millones de dólares provenientes de tributantes estadounidenses, colaboran en la distribución del Depo Provera. Un libro científico sobre salud reproductiva recientemente publicado da una idea del modo en el que FHI 360 consiguió eficazmente la aprobación de los ministros de salud para que los trabajadores sanitarios de las comunidades distribuyeran anticonceptivos inyectables.

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