Niña violada de 11 años embarazada es secuestrada y la hacen abortar. Tras ser violada por su abuelastro en Bolivia este fin de semana: el bebé, ya de 6 meses, fue abortado, contra la voluntad de la niña y de la madre de la chica y por la presión de la activista abortista Nadia Cruz, que tiene el cargo de Defensora del Pueblo, y otros activistas abortistas en organismos gubernamentales. El Arzobispo Gualberti protesta y resuenan las campanas de la Catedral de Santa Cruz.
Niña violada de 11 años embarazada es secuestrada y la hacen abortar
Hasta el viernes 5 de octubre, la niña se encontraba en un hogar de acogida para madres perteneciente a la Iglesia que acogía a la menor y a su madre.
La chica había expresado su decisión de dar a luz al bebé, frente a la presión de las autoridades para que abortase.
En cuestión de minutos, la situación cambió drásticamente. Como informó Aleteia, la reconocida laicista y abortista Nadia Cruz, defensora del pueblo en Bolivia, sustrajo a la niña del centro de acogida para madres -contra la voluntad de la madre- y la internó en un centro médico sin condiciones para atender su estado. Estaba embarazada de 24 semanas de gestación, era ya un bebé seismesino.
La defensa de la niña y su madre, relata Eldiario.es, destacan que la Defensoría del Pueblo encabezada por Cruz coordinó el traslado de la niña al hospital. Denuncian que separaron a la madre de la menor, lo que calificaron como una “persecución feroz” por parte de las autoridades.
Horas después, Agencia EFE publicaba el contenido de una denuncia interpuesta por los abogados de la madre de la menor alertando de que ésta había sido sometida a un parto prematuro, poniendo en riesgo la vida de la menor y de su hijo.
France24 informó que la defensoría del pueblo encabezada por Cruz se limitó a informar de que “se generó una protección respecto a los derechos de la niña” y que el caso se maneja “en absoluta reserva”.
Poco después, la misma agencia relató haber accedido a un acta de autopsia del feto gracias a fuentes policiales que “notifica que se realizó una interrupción del embarazo –aborto– el sábado a las 14:10 (hora local) en la ciudad de Santa Cruz, en la morgue del hospital San Juan de Dios”.
Las mismas fuentes comunicaron a France 24 que la menor fue dada de alta y que se encuentra en un centro de acogida.
La menor fue separada de su madre y obligada a someterse a un aborto, pese a haber reiterado su intención de seguir adelante con el embarazo, como desarrollamos en Religión en Libertad.
El 1 de noviembre, la madre de la niña explica en esta entrevista televisiva en Unitel que ellas no quieren abortar, que van a tener el bebé y piensan en la posibilidad de darlo en adopción…
“Crimen planificado por coerción gubernamental”
La Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia ha difundido un comunicado acusando a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, junto con instituciones gubernamentales y ONGs abortistas de infanticidio y “crimen planificado”.
La Plataforma considera que la niña ha sido obligada a abortar, y que el bebé -que la niña llamaba José María- nació vivo y se le dejó morir, lo que no es sino infanticidio. También señalan que las leyes bolivianas de aborto se refieren a embriones, no a fetos ya de seis meses.
La Plataforma expresa su “profunda consternación, dolor e impotencia, ante la cruel e inhumana sentencia de muerte a un ser inocente, cuyo infanticidio ha sido consumado, y frente a la puesta en riesgo de la vida de una menor con seis meses de gestación obligada a abortar”.
El sábado, los abogados Néstor Higa y Yovani Cabello, que representan a la madre de la menor, denunciaron que la madre fue prácticamente secuestrada y perseguida por las autoridades para alejarla de su propia hija y así llevar a la niña al aborto (en realidad, un parto prematuro).
La Plataforma denuncia que fue un “crimen planificado bajo coerción”, “la finalización violenta, forzada y definitiva de la vida de un niño, en contra de la voluntad de la joven madre, el bebé y su tutora, la madre de la menor, a quien se le ha privado todo acceso para saber algo de su hija”.
La Plataforma pide que se juzgue al violador, “del que hoy nada se habla. La justicia debe caer con todo el peso de la ley para que nunca más pueda hacerle daño a ella o a otra persona”.
