(Ref abc.es)
El pleno del Senado ha aprobado este miércoles por mayoría absoluta la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Con el voto en contra de PP, UPN y Vox y la abstención del Partido Aragonés, la norma volverá ahora al Congreso de los Diputados después de que el PSOE decidiera incorporar algunas enmiendas al texto. Entre ellas, destaca el acceso de los médicos al registro de últimas voluntades del paciente para poder ejecutar la eutanasia sin necesidad de tener que consultar con los familiares o la agilización de la tramitación de las solicitudes a través del recorte de los plazos previstos, como proponía el Grupo Nacionalista (Junt’s per Cat y Coalición Canaria).
Según pudo saber ABC de fuentes parlamentarias, el Congreso podría ratificar o tumbar el próximo jueves 18 de marzo los cambios producidos en el texto durante su tramitación en el Senado. A partir de ese momento, la ley de eutanasia se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor a los tres meses, es decir, a mediados del mes de junio.
Durante el debate en el pleno del Senado, la socialista María Esther Carmona saludó la aprobación de la nueva «prestación de ayuda a morir» como «un paso más en las libertades y los derechos de la sociedad española». «Es un avance que los socialistas podemos atribuirnos», afirmó la senadora, quien no dudó en asegurar que la mejora del articulado tras su paso por la Cámara Alta convierte a esta ley «en una ley de país».
Desde el hemiciclo, aplaudió la intervención de Carmona su homóloga en el Congreso María Luisa Carcedo, autora intelectual de esta proposición de ley. Junto a ella, se encontraban también familiares de Maribel Tellaetxe, enferma de alzhéimer que murió en 2019 a la espera del desbloqueo de la eutanasia y Ángel Hernández, que fue investigado por cooperación al suicidio de su mujer María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple.
La proposición de ley que contó con 155 votos a favor, 100 en contra y tres abstenciones, será la menos restrictiva de todas las que existen. España además se convertirá en el único país de Europa con una «prestación de ayuda a morir», pero sin un acceso universal a los cuidados paliativos. Luxemburgo, Bélgica y Holanda -los únicos países europeos que tienen regulada la eutanasia- superan ampliamente a nuestro país en la cobertura de cuidados al final de la vida.
Para el senador del Partido Popular, Antonio Román, la ley de eutanasia «no es una ley de progreso sino de retroceso» como demuestra el hecho de que «grandes naciones como Francia, Alemania o Italia no hayan abordado ninguna propuesta legislativa» como la debatida este miércoles en el pleno del Senado.
El popular aseguró que el PSOE no pretende garantizar el cuidado de los enfermos al final de la vida ni mejorar su propia ley de eutanasia sino «vender la conquista de un nuevo derecho». «Y eso les ha llevado a ser activistas no legisladores. Me da pena que consideren la eutanasia como un triunfo cuando el triunfo sería que el Estado cumpla con su deber de proteger la vida con un acceso universal a los cuidados paliativos», afirmó el senador, quien subrayó que la nueva norma «tiene numerosas dudas sobre su encaje constitucional».
«Nuestro triste consuelo»
Pese a contar con el apoyo de una amplia mayoría, varios grupos parlamentarios (ERC, Ciudadanos, Geroa Bai, Junts per Cat, PNV) reprocharon al Gobierno la «deficiente tramitación» de esta proposición de ley, que convertirá el «derecho a morir» en una prestación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).
«Lamentamos no haber podido debatir con la tranquilidad necesaria la gran cantidad de enmiendas presentadas, enmiendas imprescindibles que habrían hecho que trajéramos a este pleno una ley mucho mejor. Esta ley no es perfecta pero es necesaria y ese va a ser nuestro triste consuelo», aseveró el senador del Grupo Parlamentario Nacionalista, Josep María Pinar (Junts per Cat).
El más crítico fue el portavoz del Grupo de Izquierda Confederal, Koldo Martínez (Geroa Bai), quien recordó al Gobierno «la escasa seguridad jurídica» de la nueva normativa. «La ley es deficiente, está redactada con muy poca calidad y lleva a una enorme confusión», aseguró.
Según subrayó, el actual articulado además no especifica quién será el responsable de inyectar al paciente el fármaco letal. «Nosotros proponíamos que fuera el denominado médico responsable y lo hacíamos por considerarlo importante en sí mismo y también para saber quién puede hacer objeción de conciencia», explicó este senador, que ha trabajado como médico intensivista durante más de veinte años. Durante su intervención, el senador anunció que los propios miembros del PSOE le revelaron que «el agente último en ejecutar la eutanasia será el personal de enfermería».
Koldo Martínez, cuyo grupo votó a favor de la nueva regulación, también se mostró absolutamente en contra de que se permita al médico presentar la solicitud de eutanasia, al considerar que es «absolutamente discordante con la afirmación del derecho personalísimo sobre el que se fundamenta la ley». El médico, que se mostró muy crítico con la celeridad con la que se ha tramitado la ley y su entrada en vigor prevista a los tres meses de su publicación en el BOE, criticó que la ley no regule el suicidio asistido.
La senadora Laura Castel, del grupo ERC-Bildu, defendió la ley de eutanasia como «el reconocimiento del derecho a la autodeterminación personal», pero admitió que la posición de su partido es «muy crítica con la técnica y la calidad jurídica del texto de la ley, con el debate inexistente y con la actitud refractaria del partido socialista respecto a las propuestas de enmiendas».
Contrariamente a lo que el Gobierno de coalición defiende, la práctica de la eutanasia está muy poco extendida en el mundo. Solo seis países la tienen regulada. Son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia. El pasado mes de enero se sumó Portugal, pero su entrada en vigor está pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional. La despenalización del suicidio asistido tampoco está muy extendido. Es legal en Suiza, Alemania, Japón y algunos estados de Estados Unidos (Washington, Oregón, Colorado, Vermont, Montana y California) y uno de Australia (Victoria). En total, apenas el 2,5 por ciento de la población mundial tiene acceso al llamado «derecho a morir».
