LA TERCERA.- 25-FEB-2015
UN PROYECTO paralelo que preparan senadores de la Democracia Cristiana, sobre despenalización del aborto en caso de violación, deja una vez más en evidencia las diferencias que genera en el propio oficialismo la propuesta del gobierno para legislar sobre interrupción del embarazo bajo tres causales determinadas.
Por una parte, la iniciativa de los parlamentarios confirma que la causal de embarazo por violación, contenida en el mensaje presidencial, concentra el mayor debate entre los integrantes de la coalición gobernante. Pero eso no es todo. El contenido de su proyecto hace referencia a un contraste de fondo, como es la diferencia entre “el derecho para acceder a la interrupción del embarazo”, como sostiene la propuesta presidencial, y la despenalización del aborto cuando el embarazo es consecuencia de una violación.
El presidente de la Democracia Cristiana, en entrevista con este medio, profundizó al respecto: “Despenalizar es sólo impedir que se aplique la pena (…), pero el proyecto (del Ejecutivo), más allá de su nombre, le está permitiendo a la mujer abortar en el sistema público y privado de salud y, por lo tanto, no es un matiz, sino una diferencia importante”.
Los equipos que participaron en la elaboración del programa de gobierno debieron tener en cuenta este contraste al restringir su propuesta sólo al ámbito de la despenalización, pero las reiteradas alusiones al “derecho de interrupción” o a la “opción de interrupción” contenidas en el mensaje presidencial al Congreso dan cuenta de un cambio en el planteamiento que se expuso a la ciudadanía durante la campaña electoral. De hecho, ni siquiera la regla individual de objeción de conciencia contenida en el proyecto “puede ser un obstáculo insalvable para acceder a la interrupción del embarazo”. Cabe consignar, al respecto, la disposición de la ministra de Salud, de acuerdo a recientes declaraciones, para debatir no sólo el reconocimiento de esta objeción de conciencia para los profesionales médicos, sino también su ampliación a las instituciones prestadoras de salud.
Pero el problema de fondo seguirá pendiente. Porque así como el presidente de la DC acusó la falta de una “conversación al interior de la Nueva Mayoría para tratar de discutir ciertas ideas matrices”, no son pocos los sectores sociales que han manifestado su desconcierto y rechazo al proyecto sobre interrupción del embarazo elaborado por el gobierno. El mismo argumento al que recurre el dirigente falangista (“tratándose de un tema tan sensible”, señaló) para demandar mayor diálogo al respecto, es replicado por expertos, autoridades, dirigentes y representantes de diversas comunidades sociales y políticas, que exigen un debate con fundamentos y alejado de la lógica partidista.
Los senadores DC han advertido una diferencia de fondo entre la despenalización y la intención de “legitimar la intervención de un establecimiento de salud para abortar, para interrumpir ese embarazo y dotarlo de legitimidad”, como dice su presidente, pero subsisten variados aspectos del proyecto que transgreden principios y derechos hoy protegidos incluso a nivel constitucional. Por lo mismo, resulta evidente que el debate no podrá quedar circunscrito a la causal de embarazo como consecuencia de una violación, incluso porque la misma incongruencia señalada por el dirigente se replicaría también en las otras dos causales.
