La diputada de IU Elena Cortés anuncia una recogida de firmas del PCA para que los hospitales públicos asuman este servicio
DIARIO SUR M. D. T. SEVILLA.
30 septiembre 2017
La Junta de Andalucía deriva las interrupciones voluntarias de embarazo previstas por la ley a 13 centros sanitarios privados de la Comunidad, según confirmó la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el Parlamento andaluz este jueves. Álvarez reconoció, en una interpelación de la diputada de IU Elena Cortés, que los preceptos morales y el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad han sido tenidos en cuenta a la hora de que el SAS decidiera concertar con empresas privadas el servicio sanitario de las interrupciones de embarazo voluntarias o abortos.
En la actualidad hay diez empresas que ofrecen dicha atención en Andalucía en los citados 13 centros. Estos están repartidos por todas las provincias, salvo la de Jaén, en la que ninguna empresa ha presentado oferta para hacerse con el servicio, según informó la consejera.
La diputada de IU y responsable del área feminista del PCA había preguntado a la consejera «por qué la sanidad pública no incorpora como práctica habitual la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos». Cortés dijo que son tres las provincias en las que no hay clínicas concertadas, lo que obliga a las mujeres a desplazarse «generando un sentimiento de culpa por esa sociedad patriarcal que las juzga permanentemente». Además, esto «genera una evidente situación de desigualdad», manifestó Cortés.
La diputada informó que el Partido Comunista de Andalucía ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas solicitando que las intervenciones «se hagan en hospitales públicos y que la formación en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres incorpore la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho».
Cortés pidió a la Consejería de Salud que «sea una aliada para combatir por tierra, mar y aire esa moral patriarcal y para normalizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo». Hasta ayer, el PCA había recogido cerca de quinientas firmas.
La consejera de Salud, Marina Álvarez, defendió que el SAS no ha recibido quejas de las mujeres atendidas en estas clínicas, a las que el SAS exige años de experiencia y la preservación de la intimidad de las usuaria además de vigilar por su seguridad jurídica en los abortos.
