El Consejo Constitucional francés ha respaldado la ley de eutanasia y suicidio asistido aprobada hace un mes por la Asamblea Nacional. Con esto, en principio, termina el accidentado y discutido periplo legal del texto, que ha sido una de las grandes apuestas legislativas del presidente Macron en su segundo mandato. Para que la norma entre en vigor solo falta que en los próximos meses se aprueben los decretos de aplicación y los reglamentos, que especificarán los aspectos técnicos de los procedimientos.
Fuente: AcePrensa.com Autor: Fernando Rodríguez-Borlado
El Consejo Constitucional ha respaldado el núcleo de la ley: el llamado derecho a la “asistencia activa para morir” (el término usado para referirse tanto a la eutanasia como al suicidio asistido). Tampoco se opone a los supuestos que la ley establece para poder recibir la eutanasia o la ayuda al suicidio asistido: además de ser mayor de edad, residir establemente en el país y tener plena capacidad de discernimiento en el momento de la petición, se ha de padecer una enfermedad grave e incurable en fase avanzada o terminal y presentar un sufrimiento físico o psicológico insoportable que los tratamientos no puedan aliviar.
No obstante, el texto de la ley no ha salido “indemne” tras su paso por el órgano constitucional; un órgano que tiene funciones similares a las del Tribunal Constitucional español.
El dictamen introduce importantes enmiendas en lo que se refiere a la objeción de conciencia, que ahora queda más protegida que en la redacción original. Como las decisiones del Consejo son vinculantes, el Gobierno deberá adoptar estas salvaguardas.
Una ley polémica
La norma aprobada hace un mes por la Asamblea Nacional había sido rechazada dos veces por el Senado, la cámara alta. En la propia cámara baja, donde los partidos en principio favorables al texto son clara mayoría, el texto fue perdiendo apoyos durante el proceso de tramitación. Finalmente contó con 291 votos a favor, 241 en contra y 29 abstenciones.
Se rompe, de esta forma, con el amplio consenso del que habían gozado las normas precedentes sobre el fin de la vida. La actual división parlamentaria contrasta con la aprobación casi unánime de la llamada “ley Leonetti”, de 2005, que establecía el derecho del paciente a rechazar el encarnizamiento terapéutico pero no aprobaba la eutanasia; una reforma posterior, en 2016, incluyó el derecho de la sedación terminal, aunque –al menos en teoría– como procedimiento paliativo, no para acelerar la muerte.
La norma ha sido criticada por distintas sociedades médicas, por importantes figuras del panorama intelectual francés y por un sector importante de la ciudadanía
La oposición a la nueva ley no solo se ha producido en el Parlamento. Una de las facetas de la ley que más ha sido discutida es la falta de equilibrio entre la afirmación de un derecho a morir y el insuficiente desarrollo de los cuidados paliativos en el país. Esta queja pudo escucharse tanto en la convención ciudadana convocada por Macron como en las intervenciones parlamentarias de médicos paliativistas (lo que, en cualquier caso, muestra que ha habido una preocupación por dar voz a la sociedad en el debate, algo que no ocurrió en la tramitación de la ley española).
Por otro lado, un grupo de 57 personalidades del ámbito de la ciencia y la bioética francesas publicaron un comunicado conjunto en el que manifestaban su oposición al fondo del asunto, el supuesto derecho a morir basado en la autonomía del paciente:
“Porque este texto sería mucho más que una simple opción; establecería una nueva norma para la muerte. Crearía automáticamente, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, una categoría de personas para quienes la sociedad consentiría la muerte, e incluso la organizaría”.
La norma recién respaldada por el Consejo Constitucional también ha sido criticada por algunas figuras destacadas del panorama intelectual francés. Especialmente relevante ha sido la tribuna en Le Point firmada por el escritor Michel Houellebecq y el profesor Laurent Frémont. Al igual que el texto de los 57 científicos, los autores apuntaban a la raíz del debate: el abuso que supone convertir la vulnerabilidad en un trampolín hacia la muerte.
Con todo, la ley aprobada en Francia es más restrictiva que la española. Por ejemplo, como recordaba recientemente Luis Rivas en la revista Ecclesia, no admitiría la aplicación de la eutanasia en un caso como el de Noelia Castillo, pues el texto especifica que “el sufrimiento puramente psicológico, sin patología física grave subyacente, no da acceso a este derecho”.
