(Ref abc.es)
Escaso optimismo circulaba ayer entre los grupos parlamentarios del PP y Vox sobre la posibilidad de que prospere este jueves en el pleno del Congreso sendas propuestas legislativas para tumbar la proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, presentada por el PSOE. La norma socialista fue tomada en consideración por el Parlamento el pasado mes de febrero con el apoyo de Ciudadanos, Unidas Podemos (UP), ERC, PNV, JpC, Bildu, Más País, Compromís, CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC, BNG y Teruel Existe.
«Tenemos muy pocas posibilidades o ninguna», aseveraban ayer desde las filas de Vox. Tanto los populares como el partido de Santiago Abascal han presentado sendos textos que coinciden en proponer como alternativa una regulación de los cuidados paliativos.
La propuesta del PP «relativa a los derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida» plantea una ley para unificar los cuidados paliativos en todo el territorio español, puesto que no existe una armonización legislativa nacional entre las comunidades autónomas. La enmienda también propone garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios y la dignidad de la persona en los instantes finales de la vida evitando el sufrimiento innecesario. Para ello, dispone que los profesionales sanitarios que se dedican a esta áera, como geriatras, enfermeros, etc. tengan una formación específica en cuidados paliativos. El texto de los populares, que será defendido este jueves por José Ignacio Echániz, contempla también permisos laborales regulados para los familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad de un paciente.
La enmienda de Vox plantea, por su parte, «garantizar el derecho de las personas a acceder a unos cuidados paliativos avanzados y de calidad». Para ello establece que el Sistema Nacional de Salud (SNS) cuente con «el número y la dotación necesaria de servicios de cuidados paliativos» tanto en los hospitales como en la atención domiciliaria. Establece además habitaciones de uso individual para los pacientes que se encuentren al final de la vida y apoyo y asistencia a los familiares.
Sin debate público
La ley del PSOE que se tramita actualmente en el Congreso ha sido muy contestada públicamente por el fondo y por la forma, ya que al presentarse como proposición de ley no será obligatorio contar con la opinión del Consejo de Estado o el Comité de Ética. Además contempla puntos muy polémicos como la de considerar los fallecimientos por eutanasia como «muerte natural» o la de permitir que se aplique el suicidio asistido a un paciente que pese a encontrarse en una situación incapacitante «haya dejado por escrito con anterioridad un documento de instrucciones previas o documento equivalente».
La Iglesia y las asociaciones pro vida no han tardado en rechazar la nueva ley que considera la eutanasia como «un nuevo derecho individual». Hoy la asociación Derecho a Vivir presentará en el Congreso más de 50.000 firmas de ciudadanos para pedir a los diputados que voten a favor de los cuidados paliativos y con ello «intentar frenar el inicio del trámite parlamentario de una atenazante ley de eutanasia en un estado social desbordado y con un sistema sanitario al borde de colapsar por la pandemia de Covid-19».
«Urge una atención paliativa de alta calidad allí donde esté instaurada e implantarla donde no lo esté, por humanidad -para evitar el sufrimiento evitable-, por eficacia en los resultados, por el imprescindible freno a la eutanasia, por rendimiento económico y por oportunidad política», asegura a ABC la portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia.
