El Gobierno canario presentará en julio una estrategia para los cuidados de los enfermos terminales
LA PROVINCIA – 28/06/2018
“Inoportuna”. Así definió ayer el doctor Marcos Gómez Sancho, fundador y exdirector de la unidad de medicina paliativa del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, la proposición de ley aprobada el martes en el Congreso de los Diputados para facilitar el derecho a morir a las personas con enfermedad o discapacidad grave sin ninguna opción de tratamiento y con libre voluntad, además de informes profesionales, de acabar con su vida, es decir, eutanasia.
Según Gómez Sancho, “no podemos empezar la casa por el tejado, es una irresponsabilidad política, lo primero es atender a los enfermos, la medicina es para salvar vidas, no para ayudar a morir”. Presentada por el Partido Socialista, la proposición legislativa se tramita en la Cámara Baja a pesar del voto en contra del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro, además de la abstención de Coalición Canaria.
En opinión del experto isleño, todos los años mueren en España alrededor de 75.000 personas “en malas condiciones, con un sufrimiento intenso pero evitable, porque la cobertura de los cuidados paliativos no alcanza el 50%”. Aunque también sufre el déficit, como el conjunto del Estado, Canarias se sitúa como una comunidad autónoma “pionera” en medicina paliativa desde los años 80 mediante, por ejemplo, la constitución de la unidad correspondiente en el Hospital El Sabinal de la capital grancanaria, antecesor del Doctor Negrín, recordó Marcos Gómez, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo de España en 2011, entre numerosas distinciones.
Atención de calidad
Precisamente, Gómez Sancho aprovecha su jubilación, entre otras actividades, para colaborar con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en la redacción de una estrategia en cuidados paliativos para “garantizar una atención de calidad”.
Anunciada en junio de 2016 en sede parlamentaria por el presidente autonómico, el nacionalista Fernando Clavijo, el nuevo documento de cuidados paliativos en el Archipiélago se presentará el próximo julio, según confirmaron ayer fuentes de Sanidad, área dirigida por José Manuel Baltar desde principios del pasado año. No obstante, la estrategia se comenzó a elaborar durante la etapa del socialista Jesús Morera al frente del departamento, en el cargo desde el inicio de la legislatura autonómica y hasta la ruptura del pacto de gobernabilidad CC-PSOE a finales de 2016, mediante un análisis de los recursos disponibles en cada área territorial del Servicio Canario de la Salud y una comparación con los estándares recomendados tanto por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos como por el Sistema Nacional de Salud.
Diseñado por el exdirector de paliativos en el Doctor Negrín, el documento ha contado con la participación de numerosos profesionales sanitarios con el objetivo de, además de reordenar los recursos y fijar las necesidades, desarrollar de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, aprobada por el Parlamento de Canarias durante 2015. “Es el camino”, sentenció Marcos Gómez Sancho sobre la inminente estrategia autonómica de cuidados paliativos en contraposición al proyecto legislativo estatal sobre la eutanasia.
Sin embargo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, consideró el martes la iniciativa como un “avance legislativo” del siglo XXI porque aporta las garantías normativas “suficientes” tanto para los pacientes como para los profesionales. En concreto, la propuesta del PSOE, que aboga por incluir la eutanasia como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, establece que la solicitud corresponderá al propio paciente, según sus “valores vitales”, con una discapacidad “grave”, un sufrimiento físico y psíquico “intolerable, insoportable e irreversible”, una “altísima” dependencia a otras personas y con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario.
Una vez solicitada, tras ser informado y formado debidamente por un médico, el enfermo deberá contar con una segunda opinión y, posteriormente, pasar por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, quienes dispondrán de la última palabra como consecuencia de la transferencia de competencias en materia de sanidad. El proceso no se extenderá más de 32 días desde la petición hasta la resolución final y, según los representantes socialistas, los médicos podrían apelar a la objeción de conciencia para no practicar la eutanasia.
“Holanda, Bélgica y Luxemburgo ya lo han regulado y en muchos otros países lo están debatiendo como nosotros, pero la ley que presentamos opta por el modelo más garantista. Hemos mantenido contacto con asociaciones del derecho a morir dignamente, con los profesionales sanitarios y con expertos que, de manera desinteresada, nos han ayudado en la elaboración de este texto tan complejo”, informó Lastra. A su juicio, la legislación propuesta garantiza la protección del derecho fundamental a la vida, reconocimiento que no es un derecho absoluto, sino que debe regularse en función de otros valores como, por ejemplo, la dignidad de la persona.
Desde el PP, en contra de la proposición de ley ha sido rechazada por el PP, consideraron que la tramitación de la normativa reconoce la “derrota” política, social y médica ante los enfermos. Además, los populares alertaron que el supuesto derecho esgrimido por los socialistas “no aparece” en la Constitución, ni en ningún convenio internacional, por lo que insistieron en que su aprobación supone un “fracaso” de cara a la sociedad, a quien la administración no es capaz de ofrecer otra salida más que la muerte.
No obstante, la mayoría de partidos apoyaron la iniciativa, incluido Ciudadanos, que se abstuvo en la toma en consideración de una proposición no de ley presentada por el Parlament de Cataluña en el Congreso de los Diputados para despenalizar la eutanasia. “No vamos a oponernos porque el Tribunal de Derechos Europeos no permite que se despenalice el suicido asistido si no hay un marco jurídico”, argumentaron desde Ciudadanos, tras invitar a los grupos parlamentarios a ponerse en la piel de los médicos encargados de practicar la eutanasia para comprobar si son capaces de entrar en la habitación y observar el proceso de la muerte.
Diversos grupos parlamentarios destacaron el avance que supondrá regular la eutanasia, pero advirtieron a los socialistas con la presentación de enmiendas al texto. Algunas de las propuestas son afinar que la objeción de conciencia de los médicos sirva tanto en la sanidad pública como privada o que el consentimiento de la voluntad de una persona a fallecer y la reiteración del mismo no se convierta en algo mecánico.
