Reproducimos la noticia de unas recientes declaraciones de la ministra de Sanidad, contestadas por la Presidenta de ANDOC, y que recoge en su edición de hoy, la revista farmacéutica El Global.
Tanto como consejera valenciana y ahora como ministra de Sanidad, Montón ha reiterado su rechazo a la objeción de conciencia en torno a la PDD
“¿Cabe que las farmacias se nieguen a vender por razones de conciencia la píldora del día después?” “No”. La autoría de la pregunta corresponde al periodista de El Mundo Rafael J. Álvarez, mientras que la de la rotunda y concisa respuesta es de la actual máxima responsable de la Sanidad nacional, Carmen Montón. En una reciente entrevista publicada por este medio, la ministra de Sanidad ha vuelto a manifestar su rechazo a que un farmacéutico comunitario pueda negarse a dispensar este medicamento e incluso, en el caso de un titular, disponerlo en el stock del establecimiento. Una postura que, cabe recordar, ya manifestó repetidamente en su anterior etapa como consejera de Sanidad Universal en Comunidad Valenciana, y le llevó a anunciar —también en sus primeros pasos en el cargo— que “actuaría” contra los farmacéuticos objetores valencianos.
“No se pueden anteponer los condicionantes morales a los derechos fundamentales”, indicó por entonces Montón respecto a la disyuntiva entre la objeción de conciencia y el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su salud sexual y reproductiva. Ahora bien, la nueva negación de la ministra debe situarse más en el lado del deseo —pese a la capacidad de toma de decisiones que le otorga el cargo— que en el de la realidad. Cuando menos, de la irrefutable realidad que impone la ley… O la Justicia (tanto monta). Y es que, donde Carmen Montón habla de un “condicionante moral”, el Tribunal Constitucional (TC) ve un “derecho” del profesional como manifestación de la libertad ideológica y religiosa que la Constitución reconoce en su artículo 16.1.
Así lo recogió el TC en una sentencia emitida en 2015, por la cual revocaba una sanción impuesta por la Junta de Andalucía a un boticario de Sevilla que se había negado a dispensar la PDD a una mujer. En concreto, este órgano judicial validó el “singular reconocimiento” del derecho a la objeción de conciencia que ampara a los farmacéuticos cuando se trata de dispensar este anticonceptivo. Es más, el fallo incidía en que el farmacéutico había dado los pasos necesarios para ejercitar su derecho, como es el caso de estar inscrito como objetor de conciencia en el COF de Sevilla , cuyos estatutos —como el de la práctica totalidad de colegios farmacéuticos— reconocen la objeción de conciencia como “derecho básico del farmacéutico colegiado en el ejercicio de su actividad profesional”.
El Constitucional concluía que el incumplimiento por el demandante de contar en su oficina de farmacia “con el “mínimo de existencias establecido normativamente” no puso “en peligro” el derecho de la mujer “a acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizados por el ordenamiento jurídico vigente”.
“Cuestión de respeto” para Andoc
La insistencia de la ministra no ha sentado especialmente bien en la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia (Andoc), una entidad constituida en 2001 y conformada por profesionales sanitarios, en su mayoría farmacéuticos.
“La objeción de conciencia es un derecho de todos los ciudadanos. Por tanto, resulta difícil de entender que alguien, y más un miembro del Gobierno, niegue a los demás lo que no toleraría que le fuera negado a sí mismo como ciudadano”, indica a EG Eva María Martín García, farmacéutica y presidenta de Andoc. Más en concreto, la presidenta de Andoc rechaza que este derecho se tilde de mero “condicionante moral”, como así lo calificó Montón cuando ejercía como consejera valenciana.
Igualmente, desde la Asociación se recuerda que en España tenemos “una amplísima red de farmacias y la píldora post-coital es muy fácil adquirir”. Cabe recordar que, por regla general, y de cara a amparar esta libertad del profesional, los estatutos de los colegios suelen reflejar que, además de registrarse como objetor, el farmacéutico implicado debe facilitar al paciente información sobre en qué otro establecimiento puede conseguir la píldora del día después.
De las declaraciones de la ministra no puede extraerse en ningún caso un interés explícito o atisbos de querer regular desde el Ministerio esta cuestión, cara a su prohibición. “Llegado ese hipotético caso, emprenderíamos las acciones que consideráramos oportunas para que se respete este derecho”, puntualiza Martín García.
En el caso valenciano, las intenciones de la por entonces consejera de “actuar” contra los farmacéuticos objetores no derivaron finalmente en nuevas regulaciones o sanciones algunas. A ello contribuyeron los presidentes de los colegios farmacéuticos regionales, al recordar que la cifra de farmacéuticos registrados como objetores —y que respaldaban— era insignificante (apenas una decena de profesionales) y que, por tanto, el acceso rápido y fácil a este anticonceptivo está “garantizado” en esta región.
Nuevo código deontológico del CGCOF
Cabe recordar que, junto a la doctrina sentada por los tribunales y los estatutos de los colegios, también desde el pasado mes de marzo el nuevo Código Deontológico de la Profesión Farmacéutica elaborado por el Consejo General —que deben hacer suyo los COF— también reconoce la objeción de conciencia como un derecho que ampara al farmacéutico a título individual.
Ahora bien, este código concreta que la objeción de conciencia “no es el cauce adecuado para resolver conflictos derivados de controversias científicas, técnicas y profesionales”, al igual que el ejercicio de este derecho “no debe limitar o condicionar el derecho a la salud de las personas”, indica, entre otras consideraciones. Desde Andoc se valora positivamente el “reconocimiento deontológico” de la objeción de conciencia, aunque creen que “el texto podría ser mejorado, respetando su espíritu, en los diferentes códigos que vayan promulgando los colegios provinciales”, dice su presidenta.
