ALFA Y OMEGA.- 8-JUL-2015
En el Hospital Comarcal de Valdeorras, en Orense, no se practican abortos porque todos los médicos implicados han objetado. Cuando se aprobó la Ley Aído, el doctor Rolando Perrotta, anestesista, y el jefe de Ginecología hablaron por separado con los responsables del hospital, para anunciarles que no iban a practicar abortos. Poco después, los cinco anestesistas del hospital firmaron una carta a la gerencia del hospital declarándose objetores. «Luego hablamos con los ginecólogos, ellos estuvieron de acuerdo, e hicieron otra, también todos».
Este anestesista tomó la decisión de objetar porque la ley de 2010 preveía que se practicaran más abortos en hospitales públicos. Pero su postura sobre el aborto la tenía ya clara: «En el momento en que un óvulo y un espermatozoide se unen, han creado un ser humano. Es más fácil destruirlo porque es pequeñito y al principio no tiene forma humana, pero es un ser humano que evoluciona minuto a minuto hasta salir de la madre». Esta opinión se afianzó hace cuatro años, cuando nació su hija, que tiene síndrome de Down. Cuando se lo diagnosticaron, «a mi mujer, en la clínica, le ofrecieron abortar. Ella dijo que no. Mi hija no está muy afectada. Lo que le cuesta más es hablar, y tiene lentitud para crecer o hacer tareas más complejas. Pero es muy despierta, y en la escuela la quieren muchísimo».
El doctor Perrotta y sus compañeros han tenido suerte. Al estar directamente implicados en el aborto, la ley contempla su derecho a la objeción, aunque sea en grupo. Sin embargo, no son tan afortunados los médicos de atención primaria contrarios al aborto. Ellos tienen que derivar a las mujeres para abortar, y la ley no les permite objetar. De hecho, según José Antonio Díez, de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), ahora mismo hay ante el Tribunal Constitucional tres casos de médicos de atención primaria que reclaman que se les permita ejercer este derecho fundamental.
