La Razón, 1 de junio de 2021
Es legal manifestarse frente al Congreso e increpar a los diputados, siempre que sea pacíficamente. Si haces eso mismo junto al domicilio familiar de un cargo público, es «jarabe democrático». Hacerlo ante una clínica abortiva, es delito. Esas clínicas prestan a la sociedad un bien tan importante, y sirven tanto al interés general, que requieren de una protección legal y penal como nadie en España.
Esta aberración jurídica y, sobre todo, moral, da una idea del abismo ético en el que nos encontramos. Lo dice todo que el grupo socialista se convierta en el defensor de la patronal del negocio del aborto. Con sus iniciativas en favor de la muerte, como la de la eutanasia o ésta, el partido sanchista es la punta de lanza de lo que san Juan Pablo II, calificó acertadamente como «la cultura de la muerte». Mientras, Sánchez nos dice que para llegar a 2050 tenemos que acoger a 250.000 inmigrantes cada año. Sin comentarios.