Se discute en el Parlamento belga una ley que acabará parcialmente con la objeción de conciencia de los médicos en caso de eutanasia, obligando al facultativo que se niegue a practicarla a remitir al paciente a un colega que esté dispuesto a acabar con su vida.
En Bélgica, como en la vecina Holanda, hace ya más de una década -desde 2002- que los médicos pueden matar legalmente a sus pacientes con sendas leyes de eutanasia que han tenido tiempo de confirmar todos los temores y horrores de los grupos provida. Pero el progreso de la cultura de la muerte no se detiene, y un grupo de parlamentarios socialistas de Bruselas quiere dar una nueva vuelta de tuerca: una ley que no solo permita, sino que obligue a los médicos a practicar estos homicidios consagrados por el poder político.
Cuando el santo pontífice Juan Pablo II denominó a la nuestra ‘cultura de la muerte’ acertó plenamente con el término, que su aversión a la vida, en una resbaladiza cuesta abajo que parece no tener fin, entra de lleno en lo patológico.
Hasta ahora, los médicos holandeses tenían la opción de declararse objetores de conciencia para negarse a matar a un paciente que pidiera la mendazmente conocida como ‘muerte digna’. Pero si la nueva ley presentada por los socialistas llegara a aplicarse, estarían obligados, en el mejor de los casos, a remitir al paciente a otro médico que sí esté dispuesto a acabar con su vida, convirtiéndose así en cómplices de su muerte voluntaria.
Ninguno de ellos puede negarse a matar a sus pacientes a petición de estos
En el caso de los hospitales, las disposiciones son aún más draconianas: ninguno de ellos puede negarse a matar a sus pacientes a petición de estos o, en caso de que no puedan expresar consentimiento, del ‘testamento vital’ que hayan suscrito previamente consintiendo al suicidio asistido en determinadas condiciones.
Casi lo más sorprendente de todo lo que rodea a un giro tan genuinamente copernicano en las legislaciones de Occidente es qué poco escándalo está causando y qué poco ruido hace un cambio que cambio que hace por segunda vez del médico un agente de la muerte -la primera fue el aborto a la carta- y que rompe irrevocablemente con siglos de modelo legislativo.
De hecho, la prensa belga apenas se hace eco de los tres proyectos de ley sometidos a la Cámara de Representantes por seis parlamentarios socialistas. Quizá se deba a que no es el primer asalto en este sentido, que ya en 2013 se propuso -y rechazó- esta aberración que podría obligar a todos los médicos cristianos, o con algún respeto por el secular juramento hipocrático -“primero, no causar daño”-, a perder su modo de vida y abandonar su vocación o traicionar su conciencia y participar en lo que saben moralmente criminal.
Sí lo recogió, en cambio, la prensa inglesa, concretamente el Daily Mail, con el escandalizado titular: ‘Parlamentarios belgas votará la primera ley del mundo de muerte a demanda que significaría que ningún médico podría detener a un paciente dispuesto a morir”. El diario británico añade que la ley tiene muchas posibilidades de ser aprobada. Hasta ahora, la eutanasia no era exactamente un derecho del paciente, en el sentido de que correspondía al médico, en última instancia, tomar la decisión fatal.
Más aún: como en la ley del aborto aprobada por el Gobierno González, la legislación belga sigue considerando la eutanasia como un delito para el que existen determinadas eximentes que debe estudiar una comisión ad hoc, aunque es cierto que la comisión muy rara vez encuentra nada que objetar en los casos que les llegan. ¿Les suena?
Los centros sanitarios católicos, de aprobarse la ley, se vería obligados a elegir entre echar el cierre o renunciar a su carácter católico
Con la nueva ley, además, hospitales, hospicios y otras instituciones no podrán invocar colectivamente el derecho a la objeción de conciencia para que no se practique la eutanasia en sus instalaciones, un misil especialmente dirigido a las instituciones católicas que, como es tradicional en el mundo entero, mantienen abiertos numerosos centros sanitarios en el país y que, de aprobarse la ley, se vería obligados a elegir entre echar el cierre o renunciar a su carácter católico.
O mantenerse en un intolerable limbo irresponsable que, desgraciadamente, ha sido la opción elegida por la mayoría de los centros que aún llevan la etiqueta de católicos mientras aplican alegremente -es un modo de hablar- la eutanasia en igual proporción que sus homólogos aconfesionales.
Pero el lobby de la muerte no está satisfecho con esta abrumadora apostasía de hecho y traición a los valores más esenciales y pretende acabar con los últimos focos de resistencia en su ofensiva totalitaria.
El proyecto de ley establece un límite de seis días en los que el médico al se le haya solicitado la muerte debe dar una respuesta al paciente o sus representantes, en el sentido de practicarla o remitirle a un facultativo dispuesto a hacerlo, estando, además, obligado a explicar las razones de su rechazo, al menos en la versión francesa del borrador.
