( Ref elmundo.es)
Residencias de ancianos sin médicos y enfermeros, sin material de protección, sin test, sin respiradores, sin posibilidades de derivación de pacientes a hospitales. Residencias de ancianos que recibían de las administraciones “instrucciones cambiantes”.
Residencias de ancianos con “el triple de bajas laborales” que el personal sanitario.
Residencias de ancianos que a principios de junio siguen “sin diagnóstico de todos los residentes y trabajadores”.
Residencias de ancianos a las que las comunidades autónomas enviaron Equipos de Protección Individual (EPI) de forma “esporádica, insuficiente y desordenada”.
Residencias de ancianos que tenían cadáveres porque las funerarias no iban a recogerlos.
Residencias de ancianos que no obtenían respuesta de algunos ministerios o un simple acuse de recibo de otros.
Todas las comillas y algunas más están en un informe del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP) fechado el 5 de junio y en las palabras de su presidenta, Cinta Pascual, en una entrevista que ha concedido este sábado a EL MUNDO.
La presidenta de la patronal de las residencias privadas asombró el viernes a los diputados y las diputadas de la Comisión para la Reconstrucción del Congreso con un relato de parte del informe que denuncia la situación vivida en las semanas más duras de la pandemia del coronavirus. Pero el tiempo que tuvo como compareciente no le permitió desgranar la totalidad de las 45 páginas del documento, que ilustran, dato a dato, algo que sí llegó a expresar en sede parlamentaria. “Ha sido un horror”.
– El informe es demoledor. Dibuja una sensación de impotencia ante un tsunami de muertes, falta de material, instrucciones contradictorias y silencios administrativos. Una especie de clamor en el desierto.
– En muchas residencias faltaba personal porque se lo llevaba el sistema sanitario, que pagaba más, o porque se le daba de baja hasta por teléfono sin hacerle la prueba. No había oxígeno, ni test, ni material de protección. No se contrató a médicos extranjeros que tenían titulación pero no residencia legal. Nos enfrentamos a dilemas éticos al administrar morfina a algunos ancianos pensando si en otras circunstancias podría haberse hecho otra cosa. Solicitábamos reuniones y material y no nos contestaban o nos decían que nos entendían pero nada más. Pedimos reuniones con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Salvador Illa. Llamamos a Moncloa, Vicepresidencia, Sanidad, Defensa y Migraciones. Lo que hicimos fue pedir auxilio. La pandemia está pasando, pero no se ha acabado. Pero lo que sí puedo decir es que hubo 25 o 26 días de infierno.
– Cuénteme uno.
– Empezamos a encontrarnos con residentes que habían fallecido y que seguían en las residencias. Un día llamé al director de una de las mejores funerarias con las que trabajamos y le pregunté por qué no venían a recoger a los difuntos. Y me contestó: ‘Porque no tengo equipos de protección para mandar a mi gente a recoger cadáveres. No puedo enviarles sin medida alguna de protección’. Ni venían los médicos a certificar la defunción, ni las funerarias a recoger los difuntos. Todo estaba desbordado.
CEAPS reúne a más de 1.800 residencias, un entramado con 90.000 trabajadores y alrededor de 200.000 de las 380.000 plazas que hay en toda España. O sea, más de la mitad de los ancianos que viven fuera de sus hogares está en las residencias representadas por Cinta Pascual, el 67% de las cuales gestionan pequeñas y medianas empresas.
Siete de cada 10 muertos por coronavirus han sido ancianos, gran parte de los cuales vivía en residencias. El Informe analítico de gestión en centros residenciales en España durante el Covid-19 denuncia el “abandono de las administraciones” a este mundo residencial y colectivo sobre el que se cebó la pandemia.
Por ejemplo, a la hora de derivar al hospital a residentes enfermos. “Aunque no se puede demostrar que haya existido una exclusión sistemática de la atención en Urgencias, sí se aprecia como una conducta reiterada y consistente durante los meses de marzo y abril”.
Así, el documento cita órdenes de Castilla y León para atender a residentes “sin necesidad de derivarlos” dotando para ello a las residencias de “personal, oxigenoterapia, tratamiento antibiótico venoso”. También refiere los “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria que estableció inicialmente la Comunidad de Madrid: “Pacientes subsidiarios de cuidados paliativos, pacientes con criterios de terminalidad oncológica, pacientes de terminalidad neurodegenerativa y pacientes con deterioro funcional grave más deterioro cognitivo moderado”.
Y sugiere que los protocolos de derivación de la Comunidad Valenciana “podrían dejar fuera a muchas de las personas residentes por sus perfiles, como nivel de demencia, enfermedades previas o esperanza de vida menor a un año.
“No hay datos que demuestren que la derivación hospitalaria de todos los residentes que lo hubieran necesitado y a la que tenían derecho hubiera rebajado el número de fallecimientos. Sí los hay de que, en las circunstancias en que se produjeron y con los síntomas que presentaban, en una circunstancia normal una alta proporción de residentes que han fallecido en residencias hubiera sido trasladada a servicios de urgencias hospitalarias”.
