ReL22 diciembre 2016
James Gottry es abogado y escritor en la Alliance Defending Freedom, un grupo cristiano de abogados y expertos en Derecho fundado en 1994 para preservar y defender la libertad religiosa. Recientemente escribió un artículo en The Public Discourse donde plantea una estrategia radical ante el avance de la ideología de género. “No es el momento”, sostiene, “para que los defensores de la libertad religiosa se asocien a los defensores de la legislación de la orientación sexual y la identidad de género con la esperanza de poder recoger las migajas de libertad que quedan sobre la mesa”. Por su interés lo traducimos en su integridad:
Las leyes sobre orientación sexual e identidad de género: una respuesta subversiva a un problema inexistente
El “precio de la ciudadanía” en una sociedad libre no puede incluir nunca nuestra libertad de conciencia. Si la sometemos, estaremos sometiendo también a la sociedad libre.
A lo largo de la historia cada persona, bajo cada régimen político, ha tenido -en su significado más elemental- la libertad de formar una serie única de credos y valores. A los ciudadanos de los Estados Unidos se les garantizó hace tiempo, de una manera excepcional, el cumplimiento de esa libertad. Es decir, poseemos la libertad de vivir pacíficamente según nuestras creencias y de seguir los dictados de nuestra conciencia.
Las leyes de Orientación Sexual e Identidad de Género
Esta libertad -codificada en la Primera Enmienda- es un derecho pre-político inherente a nuestra dignidad como seres humanos. Pero el movimiento cultural para la “tolerancia” y la “inclusión” ha reducido la libertad de conciencia a algo inferior al derecho; algo cuya existencia está sometida a las decisiones de los jueces y los legisladores.
En los últimos años han surgido en todo el país leyes que proporcionan privilegios especiales a personas individuales según su autoproclamada identidad de género o preferencias sexuales. Conocidas comúnmente como leyes SOGI [según sus siglas en inglés, Sexual Orientation and Gender Identity], estos proyectos legislativos están alimentados habitualmente por grupos activistas y representan una respuesta subversiva a un problema inexistente. Los datos disponibles confirman que no existe un patrón o una práctica social significativa de discriminación injusta hacia estos grupos. Esto es debido no sólo a que la gran mayoría de los americanos se respeta y es justa, sino también al hecho de que cualquiera que esté implicado en una discriminación infundada se enfrenta a unas consecuencias sociales y económicas provocadas por la presión pública y los boicots.
Las leyes SOGI utilizan todo el peso de la ley para castigar a personas que quieren vivir pacíficamente y llevar adelante sus trabajos según les dicta su conciencia. Elaine Huguenin, Barronelle Stutzman, Jack Phillips y Blaine Adamson son sólo algunos de los propietarios de pequeños comercios que prestan sus servicios con alegría a todo tipo de personas, pero que se enfrentan a penas legales por haberse negado a participar en algunos eventos o a poner su arte al servicio de clientes por problemas de conciencia.
En el caso de Elaine, ésta declinó educadamente una petición para usar su habilidad como fotógrafa para narrar la historia de una ceremonia de compromiso de una pareja del mismo sexo. Su intento de permanecer pacíficamente fiel a la enseñanza de su fe sobre el matrimonio la llevó a una batalla legal que ha durado siete años y que ha culminado