Objeción de conciencia: una victoria, con peros
El European Center for Law and Justice (ECLJ), una organización no gubernamental dedicada a la defensa del derecho a la libertad religiosa y de creencias, ha sido una de las instituciones más involucradas en contra de la ley de eutanasia francesa. En una reciente entrevista por videoconferencia, Grégor Puppink, su presidente, analizaba el dictamen del Consejo Constitucional.
Los centros privados, confesionales o no, podrán negarse a ofrecer eutanasias o suicidios asistidos, y los farmacéuticos, a proveer de las sustancias letales a los médicos
A pesar del aval al grueso de la ley, Puppink se mostraba satisfecho por la rectificación en lo que se refiere a la objeción de conciencia de los médicos y farmacéuticos. En concreto, el dictamen corrige la norma para garantizar que ninguna institución médica privada, sea confesional o no, se vea obligada a participar en eutanasias o suicidios asistidos. Esto –explica en el vídeo– permitirá a estos centros convertirse en lugares de confianza para personas vulnerables, y también para sus familias; es decir, en “refugios” contra la mentalidad eutanásica que, en su opinión, se irá instalando progresivamente en centros públicos, pese a que la ley faculta a los médicos de estos establecimientos a negarse a participar por motivos de conciencia. Como las instituciones no tienen “conciencia”, la argumentación del ECLJ se ha basado en el derecho a la libertad de asociación, que implica también la de gobernarse según unos principios éticos propios. Eso sí, la norma exige que estos principios estén recogidos explícitamente en los estatutos del centro.
El Consejo Constitucional añade otro límite a la libertad de actuación de las instituciones privadas: para que puedan sustraerse a las eutanasias y suicidios asistidos, debe existir cerca otro centro médico donde sí se practiquen. En esto, el dictamen copia lo dispuesto en la ley del aborto.
La protección de la conciencia de los farmacéuticos también era importante para el ECLJ, puesto que, a diferencia del aborto, los suicidios asistidos no siempre requieren de un ambiente hospitalario: los pacientes podrían consumir en sus casas las sustancias letales que les receten los médicos. Por eso, Puppink considera una victoria que el dictamen extienda a los farmacéuticos la posibilidad de negarse a proveer a los hospitales de estos “medicamentos”.
El médico sigue teniendo la última palabra en casos dudosos
El Consejo Constitucional añade otras salvaguardas que buscan evitar la precipitación en los procesos de eutanasia, una queja señalada por distintos detractores de la ley. No obstante, se trata de precauciones más bien simbólicas, cuyo efecto práctico podría ser muy limitado. Por un lado, el órgano constitucional exige que la reunión entre el médico y otros especialistas, que la ley exige antes de aprobar una eutanasia, se produzca de manera presencial (salvo que esto sea muy complejo), lo que podría ayudar a que el intercambio de pareceres sea más profesional. Por otro, los tutores legales de las personas que hayan solicitado la eutanasia, pero no se encuentren con capacidades plenas de discernimiento cuando esta se vaya a aprobar, podrán impugnar la decisión del médico, aunque esta intermediación solo tendrá un valor consultivo para el médico, que seguirá teniendo la última palabra.
En cualquier caso, Puppink considera que el dictamen puede ser un buen apoyo para seguir dando la batalla contra la ley francesa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también contra las de otros países donde se ha aprobado una norma similar en los últimos años, como España y Portugal. También será útil la declaración, contraria a la ley, de la Relatora Especial de la ONU sobre Libertad Religiosa y de Creencias. Incluso si no se consiguiera nada por la vía judicial, la ley de eutanasia francesa será, gracias a la labor de ECLJ y de distintas organizaciones médicas y ciudadanas, la primera que reconoce explícitamente el derecho de las instituciones médicas privadas a no cooperar a la muerte de sus pacientes.
Comparte este artículo en tus redes sociales.
También te puede interesar:
- Un Giro Antropológico en Francia: La Iglesia Ante la Nueva Ley de «Ayuda para Morir»
- Países Bajos supera los 10.000 casos de eutanasia al año tras 25 años de ley, ante la indiferencia de Occidente
- Alida Azabal: Autorizan la eutanasia a una malagueña de 25 años que padece una enfermedad neurodegenerativa
- Ramón Goyarrola: Las primeras causas para pedir la eutanasia son espirituales