– ¿Hasta dónde influyó el colapso del sistema sanitario?
– Fue determinante. La gran pregunta que nos hacemos es: ¿Se hubieran podido salvar vidas de los que no se trasladaron a hospitales? En ciudades donde el sistema estaba colapsado no los trasladaban. Y eso nosotros no lo podíamos hacer. Era una decisión política. Yo estoy segura de que nadie quiso no ayudar, ningún político quiso que nadie muriera. Pero no puedes dejar a los enfermos en las residencias si no vas a traer personal, equipos de protección, goteros, mascarillas, test… Éticamente llegas a una conclusión.
– ¿Y cuál es esa conclusión?
– Que se produjo un cribaje de la población. El sistema estaba colapsado, no había camas para todos y se decidió para quién sí y para quién no.
– Es una afirmación muy fuerte…
– No ocurrió todos los días, ni en toda España, porque no toda España estuvo colapsada. Pero pasó. Fue un horror.
El informe de CEAP cuenta que el Estado “priorizó” la entrega de material de protección (EPI, mascarillas, guantes, batas, geles desinfectantes, pantallas) a los hospitales, pero que “no cumplió el protocolo de suministrar esos equipos a las residencias” porque los propios hospitales “no tenían suficientes para ellos mismos”.
“DESIGUAL” REPARTO DE TEST
Recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a la comunidad a entregar EPI a personal de las residencias en una sentencia del 13 de abril. Y que la Comunidad Valenciana o Andalucía conocían la carencia de material y desabastecimiento desde la primera y segunda semanas de marzo.
También asegura que la entrega de test para la detección de contagiados fue “desigual”, que se desatendieron peticiones urgentes de remesas de pruebas diagnósticas y que a día de hoy hay comunidades como Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León o Madrid donde no se han hecho testeos generalizados a residentes y trabajadores. Y que en ninguna residencia española se han hecho “testeos periódicos” a todos los empleados y usuarios.
– Qué hicieron ustedes sin material de protección y sin test?
– El 19 de marzo pedimos urgentemente el suministro de equipos advirtiendo de que el sistema se colapsaría esa misma semana. No tuvimos respuesta. Al día siguiente hicimos una petición masiva de mascarillas confiscadas por el Ministerio de Sanidad. El 3 de abril pedimos urgentemente test. Y el 6 de mayo hicimos una petición urgente de suministros. Hablábamos con las comunidades autónomas y nos decían que eso dependía del ministerio. Y hablábamos con los ministerios y no nos decían nada o que nos entendían. Ante la falta de respuestas intentamos comprar en el mercado.
– ¿Qué pasó?
– A principios de abril tuve una reunión muy dura con nuestros gerentes de distintas comunidades. Les dije que la situación era como una guerra en la que no teníamos armas, ni estábamos protegidos, y que había que buscar proveedores y hacer una compra masiva de material. Localizamos a un proveedor español que trabajaba con China y llenamos un avión con mascarillas, guantes, batas, test… El 1 de abril, el proveedor nos llamó diciendo que el avión estaba en el aeropuerto de El Prat y que tenía el OK del Gobierno. Pero pasaron los días con aquello paralizado y el 9 de abril el mando único decidió enviar todo ese material a otras partes.
El informe del Grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de CEAPS incide en la falta de personal que sufrieron las residencias debido a dos razones: se lo llevaba el sistema sanitario o sufría muchas bajas laborales.
– ¿Ustedes no hicieron nada para suplirlo?
– No paramos de advertirlo y de plantear soluciones. El sistema sanitario de las comunidades autónomas pagaba más. Además, a veces, a nuestro personal se le daba la baja por teléfono. El trabajador llamaba al centro de salud diciendo que estaba en contacto con personas que podían tener Covid y le decían que no se moviera de casa en 15 días. Sin siquiera haberle hecho una prueba. Se produjo el triple de bajas que entre el personal sanitario. El 15 de abril logré hablar por teléfono con la secretaria de Estado de Migraciones para pedirle que, al igual que se había hecho con los esquiladores, se permitiera entrar a sanitarios de América Latina que tenían titulación pero no permiso de residencia. Le pareció razonable y me dijo que hablara con una persona del área específica. Hablé con él, también le pareció adecuado y me pidió que se lo enviara por escrito en un correo. Redacté un email y aún no tengo respuesta.
– Si tuviera que elegir un momento de alivio y un momento de dolor, ¿cuáles serían?
– El mejor fue conseguir la derivación de un residente tras siete horas de negociación con un hospital. Al final, a la 1.30 horas de la madrugada lo ingresaron. Un mes después volvió a la residencia completamente curado. No hay palabras para esa alegría. Lo peor… Ver a un médico, en una visita rapidísima, no como las habituales, entrar habitación tras habitación y decir: ‘Morfina, morfina, morfina’.
