«Cribado del Síndrome de Down: el principio de la discriminación», artículo del Dr. Esteban Rodríguez Martín

infocatólica.com
24.03.2014
La cuestión básica que muchos soslayan es una reflexión seria sobre si un protocolo médico, o mas en propiedad, «medicalizado»; que se diseña para facilitar la decisión de eliminar al enfermo, resulta éticamente aceptable y legítimo desde un punto de vista legislativo.
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El día internacional del Sd de Down, el pasado 21 de marzo de 2014, es una buena ocasión para seguir sensibilizando a la sociedad sobre cuándo comienzan a ser discriminadas estas personas y señalar quiénes son los responsables. Podemos estimar que desde el año 85, en el que se depenaliza el aborto, se han eliminado en España unos 2 millones niños. Teniendo en cuenta que la proporción esperable de Down es de 1 por cada 800 nacidos, calculamos que 2500 habrian tenido esta cromosopatía de haberseles permitido nacer a todos ellos.
Las campañas de sensibilización social sobre las personas con Sd de Down, para conseguir su aceptación e integración, suponen una linea estratégica benéfica que han puesto en marcha muchos colectivos de afectados ante las alarmantes cifras de abortos eugenésicos de los que son víctimas. Es sabido que en Europa cada vez nacen menos niños con esta cromosomopatía y que cerca del 90% de los diagnósticos prenatales de Sd Down terminan en la ejecución intencionada de estas criaturas. Sin embargo además de las campañas para promover la aceptación social es necesario alertar sobre las prácticas, ya costumbres, que están en el origen de la masacre.
La cuestión básica que muchos soslayan es una reflexión seria sobre si un protocolo médico, o mas en propiedad, «medicalizado»; que se diseña para facilitar la decisión de eliminar al enfermo, resulta éticamente aceptable y legítimo desde un punto de vista legislativo.
En el mundo occidental, y en concreto en nuestro país, están implantados lo que se denominan técnicamente «programas de cribado prenatal o screening de cromosomopatías» de las que la trisomia 21 es, con mucho, la más frecuente. Básicamente estos programas consisten en someter a la madre a una serie de pruebas sobre las 12 semanas de embarazo (sonoluscencia nucal- B-HCG…) que sirven para calcular el riesgo potencial de que el hijo que gesta pueda estar afecto. Cuando el riesgo es considerado estadisticamente alto se ofrece una prueba de confirmación para la que es necesario invadir el habitat del ser humano en gestación (biopsia corial, amniocentésis) de dónde se extraerán células en las que se podrá verificar si contienen tres cromosomas en el par 21. Desde las 12 semanas de vida, los seres humanos empiezan a ser discriminados por su dotación cromosómica y empezarán a ser sometidos a unas particulares condiciones de existencia durante su desarrollo con el objetivo «sanitario» de prevenir la afección congénita.
Sin embargo, estas variaciones cromosómicas no tienen curación posible, la prevención de la anomalía no va encaminada sino a ofrecer la destrucción del hijo antes de su nacimiento en un recinto sanitario a manos de médicos. A menudo es el pretendido derecho a la información el que se invoca para justificar estas prácticas,sin embargo la teoría de la aceptación serena sólo se convierte en realidad en uno de cada 10 casos.
Para el niño con Sd de Down no existe ningún beneficio en que se le diagnostique su condición antes de su nacimiento, al contrario lo somete a riesgos que resultan desproporcionados, precisamente por carecer de beneficio y que se evitan si el diagnóstico se realizara una vez nacido. Solo 1 de cada 10 tendrá la suerte de tener unos padres dispuestos a amarlo como es, 9 serán ejecutados antes del parto y de los sometidos al diagnóstico invasivo morirán por la curiosidad o impaciencia de médicos y padres uno de cada 200. Más que diagnosticar e informar, se delata a un posible reo de muerte cuya única culpa es tener una dotación cromosómica diferente.
En este sentido, estos médicos que participan en estos programas, en realidad no actúan como médicos sino como chivatos. Una vez delatados a sus padres, se les facilitará que otros médicos, actuando como verdugos, pongan fin a la vida del niño que debería nacer Down. Por ello es importante señalar sin tapujos quiénes son los auténticos responsables, ya que las delaciones y ejecuciones, aun consentidas por los progenitores, son perpetradas por individuos y colectivos de bata blanca. No son, en última instancia, las madres apesadumbradas por el aparente infortunio las últimas culpables, sino un sistema sanitario deshumanizado que se presta a delatar y matar amparado por un régimen jurídico.
Por ello resulta necesario, y sería un auténtico progreso social, de cara a la integración y a evitar la discriminación, que las leyes penalizaran este tipo de costumbres «sanitarizadas», prohibiendo tanto el aborto de cualquier niño con sindrome Down como cualquier forma de discriminación durante la fase prenatal de su existencia mediante técnicas que carecen de beneficio para el ser humano en desarrollo. Y por el contrario potenciar los cuidados paliativos prenatales y el apoyo que merecen estas familias, sin perder de vista que desde un punto de vista médico y de cara a la salud de la mujer, es mucho menos perniciososo un desenlace fatal natural, si tuviera que ocurrir, que participar o consentir la muerte intencionada de un hijo.

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