Montón reitera su rechazo a que el farmacéutico pueda objetar, pese al reconocimiento del TC

Reproducimos la noticia de unas recientes declaraciones de la ministra de Sanidad, contestadas por la Presidenta de ANDOC, y que recoge en su edición de hoy, la revista farmacéutica El Global.

La ministra de Sanidad ya emprendió una lucha contra este derecho, sin resultados, cuando era consejera valenciana

“¿Cabe que las farmacias se nieguen a vender por razones de conciencia la píldora del día después?” “No”. La autoría de la pregunta corresponde al periodista de El Mundo Rafael J. Álvarez, mientras que la de la rotunda y concisa respuesta es de la actual máxima responsable de la Sanidad nacional, Carmen Montón. En una reciente entrevista publicada por este medio, la ministra de Sanidad ha vuelto a manifestar su rechazo a que un farmacéutico comunitario pueda negarse a dispensar este medicamento e incluso, en el caso de un titular, disponerlo en el stock del establecimiento. Una postura que, cabe recordar, ya manifestó repetidamente en su anterior etapa como consejera de Sanidad Universal en Comunidad Valenciana, y le llevó a anunciar —también en sus primeros pasos en el cargo— que “actuaría” contra los farmacéuticos objetores valencianos.

“No se pueden anteponer los condicionantes morales a los derechos fundamentales”, indicó por entonces Montón respecto a la disyuntiva entre la objeción de conciencia y el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su salud sexual y reproductiva. Ahora bien, la nueva negación de la ministra debe situarse más en el lado del deseo —pese a la capacidad de toma de decisiones que le otorga el cargo— que en el de la realidad. Cuando menos, de la irrefutable realidad que impone la ley… O la Justicia (tanto monta). Y es que, donde Carmen Montón habla de un “condicionante moral”, el Tribunal Constitucional (TC) ve un “derecho” del profesional como manifestación de la libertad ideológica y religiosa que la Constitución reconoce en su artículo 16.1.

Así lo recogió el TC en una sentencia emitida en 2015, por la cual revocaba una sanción impuesta por la Junta de Andalucía a un boticario de Sevilla que se había negado a dispensar la PDD a una mujer. En concreto, este órgano judicial validó el “singular reconocimiento” del derecho a la objeción de conciencia que ampara a los farmacéuticos cuando se trata de dispensar este anticonceptivo. Es más, el fallo incidía en que el farmacéutico había dado los pasos necesarios para ejercitar su derecho, como es el caso de estar inscrito como objetor de conciencia en el COF de Sevilla , cuyos estatutos —como el de la práctica totalidad de colegios farmacéuticos— reconocen la objeción de conciencia como “derecho básico del farmacéutico colegiado en el ejercicio de su actividad profesional”.

El Constitucional concluía que el incumplimiento por el demandante de contar en su oficina de farmacia “con el “mínimo de existencias establecido normativamente” no puso “en peligro” el derecho de la mujer “a acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizados por el ordenamiento jurídico vigente”.

“Cuestión de respeto” para Andoc

La insistencia de la ministra no ha sentado especialmente bien en la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia (Andoc), una entidad constituida en 2001 y conformada por profesionales sanitarios, en su mayoría farmacéuticos.

“La objeción de conciencia es un derecho de todos los ciudadanos. Por tanto, resulta difícil de entender que alguien, y más un miembro del Gobierno, niegue a los demás lo que no toleraría q