La Plataforma señala que según la Sentencia Constitucional 206/2014 el aborto provocado aún “es un delito en la legislación boliviana”. Denuncian que “el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, con cuestionable ética, traducen esta sentencia constitucional como una disposición que permitiría una ‘interrupción legal de embarazo’”. En realidad, la norma lo que dice es que es la Asamblea Legislativa quien debe regularlo.
El Ministro de Gobierno dice que el aborto lo dictaminó “la Justicia”.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, declaró el domingo que “la menor, el día de ayer (sábado) interrumpió su embarazo conforme a la normativa legal vigente y lo que han dispuesto las autoridades judiciales de nuestro país. La menor fue dada de alta ayer y ya va a ser dispuesta para la Defensoría de Yapacaní”, dijo.
Cuando los periodistas le preguntaron por qué hacer un aborto cuando el bebé ya tiene seis meses respondió: “Le pregunto ¿(Qué haría) si a sus niñas o vecinas las violan? Desde luego que no. El Gobierno no actuó para interrumpir el embarazo. Es un tema de la justicia y (este poder) es independiente al órgano Ejecutivo. Nosotros no podemos definir quien aborta y quien no, es un tema de la justicia boliviana”.
En la foto, el obispo Gualberti habla ante la catedral de Santa Cruz el domingo contra el aborto forzado contra una niña; hace sonar las campanas para dar voz a los niños no nacidos
Suenan las campanas en Santa Cruz: fuerte mensaje del arzobispo Gualberti.
El domingo el arzobispo Gualberti hizo tocar las campanas de toda la arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra (que tiene dos millones y medio de habitantes) pidiendo que resuenen en las conciencias las voces de los “niños y niñas no nacidos”.
(Mensaje completo del obispo Gualberti y fotos aquí)
El obispo salió con megafonía a la puerta de la catedral –asaltada recientemente por activistas abortistas- explicando que la Iglesia acogió a la embarazada y a su madre con alojamiento, recursos y acompañamiento.
“La ocasión para este momento, es el caso muy delicado de dos víctimas inocentes: una niña de once años, víctima de un violador desalmado, que ha aprovechado su cercanía cotidiana para cumplir tal abominable delito y pecado en contra de Dios. La otra, el bebé que llevaba en su vientre la joven madre”, proclamó el obispo.
“En los pocos días en que estuvo en el centro de acogida, que es parte del sistema estatal de protección social y administrado por la iglesia Católica, la niña recuperó serenidad, se integró bien con las otras niñas en su misma situación y las dos criaturas gozaban de buena salud”, añadió.
“¿En base a qué motivo se ha decidido optar por la vida de una sola víctima y por qué se ha provocado una inducción innecesaria del bebé poniendo además en riesgo la vida de la joven madre, sometida a un largo y doloroso trabajo de parto, en vez que luchar para salvar a las dos vidas?”, planteó el obispo.
“Y si el motivo que aducen es que la vida de la joven madre estaba en peligro ¿por qué este procedimiento se ha realizado en un hospital de segundo nivel, en vez que en un nosocomio de tercera categoría y con buena sala de neonatología?”
Para vacunar con 15 años, piden permiso paterno… ¿y para abortar con 11?
El obispo siguió desgranando preguntas. “¿Por qué para inocular la vacuna anti COVID a adolescentes hasta los 16 años se exige la firma de la madre o del padre, y en cambio, en ese caso, han impedido a la mamá que acompañe a la niña de 11 años en casi todo el largo y trágico trance y mantenida aislada sin que su consentimiento sea informado? No lo hicieron, porque solo querían cumplir con su nefasto plan de descartar al bebé”.
Según el obispo, “la criaturita nació viva y luchó por algunas horas, el tiempo suficiente para cumplir con la misión que Dios le había confiado: sacudir nuestras conciencias aletargadas e indiferentes, gritar al mundo entero el derecho a la vida de parte de todos, sin discriminación alguna, llamarnos a luchar en contra de toda ley de muerte, e implementar medidas de prevención de los abusos, violaciones y asesinatos de las mujeres, niñas y niños, efectos de la falta de valores humanos y cristianos, del alcoholismo y de una cultura machista”.
“Un día Dios nos pedirá cuenta a todos, si hemos defendido toda vida humana o si hemos sido pregoneros y verdugos de muerte. “La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo” Salmo 85, 11. A cada uno de nosotros la respuesta, en consciencia y delante de Dios, a quien no podemos engañar“, concluyó.
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