(Ref abc.es)
Viene siendo costumbre que el Gobierno de Sánchez descuide la arquitectura jurídica de las leyes (pocas, pues se siente más cómodo gobernando por decreto) que saca adelante. Algunas salen convertidas en verdaderas chapuzas jurídicas, tan deficientes que tarde o temprano tendrán que vérselas con el Tribunal Constitucional. La ley de Eutanasia, en vigor desde finales de junio, es una de ellas, no solo por las dudas más que razonables sobre su constitucionalidad y clara vulneración de principios consagrados en la Carta Magna, sino porque nace sin dotar de seguridad jurídica a los médicos que han de aplicar la muerte a una persona. Al no haber una ley que regule en general la objeción de conciencia, el registro de objetores vulnera su derecho constitucional a no declarar su ideología, religión o creencias. La comunidad médica se posicionó, con argumentos, de manera casi unánime contra la eutanasia, qué menos que dotarle de una posibilidad segura de no ser cómplice en la cultura de la muerte.
