Diario ABC.-Derecho a Vivir se manifiesta hoy frente al Ministerio de Hacienda para pedir que los abortos no se financien con dinero público.
En España se realizaron el año pasado 118.359 abortos. Una cifra «dramática» que constata el «rotundo fracaso» de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que sacó adelante el Gobierno de Zapatero y que entró en vigor en julio de 2010. Así lo señalaron ayer a ABC las principales asociaciones pro vida, que lamentan que después de un año en el Gobierno, el PP «sigue sin cumplir su promesa» de reformar la ley del aborto.
La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, criticó que el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de presentar un borrador en otoño de este año haya quedado en una promesa. «En 2013 cuando se hagan públicos los datos de abortos de 2012 será responsabilidad del PP, porque ha pasado un año del Gobierno popular y todo sigue igual», afirmó Joya, quien además consideró que el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer estas estadísticas «con nocturnidad y alevosía».
“Ocultan datos”
La cartera que dirige Ana Mato colgó los datos en su página web el pasado viernes por la tarde tras el Consejo de Ministros que anunciaba la reforma del Poder Judicial y en plena operación salida de Navidad. El presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, también se quejó ayer del modo en que el ministerio ha dado a conocer estas «brutales cifras».
Urcelay acusó además al Gobierno de «ocultar datos», al presentar la información de «forma imprecisa» —por ejemplo, la tasa de abortos por tramos de edad de la mujer se contabiliza en el informe por cada mil mujeres en lugar de poner directamente el porcentaje—, y «sin una nota de prensa explicativa o alguna valoración por parte del Ministerio». Fuentes de la cartera de Sanidad explicaron ayer a ABC que las estadísticas se han publicado en las mismas fechas que todos los años y que trabaja en alternativas para que la mujer tenga opciones para decidir y no esté abocada al aborto.
Para Urcelay, con esta actitud el Gobierno da a entender que seguirá «la misma estrategia» utilizada con el matrimonio homosexual para dejar de lado la anunciada reforma. «Van a esperar al fallo del Tribunal Constitucional, que ya ha demostrado con la sentencia que refrenda el matrimonio homosexual que justifica la constitucionalidad de este tipo de legislaciones en las nuevas realidades sociales».
El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, en cambio, confió en que el Gobierno «cumpla con su promesa y actúe, tal como ha asegurado el propio Gallardón, sin esperar al pronunciamiento del Constitucional». «Hay que modificar urgentemente la ley, ya que no hay razones para seguir retrasando la propuesta», apuntó Benigno Blanco, quien tildó de «inmenso fracaso» la actual normativa.
Manifestación en Hacienda
Para la doctora Gádor Joya, el incremento de las interrupciones voluntarias de los embarazos durante 2011 -primera vez que se mide el año completo, ya que la ley Aído entró en vigor en julio de 2010- refleja cómo medidas permisivas como el aborto libre hasta la semana 14 y la dispensación de la llamada píldora del día después sin receta médica relaja ciertos hábitos. «Se trata de la teoría de la compensación del riesgo. Las adolescentes se comportan en sus relaciones sexuales de un modo más despreocupado porque no detectan el riesgo por la relajación de la normativa».
El presidente de Red Madre, Antonio Torres, lamentó «la deriva que está tomando la cultura de la muerte con la legislación sobre el aborto» y solicitó que el Gobierno ponga en marcha su plan integral de apoyo a la mujer embarazada anunciado por el ministro Gallardón. Entre las medidas, Torres también solicitó que las las administraciones públicas «dejen de financiar con los impuestos de todos este tipo de prácticas».
En esta línea, la plataforma Derecho a Vivir convocará para hoy jueves una concentración frente al Ministerio de Hacienda «para pedir que el aborto deje de ser financiado al 100%» y denunciar «el inmovilismo hasta la fecha del Gobierno en materia de aborto».