diariomedico.com
05.06.2014
Los juristas y bioéticos María Casado y José Miguel Serrano difieren en su valoración de la reforma, pero coinciden en señalar “un exceso de burocracia”, para recabar los informes médicos.
El anteproyecto de Ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada será modificado durante su trámite, según vaticinaron ayer María Casado, titular de la cátedra Unesco de Bioética de la Universidad de Barcelona y exmiembro del Comité de Bioética de España (CBE), y José Miguel Serrano, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del CBE, en la conferencia plenaria del XXIII Congreso Derecho y Salud, organizado por Juristas de la Salud, en Barcelona.
Casado y Serrano mostraron explícitamente lo alejado de sus posiciones sobre el texto de la reforma legal elaborado por el Gobierno. No obstante coincidieron en un punto: la necesidad de evitar la excesiva burocracia en la solicitud de los informes médicos de asesoramiento, un aspecto que, por otro lado, el CBE recoge en su informe sobre el anteproyecto, en el que aconseja que sea un equipo multidisciplinar el que haga la valoración médica de la mujer, evitando a ésta “peregrinar” por distintos centros.
Ley en vigor
Casado defendió la ley del aborto vigente: “Es bastante correcta, no ha generado conflictos en su aplicación”. Y criticó la reforma que propone el Gobierno “comenzando porque suprime la decisión de la mujer en las primeras semanas”. A su juicio, la penalización del aborto hará que sea clandestino y no lo evitará, y supondrá una doble discriminación: además de la de tipo sexual, que impone la biología de la mujer, la de clase, puesto que sólo las mujeres con recursos económicos podrán eludir el cumplimiento de la ley.
Insistió en que “obligar a gestar a golpe de norma es más que discutible”, así como “convertir la mujer en instrumento de maternidad”. También criticó que con tanta burocracia (información, certificados, instancias, peregrinación por centros) la intimidad de la mujer resultará vulnerada. “Creo que no se aprobará y si se hace será con un texto muy descafeinado”, concluyó.
Serrano, por su parte, manifestó que el debate del aborto y la eutanasia no tiene peso electoral y los dos asuntos “se arrastran sin solución desde hace tiempo”. Recordó que la actual ley de plazos de facto “no se acomoda a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 de interpretación del artículo 15 de la Constitución. Un sistema de indicaciones se amoldaría mejor”, aseguró.
Tras participar en la elaboración del informe del CBE, Serrano concluyó que en el paso de un sistema de plazos a uno de indicaciones no habrá demasiada discusión parlamentaria pero sí lo habrá en si es compatible y penalmente aceptable no sancionar a la mujer. Y por supuesto, en la elección de las indicaciones: aborto por riesgo para la salud de la madre, por violación, por anomalía en el feto (eugenésico). Serrano afirmó que este último supuesto supone discriminación para personas con algún tipo de deficiencia y reveló que este punto causó escisión real en el CBE, si bien defendió la redacción actual de la norma.
Otros puntos de debate político serán, desde su punto de vista, la indicación de salud psíquica de la madre y la intervención de los médicos. Sin olvidar que con las indicaciones, en lugar de los plazos, como introduce la reforma, no está claro que se vayan a reducir drásticamente los 110.000 abortos anuales en España.
Serrano compartió con Casado que la nueva ley, tal y como está redactada ahora, supondrá “una carrera de obstáculos”.
