La supermayoría formada durante el mandato de Trump decidirá sobre asuntos clave como las armas o aborto
Fuente: Diario ABC 12 de octubre 2021
Juez negro al frente del bloque conservador
Algo sorprendente sucedió el lunes en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El primer caso del nuevo curso judicial se refería a una disputa entre Tennessee y Misisipi por vertidos de agua. Y el primero en intervenir y en repreguntar fue Clarence Thomas, que a sus 73 años es el único juez de raza negra en la bancada. Eso fue lo realmente llamativo, porque Thomas es famoso por no preguntar.
No es una exageración. Entre 2006 y 2016 no hizo una sola pregunta, ninguna. Pero este juez, considerado durante largo tiempo el de ideas más conservadoras, alguien en los márgenes, se halla ahora en el centro mismo del Tribunal, porque es el que lidera al sector mayoritario después de que Donald Trump renovara a un tercio de la bancada durante su mandato.
En su composición actual, el Supremo es uno de las más conservadores de la historia. Trump nombró a tres de los nueve jueces: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Se unieron estos a Clarence Thomas y Samuel Alito en una supermayoría conservadora que durará largo tiempo, pues los puestos son vitalicios. En el centro queda el presidente del Tribunal, John Roberts, quien tradicionalmente también ha caído en el campo conservador, pero al que se considera hoy por hoy un moderado. Tras la muerte hace un año del icono de la izquierda Ruth Bader Ginsburg los denominados progresistas son solo tres: Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
No es que el Tribunal pase por un buen momento. La división política, los efectos del trumpismo y las controversias que rodean a varios magistrados han hecho que su índice de aprobación caiga del 58% del año pasado al 40% actual, el punto más bajo en dos décadas, según la consultora Gallup.
Y ese hundimiento se produce cuando el Tribunal se dispone a emitir algunos de los veredictos más importantes y probablemente polémicos de su historia: si mantiene el permiso a abortar como está, si legaliza totalmente la tenencia de armas fuera de la residencia privada, si la obligatoriedad de vacunarse es legal o si la universidad de Harvard tiene derecho a ejercer la discriminación positiva hacia personas de raza negra e hispanos.
Según Jeffrey Jones, analista de Gallup, «el nuevo curso judicial incluye casos relativos a las leyes sobre el aborto y las armas, temas que despiertan una gran pasión en los EE.UU. y seguramente provocarán un fuerte rechazo de las personas en el lado perdedor de esas decisiones».
Protestas en la calle
El curso judicial comenzó ya con protestas en la calle. Una multitud de feministas marchó el sábado 2 de octubre desde la Casa Blanca hasta el Supremo para protestar por la decisión del Tribunal en septiembre de dejar que entrara en vigor una ley de Texas que prohibe el aborto tras las primeras seis semanas de embarazo. La multitud rodeó el edificio del Supremo, frente al Capitolio, con el lema: «No a las prohibiciones sobre nuestros cuerpos».
Aquella decisión fue sin embargo un fiel reflejo de la nueva composición de la bancada: todos los conservadores votaron juntos y el presidente del Tribunal, Roberts, se unió a los llamados progresistas en voto particular.
Hace apenas unos años, Roberts era casi siempre el voto decisivo. Había cuatro conservadores y cuatro progresistas, y él, nombrado por George W. Bush, decidía. A veces se unía a un lado y a veces a otro, dependiendo del asunto. Él solo salvó, por ejemplo, la reforma sanitaria de Barack Obama en 2012, uniéndose a los cuatro jueces de la izquierda contra el criterio de los conservadores.
Cuando Roberts fue elegido por Bush para el cargo en 2005, la izquierda se lanzó a criticarlo, por pasados fallos que parecían restrictivos del aborto. Denunciaban grupos como la Federación Nacional para el Aborto que el ascenso de Roberts al Tribunal Supremo significaba «retroceder a los días de los abortos clandestinos cuando las mujeres tenían que sacrificar su vida y su salud para poner fin a un embarazo no deseado».
Pero en estos 16 años el Supremo no ha tocado el aborto, que desde 1973, con el famoso caso Roe v. Wade, se mantiene legal «hasta la viabilidad del feto», que se interpreta en torno a las 24 semanas.
Los elegidos por Trump para ingresar en el Tribunal han tenido todos su polémica. Gorsuch, porque el juez al que sustituía, Antonin Scalia, murió bajo el mandato de Obama, pero los republicanos bloquearon la renovación en el Senado hasta que Trump ganó las elecciones y tomó posesión. Su excusa era que había elecciones en nueve meses, y que el nuevo presidente debía elegir. Sin embargo, el año pasado, Ginsburg murió un mes y medio antes de las elecciones y los republicanos se apresuraron a nombrar a Barrett como sustituta.
Por su parte, Kavanaugh fue acusado de agresión sexual por varias mujeres antes de ser confirmado con el voto único de los republicanos.
El expresidente Trump ha politizado el Supremo al presionar públicamente a los tres jueces a los que él nombró para que fallaran a su favor en sus falsas denuncias de fraude electoral. Estos se unieron una y otra vez al resto de sus compañeros al fallar en contra de las denuncias del presidente, que les ha acusado de «falta de coraje».
Ahora algunos demócratas –no todos– presionan a Joe Biden para que amplíe el Tribunal, lo que permitiría diluir esa mayoría conservadora. Se puede hacer, si se tiene la mayoría en el Capitolio y la Casa Blanca. Y de hecho a lo largo de la historia el Supremo ha tenido cinco, seis, siete y hasta 10 jueces, para quedarse en los nueve actuales desde 1869. La medida, sin embargo, es impopular y en campaña Biden sólo dijo que encargaría un estudio al respecto a un comité de expertos, que de momento no existe.
A riesgo de que Biden salga de la presidencia tras las siguientes elecciones de 2024, no pocos demócratas están presionando a un juez a que se jubile. Se trata de Breyer, que tiene 83 años y lleva 27 años en la bancada. Es el progresista de edad más avanzada, y muchos temen que le pase como a Ginsburg, que se negó a jubilarse cuando Obama estaba en la Casa Blanca y acabó falleciendo con Trump en el poder. En su última voluntad dejó dicho que su «más ferviente deseo» era que no nombraran sustituto hasta después de las elecciones, pero Trump la ignoró.
Breyer, que acaba de publicar libro, ha dado varias entrevistas en septiembre en las que ha dicho que va a resistir las presiones porque la decisión es suya y solo suya, aunque no tiene intención «de morir en el tribunal». Era lo mismo que solía decir Ginsburg antes de fallecer y ponerle en bandeja su puesto a Trump y los republicanos.
No es el único juez que ha tomado la insólita decisión de expresar públicamente su malestar por las presiones al Tribunal. Lo han hecho varios, incluida la magistrada Barrett. En un discurso en septiembre dijo que el Supremo no es «un club de políticos partidistas». Lo dijo, sin embargo, en un acto organizado en Kentucky por uno de los mayores partidistas de todos, el senador y líder republicano Mitch McConnell, que facilitó el nombramiento y confirmación de la jueza el año pasado.
