aceprensa.com
05.02.2014
Por una mayoría de 227 votos a favor y 188 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para garantizar aún más que no se financia el aborto con dinero público, salvo excepciones. Ahora necesita el visto bueno del Senado y del presidente Obama. De todos modos, se apruebe o no esta iniciativa, el aborto a petición seguirá sin estar financiado.
Desde que el Tribunal Supremo legalizó el aborto en 1973 con la sentencia Roe v. Wade, el asunto de la financiación ha dado varias vueltas. Durante los tres años siguientes a la legalización, el programa federal Medicaid cubrió el coste de los abortos para las mujeres con ingresos bajos.
Pero en 1977, el Congreso aprobó la “Hyde Amendment”, que limita la financiación del aborto con fondos de Medicaid a los supuestos de violación, incesto y grave peligro para la vida de la madre. Varios años después esas excepciones fueron eliminadas… y después restablecidas.
La situación actual es que, fuera de esos tres casos, que constituyen apenas un 1% del total, se prohíbe la financiación federal del aborto. De modo que no se financia el aborto a petición (como ocurre en España desde la ley de 2010), ni por malformaciones del feto o motivos socioeconómicos.
La “Hyde Amendment” tiene que ser aprobada cada año en el Congreso, cosa que ocurre sin desacuerdos notables. Aprovechando ese consenso, en 2011 un representante demócrata (Dan Lipinski) y otro republicano (Chris Smith) presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para prohibir de forma permanente lo que ya prohíbe la “Hyde Amendment”.
La prohibición de financiar abortos con fondos públicos se ha renovado anualmente en el Congreso desde 1978
El proyecto, conocido como la “No Taxpayer Funding of Abortion Act”, fue aprobado en la Cámara de Representantes en mayo de 2011 (cfr. Aceprensa, 17-05-2011). Pero no llegó a ser debatido en el pleno del Senado, de mayoría demócrata. Seguramente porque la iniciativa también restablecía las garantías a la objeción de conciencia al aborto eliminadas por Obama en 2008 y porque prohibía la cobertura del aborto en los seguros médicos, uno de los puntos más controvertidos de la reforma sanitaria de 2010.
Incentivar la natalidad, no el aborto
Ahora, la “No Taxpayer Funding of Abortion Act” ha vuelto a ser aprobada por la Cámara de Representantes. Es una medida importante por dos razones. Una, simbólica. Como explica el cardenal Sean O’Malley, arzobispo de Boston y presidente del comité provida de la Conferencia Episcopal, esta iniciativa “convertirá en ley permanente una política en la que ha habido un fuerte acuerdo social y político durante más de 37 años”.
“Incluso autoridades públicas que se declaran pro-choice, y tribunales que han defendido la existencia de un ‘derecho’ constitucional al aborto, coinciden en que el gobierno tiene todo el derecho (en palabras del Tribunal Supremo) a ‘promover el nacimiento de niños por encima del aborto’”, sostiene O’Malley en una carta dirigida al Congreso.
En segundo lugar, la aprobación del proyecto de ley por el Senado protegería a los empresarios frente al mandato anticonceptivo, la norma del Departamento de Sanidad que les obliga a pagar a su plantilla un seguro médico que incluya anticonceptivos, la píldora del día siguiente y la esterilización. Previsiblemente, ni Obama ni los demócratas del Senado van a ceder en este punto de la reforma sanitaria.
En España, la ley actual recoge explícitamente la “interrupción voluntaria del embarazo” dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, lo que da derecho a que sea una prestación pública y gratuita. Pero cabe preguntarse por qué ha de financiarse con el dinero de todos si durante las primeras 14 semanas el aborto no responde a ninguna necesidad médica, sino a la mera voluntad de la mujer.
La cuestión sigue viva
En EE.UU. la cuestión del aborto sigue viva a pesar de los cuarenta años transcurridos desde que el Tribunal Supremo lo legalizó (cfr. Aceprensa, 24-01-2014). La causa provida ha ganado cada vez más adeptos, hasta ser mayoritaria por primera vez en 2009. Después los resultados han sido oscilantes; en el último sondeo anual de Gallup (mayo de 2013) se declaran provida el 48%, y pro-choice, el 45%.
En este año de elecciones (se renovará la Cámara y un tercio del Senado), el aborto ha adquirido relevancia, y es uno de los temas con que uno y otro partido esperan movilizar a sus bases. En general, los republicanos promueven medidas provida y los demócratas les acusan de librar una “guerra contra las mujeres”.
Según el último recuento del Alan Guttmacher Institute, en 2013 se introdujeron 70 nuevas disposiciones restrictivas del aborto en 22 estados. Con las 43 de 2012 y las 92 de 2011, en los tres últimos años se han aprobado más que en todo el decenio anterior. Varias prohíben el aborto en el segundo trimestre (en el primero es libre, según la sentencia del Supremo), a partir de las 18-20 semanas, cuando se cree que el feto ya es sensible al dolor o su corazón empieza a latir. Otras restricciones recientes exigen condiciones más estrictas a las clínicas abortistas, consultas o periodos de reflexión a las mujeres antes de abortar, consentimiento o consejo de los padres para que aborte una menor, etc.
Pero el debate no termina en los parlamentos. Algunas de estas medidas han sido recurridas ante tribunales federales, y en algún caso, como una ley de Arizona, han quedado definitivamente sin efecto.
La tasa de abortos, en el nivel más bajo desde 1973
En un nuevo informe publicado el 3 de febrero, el Guttmacher Institute revela que la tasa de abortos en EE.UU. ha caído al nivel más bajo desde que se legalizó allí el aborto en 1973. En 2011 fue de 16,9 por mil mujeres de 15-44 años, frente al 29,3 de 1981 (el pico histórico más alto del país) y al 16,3 de 1973 (el más bajo).
La caída ha sido especialmente pronunciada entre 2008 y 2011, período en el que también ha descendido el número de abortos: en 2011 se practicaron 1,1 millones, un 13% menos que en 2008.
Las investigadoras del Guttmacher –organización partidaria del aborto–aclaran que no han examinado las razones del descenso, si bien hacen algunas observaciones. No han podido valorar cómo ha influido la nueva ola de restricciones al aborto, ya que las aprobadas en 2011 no surtieron efecto hasta finales de ese año o incluso después.
No obstante, advierten que la fuerte caída de la tasa y del número de abortos experimentada entre 2008 y 2011 coincide en el tiempo con el descenso de proveedores de abortos en el país: han pasado de 1.793 en 2008 a 1.720 en 2011, una caída del 4%. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido con los centros de ayuda a mujeres embarazadas: durante los últimos años se han abierto muchos hasta llegar a unos 2.500 (cfr. Aceprensa, 22-01-2013).
Las autoras del estudio constatan que la caída de la tasa y el número de abortos también ha coincidido en el tiempo con el descenso de la tasa de natalidad en EE.UU. y un mayor uso de ciertos anticonceptivos. Pero tampoco en este caso establecen una relación de causa-efecto.
