diariomedico.com
23.09.2014
OMC y SEGO señalan la falta de consenso científico e inseguridad científica de proyecto de reforma del aborto. El Gobierno propone que las menores de 16 años necesiten el consentimiento paterno.
Representantes de la profesión médica han expresado a Diario Médico su satisfacción tras el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de retirar el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada por no haber encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante. Ahora bien, Rajoy se ha comprometido a reformar algunos aspectos polémicos de la Ley Aído, recurrida ante el Constitucional por el PP, como asegurar que las menores de 16 y 17 años necesitan del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. Rajoy también ha anunciado que el Gobierno va a elaborar un plan para proteger los derechos de la familia. El presidente se ha comprometido a que estos cambios estén listos antes de final de año.
En este sentido, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha señalado a DM que “es el momento para apoyar a la madre que quiere tener una maternidad responsable o ayudar a las familias que tienen limitaciones con hijos con algún tipo de deficiencia física o psíquica”. Ha felicitado al Gobierno por su capacidad de rectificación y ha criticado que “el anteproyecto tenía bastantes lagunas y una inseguridad jurídica porque no se podía dejar a uno, dos o tres médicos que aventuraran el riesgo de salud psíquica de una mujer por hacer algo contra su voluntad”.
Los organizaciones profesionales y sociedades científicas coinciden en señalar que el texto futuro del aborto sea consensuado y duradero en el tiempo
El presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Josep María Lailla, ha explicado a este diario que “una ley de este calibre, de un tema tan grave y que afecta a miles de mujeres al año, es una ley que debe consensuarse no sólo entre los partidos políticos sino también entre todos los entes sociales que pueden aportar su experiencia”. De ahí, “la importancia de sentarse en una mesa para hablar sobre los fundamentos de una ley que dure muchos años como tienen otros países (Inglaterra o Canadá disponen de leyes con una duración de 30 años) y no cambiar la legislación del aborto cada vez que hay un nuevo gobierno”.
Lailla ha destacado la “necesidad de elaborar una norma que respete todas las ideologías y, sobre todo, que tenga una base científica, fuerte, potente y cierta”. En otras palabras, “un texto que unifique criterios y conceptos basados en la evidencia científica”.
Y es que “en el anteproyecto había aspectos muy discutibles desde un punto de vista científico. Por ejemplo, el concepto de concebido”. Es más, la SEGO ha enviado al Ministerio de Justicia un informe sobre la reforma del aborto con los matices que, a su juicio, debían mejorarse. “No entendíamos por qué el concebido de una madre violada se le daba un plazo de 12 semanas, cuando existen medios para que la mujer violada pueda evitar el embarazo con la anticoncepción de urgencia”, ha subrayado el presidente de la SEGO.
Nueve meses
El presidente del Gobierno ha tirado por tierra el trabajo intensivo de nueve meses del ministerio liderado por Alberto Ruiz-Gallardón, que presentó su dimisión. Ahora, el Ejecutivo deberá centrarse en modificar la vigente ley de plazos a la espera de que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso presentado por el PP hace ya cuatro años.
Rajoy ha explicado que es un tema que “afecta a convicciones profundas y personales de los ciudadanos” y que “genera división en mucha gente”. Por eso, el Gobierno “ha hecho el mayor de los esfuerzos de que fue capaz para intentar llegar al mayor de los entendimientos posible”.
El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, también se ha sumado a las felicitaciones por la retirada de la reforma del aborto. “La gran mayoría de la comunidad médica, científica y académica estaba en contra”, subrayó. En su opinión, las legislaciones más restrictivas “no han contribuido a reducir los problemas de acceso al aborto, sino que lo hacen más complejo y contradictorio”.
La Sociedad Española de Psiquiatría también ha expresado su malestar por la reforma emprendida y ha recordado que “la situación de desear o no desear continuar con un embarazo no puede ser considerada como una situación patológica desde el punto de vista psiquiátrico, por lo que predecir con cierta exactitud el riesgo de enfermedad mental de una persona previamente sana tendría importantes limitaciones científicas”.
