04/08/2018
El ‘resucitado’ proyecto para legalizar la eutanasia en España repone en el calendario político una demanda social inexistente. Como se ha recordado, la ley de paliativos es más urgente y menos dolorosa.
En el último número de MD Magazine, Ronald W. Pies, profesor emérito de psiquiatría y de bioética en la Universidad Estatal de Nueva York, y Annette Hanson, profesora de psiquiatría en las universidades de Maryland y Johns Hopkins, analizan los mitos y conceptos erróneos sobre una práctica condenada, entre otras muchas instituciones, por el Colegio Americano de Médicos, la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Médica Mundial y la Asociación Estadounidense de Enfermería.
1. Todos tienen un ‘derecho a morir’, incluido el derecho a quitarse la vida, solos o con ayuda.
En contraste con las libertades, los derechos implican la cooperación o asistencia de otros. Las personas mentalmente competentes tienen la libertad de poner fin a sus propias vidas (es decir, no serán enjuiciadas), pero no existe un derecho reconocido al suicidio que implique la cooperación de otros. Sí existe el derecho a rechazar medidas no deseadas o “heroicas” que simplemente prolonguen el proceso de muerte, pero no el “derecho” a recibir un medio letal para suicidarse.
2. Las personas que solicitan el suicidio asistido (SA) lo hacen porque experimentan dolor y sufrimiento severos e intratables.
La mayoría de estas solicitudes no responden a un “dolor o sufrimiento no tratable”, como lo muestran los datos de Oregón, que legalizó la eutanasia en 1994; las razones más comunes son la pérdida de autonomía (97,2 por ciento), la incapacidad de participar en actividades agradables (88,9 por ciento) y la pérdida de la dignidad (75,0 por ciento), que nadie sabe muy bien en qué consiste.
3. En los estados donde el SA es legal existen salvaguardas para garantizar la aplicación adecuada de la ley.
En Oregón, la presentación de informes al estado corresponde al médico que prescribe los fármacos letales y que tiene gran interés en minimizar los problemas. No hay forma de rastrear si un médico fue negligente al hacer el diagnóstico inicial o el pronóstico, ya que, por ley, los certificados de defunción declararán que la persona murió de la enfermedad subyacente. El médico además rara vez está presente en el momento en que el paciente ingiere la sustancia letal, por lo que la posibilidad de abuso, por ejemplo, por parte de familiares, no puede evaluarse. Se han detectado compras de médicos, SA por enfermeras sin órdenes médicas, y pacientes a quienes el seguro les niega tratamiento contra el cáncer pero les ofrece cobertura para el SA.
4. Solo las personas con enfermedades terminales o incurables son candidatas al SA.
La mayoría de la legislación se aplica a adultos con enfermedad terminal que tendrán menos de 6 meses de vida. Pero suele estar implícito el criterio de menos de 6 meses ‘sin tratamiento’. Por lo tanto, un joven con diabetes insulinodependiente podría considerarse “terminal” según la Ley de Muerte Digna de Oregón, al igual que los que rechazan el tratamiento apropiado, como una joven con anorexia nerviosa. Es de hecho una tergiversación del significado tradicional del término ‘incurable’.
5. El argumento de la pendiente resbaladiza es exagerado.
En los países europeos que las permiten no hay evidencia de eutanasias incorrectas. Hay casos de suicidio asistido en trastornos psiquiátricos en Bélgica y Holanda amparados por la ley, que iguala el sufrimiento físico y el psíquico. Entre 2008 y 2014, más de 200 pacientes psiquiátricos fueron eutanasiados a petición propia en Holanda: el 66 por ciento citó “aislamiento social y soledad”; en el 24 por ciento de estos casos al menos un consultor externo no estuvo de acuerdo.
6. El método usado en Oregón y otros países asegura una muerte rápida y pacífica.
Nunca se garantiza una muerte pacífica con los métodos actuales. Un artículo de este año en The New England advertía de que “los médicos que apoyan el SA deben considerar cómo abordar el potencial de resultados adversos, incluido un tiempo de muerte más largo de lo esperado (hasta 24 horas o más), despertar de la inconsciencia, náuseas, vómitos y jadeos”. Los datos recopilados entre 1998 y 2015 muestran que el tiempo transcurrido entre la ingestión de drogas letales y la muerte varía de un minuto a más de cuatro días. Sin embargo, es difícil conocer la tasa real de complicaciones inducidas por fármacos, porque en la mayoría de los casos (54 por ciento) no está presente ningún profesional de la salud.
7. El deseo de ‘morir con dignidad’ responde a la autonomía del paciente.
El SA depende por completo del juicio, la autorización y el poder prescriptivo del médico. Además, la autonomía del paciente es solo una de las cuatro piedras angulares de la ética médica; las otras son beneficencia, no maleficencia y justicia. Son por otro lado una minoría los que solicitan drogas letales. Y no está claro por qué el autoenvenenamiento confiere más dignidad a la propia muerte que la forma clásica de abandonar este mundo.
8. Las personas con enfermedades terminales que solicitan SA no son suicidas.
Simplemente quieren ‘apresurar’ una muerte inevitable. Las genuinamente suicidas no sufren una condición terminal, pero quieren morir. Este argumento elimina el suicidio por decreto lingüístico. El suicidio es el acto de quitarse la vida, independientemente del contexto. Puede haber perfiles psicológicos que distinguen el suicidio en el contexto de la enfermedad terminal, pero eso no revierte el significado del término. La mayoría de los suicidios ocurren en el contexto de una enfermedad psiquiátrica grave. Sin embargo, los que expresan ideación suicida en el contexto de una depresión mayor rara vez quieren morir; solo quieren liberarse de su intenso dolor emocional.
9. Las personas que solicitan el SA son examinadas por profesionales de la salud mental para descartar la depresión.
Muchas legislaciones ya no requieren el examen de un psiquiatra o psicólogo, excepto cuando el médico involucrado lo reclame al sospechar un trastorno psiquiátrico o una depresión que pueda afectar al juicio.
10. Los médicos que practican el SA rara vez lamentan su decisión.
En una encuesta a 38 oncólogos estadounidenses que informaron de haber participado en una eutanasia, casi una cuarta parte se arrepintieron de sus acciones, según se publicó en 2006 en Issues in Law & Medicine. Otro 16 por ciento informó de que la carga emocional de ese acto afectó adversamente a su ejercicio profesional.