europapress.es
12.12.2013
Derecho a Vivir y Foro de la Familia han criticado que la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se comprometa con las clínicas autorizadas para realizar abortos a buscar acuerdos en el Congreso para derogar la reforma de la Ley que próximamente aprobará el Gobierno, pues consideran que esta es la parte económicamente interesada y sus intereses son económicos, no solo los de la mujer.
En este sentido, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya ha indicado que les extraña “muchísimo” que el PSOE prometa a las clínicas, “la patronal del aborto”, tumbar una posible reforma pues “cuando hay unos empresarios interesados en un negocio, sus intereses son económicos no solo el de la mujer”. Así, ha precisado que “no” les parece “la forma más objetiva” de tratar el tema.
Además, sobre la previsión realizada por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) de que, con la reforma de la Ley quedarán fuera de la cobertura legal más de 100.000 mujeres, incluidas 500 menores, Joya ha apuntado que precisamente “se trata de que las mujeres aborten cada vez menos en España”.
Por otro lado, ha indicado que están deseando que el Gobierno anuncie que va a derogar la Ley actual que, a su juicio, “no implementa ni una sola ayuda a la mujer y lo único que hace es promover el aborto y empujar a las mujeres a abortar sin ofrecer otro tipo de alternativas”.
“Nosotros creemos que la solución está en eso, en cambiar esta ley, en ayudar a las mujeres, en proteger la vida de sus hijos y las de ellas, no solo diciéndoles que no aborten sino dándoles todos los medios necesarios para que puedan salir adelante con su embarazo”, ha subrayado.
Por su parte, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha comentado que no le sorprende “nada” que Valenciano y la ACAI “vayan de la mano” pues considera que “el PSOE ha defendido siempre el negocio del aborto y el negocio del aborto siempre ha apoyado al PSOE”. De hecho, cree que la reforma de 2010 “se hizo precisamente para proteger a las clínicas ante el riesgo que supuso para ellas el caso Morín”.
Blanco ha añadido que hay que hacer “una ley que en vez de proteger el negocio del aborto y a sus empresarios, defienda el derecho a la vida y el acceso de la mujer a la maternidad”. Por tanto, ha puntualizado que no van a quedar 100.000 mujeres desamparadas sino “al revés” pues “tendrán un amparo que les niega la ley actual, que solo las avoca al abortar”.
