ANDOC: A propósito del nuevo Comité de Bioética de España

Este organismo fue creado por la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, como “órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, que desarrollará sus funciones, con plena transparencia, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud“.

Se constituyó el 22 de octubre de 2008. Su función es “emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud”.  Su primera presidente fue la eminente Profesora Victoria Camps.

Desde su constitución, ha habido 3 Comités distintos, que han trabajado en distintos periodos 2008-2012; 2012-2018; 2018-2022. De los integrantes actuales, 5 tenían su mandato caducado y otros 4 podían repetir un segundo mandato de 4 años, práctica que ha venido siendo la habitual: los Drs. Altisent, de la Gándara, Guillén y Ruiz Sicilia.

Solo se ha mantenido en el cargo a Dra. Ruiz Sicilia. Esta última, psiquiatra, fue curiosamente el único voto disidente en el informe unánime sobre objeción de conciencia en la ley de eutanasia de 2021, aunque había votado con la mayoría en un informe previo sobre la citada ley, hecho público en 2020.

Ciertamente, el tratamiento que los distintos gobiernos han dado a este Comité no ha estado casi nunca en consonancia las intenciones de la ley, con la competencia de sus miembros y el rigor y amplitud de sus trabajos. Ha quedado en el baúl del olvido una aportación de gran valor ético, jurídico y académico, fruto del trabajo encomiable de profesionales de ámbitos diversos y convicciones plurales.

A lo largo de estos 14 años, ha emitido más de 30 informes, decenas de recomendaciones, cursos, etc. referidos a temas bioéticos de gran calado: aborto, ensayos clínicos, COVID, vacunas, maternidad subrogada, telemedicina, eutanasia, objeción de conciencia, evaluación independiente del sistema de salud español, cuidado de personas mayores, etc. Hasta 2017, el gobierno le encargó pocos informes sobre proyectos legales; a partir de esa fecha y hasta el presente, ha publicado unos 15 informes: solo tres a petición de la Administración, el resto a iniciativa propia.

En los últimos 3 años, ha sido sistemáticamente “ninguneado”, hasta el punto de que apenas le ha dotado de los medios elementales para realizar su labor. Análogamente  a lo sucedido con la inmensa mayoría de los organismos consultivos -tanto los que deben ser escuchados prescriptivamente, como los consultivos, y los meramente asesores- han corrido una suerte similar: el Gobierno o ha pasado olímpicamente de sus recomendaciones o, sencillamente, no los ha consultado.

Ejemplo proverbial del desprecio hacia los organismos consultores, hacia las instituciones y hacia los ciudadanos, resultó, en este sentido, la creación de comités “fantasmas” como el famoso Comité de expertos en el COVID, a cuyos miembros aún estamos buscando.

En el caso del Comité de Bioética, el descaro del Ejecutivo, la arrogancia y el desdén a la disidencia ha alcanzado cotas inimaginables. Con todo respeto a los nuevos miembros, de cuya competencia académica o profesional, no dudo y, en algunos casos, conozco de cerca, la conducta del Gobierno retrata, bastante a las claras, el respeto que profesa a las instituciones, que considera “no afectas”.

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