elmundo.es
24.11.2014
A nadie se le escapa que el tema del aborto es una cuestión con múltiples aristas en donde los preceptos morales chocan con la legislación y los derechos individuales. Recientemente, el Ejecutivo ha reculado en su intención de modificar la actual Ley del Aborto tal y como se comprometió en su programa electoral. El asunto obligó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a dimitir.
Lo cierto es que en la Comunidad hay críticas por parte de la oposición política y grupos feministas que acusan al Gobierno regional de practicar una asistencia sanitaria «ideologizada», especialmente en lo que tiene que ver con las interrupciones voluntarias del embarazo.
El pasado año se practicaron 171 intervenciones en los 14 hospitales integrados en el Sistema Madrileño de Salud, mientras que se derivaron 15.588 casos a centros y clínicas privadas, según fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La diferencia es muy clara.
El motivo, según aclaró un portavoz regional, es «la objeción de conciencia. Los médicos se niegan a practicar abortos». Esto lleva a la Sanidad pública madrileña a derivar los casos a entidades privadas para garantizar los derechos de las personas que quieren que se les practique un aborto.
La Consejería declinó que ningún responsable autonómico de Sanidad valorase los datos, ni facilitó la posibilidad de poder hablar con alguno de los sanitarios que deciden no practicar abortos. «No vamos a comentar nada más», precisó la fuente informante.
Pero este dato de 2013, no es una isla. De hecho, es lo habitual. En el año anterior, y según las mismas cifras oficiales a las que ha tenido acceso este diario, mientras en los hospitales madrileños se practicaron 186 abortos, se derivaron a clínicas privadas 17.618 casos. Asimismo, en 2011 la cifra registrada en los centros hospitalarios del Sistema Madrileño de Salud fue de 196 mientras que se enviaron a las clínicas privadas 19.269 pacientes.
Frente a los 14 hospitales públicos de referencia de la Comunidad de Madrid, la cifra de clínicas o centros privados que asumen los casos derivados de la Sanidad Pública es relativamente corta. Las 15.588 intervenciones que se llevaron a cabo se reparten entre cinco centros privados: Clínica Isadora, Clínica Moncloa, Hospital Los Madroños, Clínica Dator y el Centro Clínico El Bosque. En 2012 y 2011 las interrupciones voluntarias del embarazo derivadas recayeron sobre Isadora, Dator y El Bosque.
Mientras en 2011 y 2012, la edad media de las pacientes era de 29 años, en 2013 la horquilla de edad osciló entre los 29 a los 37 años.
La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor el 5 de julio de 2010. Se elaboró durante la época del anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Se fijan los 16 años como la mayoría de edad para abortar.
Las embarazadas menores de edad tendrán que informar al menos a uno de sus representantes legales (padre, madre o tutor) si toman la decisión de abortar.
No es necesario informar a los progenitores si se alega coacción, situación de violencia familiar, malos tratos, amenazas, o se produzca una situación de desamparo. La intervención la ha de realizar un médico especialista, ya sea en un centro sanitario público o uno privado acreditado. El límite para abortar es el de las 14 semanas. El embarazo se podrá interrumpir hasta la semana 22 si existe riesgo para la vida o salud de la embarazada o cuando existan graves anomalías en el feto o cuando las que se detecten sean incompatibles con la vida.
Los médicos tienen el derecho a ejercer la objeción de conciencia. Han de notificarlo por escrito anticipadamente para garantizar a la mujer el ejercicio de su derecho.
El pasado sábado se desarrolló en Madrid una multitudinaria manifestación de organizaciones Provida que no sólo reprocharon al Gobierno la retirada de su proyecto de ley, si no que, además, pedían la abolición de este derecho. Dirigentes del PP, como la alcaldesa, Ana Botella, asistieron a la marcha.
