(Ref abc.es)
En los momentos más duros de la pandemia, cuando el nuevo coronavirus se extendía como una peste por el mundo y no había material sanitario para protegerse, el Ministerio de Sanidad distribuyó entre los profesionales sanitarios más de 700.000 mascarillas inservibles. Era el modelo N95 de Garry Galaxy, una empresa que no tenía licencia para la fabricación de material hospitalario cuando la contrató el Ministerio, aunque sí marcado CE. El entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció el error y el 15 de abril de 2020 pidió la retirada de las partidas defectuosas. Pero entonces ya era demasiado tarde. Un número indeterminado de sanitarios que las utilizaron en lo peor de la crisis se contagiaron y los sindicatos médicos se querellaron contra el ministro Illa.
Ya no hay vuelta atrás con las muertes y el sufrimiento causado, pero ayer la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) sumó una pequeña victoria. El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid anunció la apertura de diligencias previas contra Salvador Illa por el escándalo de aquellas mascarillas fallidas.
Es solo un primer paso. En el auto, el juez señala que se deben «incoar diligencias previas po r el presunto delito contra los derechos de los trabajadores». Así, exige que se dé traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia de este órgano o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, habida cuenta del carácter de aforado del querellado [ Illa es diputado en la Cámara autonómica]. «Además, en caso de resultar este órgano el competente para su conocimiento, deberá informar sobre la pertinencia de la admisión a trámite de la presente querella», afirma la plataforma sindical en un comunicado.
La decisión del juzgado de Madrid es un pequeño triunfo para los sindicatos médicos «porque el tribunal ve que hay motivos para nuestra denuncia y la eleva», apunta Gabriel del Pozo, secretario general de CESM, la plataforma mayoritaria que agrupa a los sindicatos médicos.
La denuncia va dirigida contra el ministro de Sanidad porque era entonces el responsable de toda la Sanidad española y las comunidades autónomas no tenían poder decisión durante el estado de alarma.
«Incapaces de valorar la gravedad de la situación»
China, entonces, era el bazar donde los países negociaban la compra de material como si fuera el lejano oeste. Ningún país estaba preparado para soportar una pandemia como la que cruzó el planeta. Pero en España se hicieron peor las cosas, asegura Gabriel del Pozo: «El Gobierno lo hizo mal. Les pilló el toro y fueron incapaces de valorar la gravedad de la situación. Y cuando se lanzó a comprar material lo hizo tarde y mal».
Todos los países buscaban material de protección sanitario a la desesperada, aunque según los sindicatos la situación se agravó en España porque el Ministerio no tenía una red para adquirir material sanitario. La competencia está descentralizada en 17 sistemas de compras diferentes, tantos como el número de autonomías.
Los sanitarios se sintieron «desprotegidos desde el primer día», dicen los sindicatos. Y, además, insultados. «Nos decían que nos hacíamos fotografías vestidos con bolsas de plástico porque queríamos llamar la atención, cuando lo único que intentábamos era protegernos con lo que podíamos. Evidentemente no estábamos jugando», recuerda del Pozo. La razón se la da también en número de muertes. España es el país con más médicos fallecidos de la UE.
