Aborto en Uruguay: presiones contra los médicos objetores

Aceprensa.-

Montevideo. El gobierno de Uruguay, que logró aprobar la liberalización del aborto a fines de 2012, parece no haber previsto el gran número de ginecólogos que iban a aducir objeción de conciencia. El Ministerio de Salud Pública (MSP) se encuentra ahora en campaña para disminuir el alcance de la objeción, reconocida sin embargo en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que rige desde el pasado 1 de diciembre.

Los médicos objetores al aborto –permitido hasta las 12 semanas de gestación– representan, según cifras oficiales, el 30% del total, aunque otras mediciones colocan esa proporción entre el 50% y el 60%. En algunas regiones de Uruguay como el departamento de Salto, la objeción alcanza el 100%, y en Paysandú, el 90%.

El MSP no esperaba semejante respuesta de los médicos, muchos de los cuales también critican la forma en que fue redactada y confeccionada la ley: entre cuatro paredes del Ministerio, con una celeridad sorprendente y sin haberlos consultado.

Las autoridades sanitarias recorren el país para convencer a los médicos de que practiquen abortos

En las últimas semanas, las autoridades sanitarias salieron a recorrer el país para convencer a los médicos de que practiquen abortos. A la vez, se plantean exigir a los objetores que presenten una “justificación real” y expliquen su postura. No valdría simplemente decir que no se está de acuerdo con la ley. El MSP entiende que algunos profesionales “abusan” de esa medida por razones religiosas y filosóficas.

“Muchas veces hay objeción de conciencia real y muchas otras veces no. Tiene que ver con otros aspectos”, dijo Leonel Briozzo, viceministro de Salud Pública. La objeción de conciencia “no puede plantearse por cuestiones instrumentales sino por aspectos religiosos y filosóficos”, añadió.

En enero pasado, un centenar de médicos denunció “amenazas veladas” del Ministerio y se planteaban poner una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Círculo Católico, institución médica que se niega a practicar abortos, ha sido investigado bajo la sospecha de que obligaron a sus médicos a firmar la objeción de conciencia.

La nueva ley, que nació a impulso del gobierno del Frente Amplio –coalición que aglutina a diferentes partidos de izquierda–, reconoce la objeción de conciencia a los médicos y la objeción de ideario a los centros de salud. Las instituciones, sin embargo, deben garantizar el “derecho” al aborto de una mujer afiliada y pagarle el servicio en otro lugar. La ley debería, además, proteger la identidad del galeno que se niega a abortar.

Un centenar de médicos denunció “amenazas veladas” del Ministerio de Salud

No llegarás a jefe
Los objetores de conciencia bien pueden ver frustradas sus carreras profesionales. Un documento emitido hace más de dos años por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog), de la que forma parte la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay (SGU), establece que ante el conflicto objeción-mujer que quiere abortar, se debe priorizar a esta última; si no, puede haber delito de omisión de asistencia.

Además, un objetor no tendrá la posibilidad de llegar a jefe. “Los médicos objetores de conciencia no deben estar al frente de servicios y deben, previamente a la situación, dejar saber a la institución su condición de objetores”, aseguró el documento de la Flasog.

En este sentido, el Colegio Médico divulgó un texto ambiguo sobre la objeción de conciencia, un sí pero no para los doctores que se niegan a abortar. “La objeción de conciencia es un derecho humano fundamental cuya plena vigencia expresa la salud democrática de un país y cuyo ejercicio debiera llevarse a cabo con plenitud pero sin lesionar otros derechos humanos fundamentales, para el caso, los correspondientes a la mujer gestante que ha solicitado la interrupción de su embarazo”.

Piden un referéndum
A fines de 2008 el entonces presidente socialista Tabaré Vázquez vetó una ley que despenalizaba el aborto y que había sido apoyada y propuesta por su partido, el Frente Amplio (cfr. Aceprensa, 21-11-2008). Cuatro años después, sus correligionarios lograron el objetivo.

Los grupos abortistas estiman que en Uruguay se practican 33.000 abortos por año, cifra desmesurada y fuera de lógica para una nación de poco más de tres millones de habitantes. El propio MSP dijo que el primer mes de la nueva ley del aborto se registraron 200 interrupciones de embarazo, lo que significó el 5,1 por cien nacimientos.

En Uruguay, segundo país de América Latina después de Cuba (1965) en legalizar el aborto antes de determinada edad gestacional, un aborto puede costar alrededor de 1.000 dólares. Cuando una mujer desea acabar con su embarazo –siempre dentro del plazo de las 12 semanas–, debe pasar por un asesoramiento “multidisciplinario”, que incluye ver un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social. Si al cabo de cinco días se mantiene en su postura, la mujer ya puede abortar.

Mientras tanto, la recolección de firmas para realizar un referéndum en contra del aborto prosigue y sus promotores aseguran tener ya 60.000 firmas, más del mínimo exigido, que es el 2% del padrón electoral, o sea 54.000. Las firmas deberán ser entregadas ante la Corte Electoral el próximo 21 de marzo. Entre los que firmaron figuran el expresidente Vázquez y su esposa.

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