«Observación a la objeción», por Enrique García Maiquez

La conciencia de cada cual escapa al ámbito competencial de la ministra Irene Montero

Diario de Cádiz

Irene Montero, ministra de lo suyo, se ha declarado dispuesta a regular la objeción de conciencia de los médicos y enfermeros. Quiere evitar que el derecho de los sanitarios a su propia ética interfiera con el de las mujeres a abortar en un hospital público y cercano a su casa.

La ministra, ¿no sabe que no puede regular sobre el derecho a objetar de nadie? Ni ella ni el mismísimo Pedro Sánchez ni siquiera Iván Redondo. Puede cercar con multas, sanciones y penas a quien ejerza su derecho, aunque habría que ver qué dice el Tribunal Constitucional, si no está de vacaciones, y los tribunales internacionales. Pero incluso si los tribunales enteros del mundo las permiten, esas coacciones de la ministra no entrarían a regular la conciencia de nadie. Se sale de su ámbito competencial.

Lo dijo Pedro Crespo de forma clarísima en El alcalde de Zalamea: «Al rey la hacienda y la vida/ se ha de dar, pero el honor/ es patrimonio del alma,/ y el alma sólo es de Dios…». Creyentes o no, la conciencia es patrimonio del alma (o, más bien, otro nombre del alma) y ésa es patrimonio de cada persona en particular, aunque luego el Estado meta sus manos en nuestra hacienda y nuestra vida.

Alguno pensará que estoy partiendo un pelo en dos y que la ministra se está refiriendo precisamente a eso: a las consecuencias de objetar, que será una actividad que no tendrá un amparo ni una eximente siquiera en nuestro ordenamiento positivo. No sé. Temo que confunda los términos y crea que con amenazas y multas conseguirá domeñar la conciencia de los súbditos. Sería un error conceptual muy significativo de quien no conoce otro mundo que el de la materialidad y el poder.

Pero es que también nos viene bien recordárnoslo a nosotros, empezando por mí. La conciencia de cada cual es, como mínimo, una república independiente, y para otros un patrimonio de Dios, como decía el personaje de Calderón. Lo importante, en todo caso, es que esas consecuencias administrativas, económicas o penales que deriven de nuestra actuación conforme a nuestra conciencia pueden intentar condicionarla o conquistarla, pero, sin el colaboracionismo del individuo, es imposible.

La objeción de conciencia no es una concesión burocrática. Es la propiedad más sagrada de la persona y ese título de propiedad es muy importante que lo tengamos todos muy presente. No vayamos a tener que defenderlo con uñas y dientes más pronto que tarde.

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