(Ref cope.es)
No satisfecha con que el aborto sea libre en España, la ministra de Asuntos Sociales, Irene Montero, ha puesto en marcha la maquinaria informativa y legislativa para dificultar y limitar al máximo la objeción de conciencia de los médicos en España. A través de un mensaje en las redes sociales, Irene Montero ha justificado la reforma urgente de la ley del aborto, una de las más radicales de Europa, en el hecho de que muchos médicos ejercen su derecho a la objeción de conciencia. Según ella “el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos debe estar blindado por ley”, algo de más que dudosa constitucionalidad, y que revela la intención de atacar un derecho esencial en una sociedad libre y democrática, como es la objeción de conciencia, que ya actualmente sufre importantes trabas burocráticas.
Esta campaña está apoyada por informaciones en diversos medios nacionales e internacionales, en las que se narra de forma sesgada y emotivista la experiencia de mujeres que habrían tenido dificultades para abortar. Lo cierto es que los casi 100.000 abortos practicados en España cada año no reflejan especiales dificultades.
Si el derecho existe para tutelar la vida y la convivencia social, la protección legal de la conciencia de los médicos es la garantía de la libertad en el ejercicio de la profesión. Objetar es un derecho frente a una ley que se considera injusta por razones morales, y acabar con dicha protección es propio de los Estados totalitarios. El gobierno ya plantea el siguiente capítulo en su estrategia de fractura social.
