El presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Txantón Martínez-Astorquiza, cuenta «lo que hay» en relación a la objeción a realizar abortos.
«Ninguna región que conozca tiene un listado para que el ginecólogo obstetra se registre como objetor al aborto. Nunca nos han pedido esto para objetar. Dirijo un servicio de 75 ginecólogos y ginecólogas y sé perfectamente quién no hace abortos, que son la inmensa minoría. Y los conozco con nombres y apellidos. La inmensa mayoría hacemos abortos, como una práctica habitual del servicio».
Txanton Martínez-Astorquiza, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Cruces, en Bilbao, ha respondido a este medio en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que admite el recurso de amparo a una mujer de Murcia, que fue enviada a abortar a Madrid.
En su sentencia, el Constitucional reconoce el derecho del ginecólogo a objetar a realizar las interrupciones del embarazo que admite la ley, como un derecho individual del profesional, que debe manifestar con antelación y por escrito. Y ahí, el Constitucional señala en la sentencia la reciente reforma de la ley del aborto, donde se introdujo la obligación para las comunidades autónomas de contar con un registro de objetores al aborto.
Martínez-Astorquiza continúa: «Sé que hay comunidades donde todos los ginecólogos se han manifestado objetores. Ahora, desconozco cómo lo han manifestado, pero lo sé, porque a mí, consejeros de otras autonomías, limítrofes al País Vasco, me han llamado para pedir si, por favor, podíamos enviar a alguien que pudiera hacer aborto. Esto fue el año pasado, después del verano. Y yo hice lo que pude…»
Pregunta: Y ¿qué hizo?
Respuesta: Pues le dí el nombre y apellidos de un profesional. Les puse en contacto. No sé en qué quedó. Pero sí, un médico del País Vasco se fue a una comunidad autónoma cercana para realizar abortos legales. Ahora, ¿cómo hacen las comunidades autónomas que no consiguen ningún profesional que haga abortos? Pues envían a la paciente a otra zona limítrofe donde le hagan el aborto. No digo que esté bien o mal, cuento lo que ocurre. Y en el País Vasco no tenemos ningún problema en este sentido.
P.: En todo caso, lo que el Constitucional reconoce es algo que, como no puede ser de otra manera, recoge la ley, que es una objeción por escrito y, tras la reforma, en un registro.
R.: El Tribunal Constitucional tendrá que obligarnos a hacer esas listas, porque eso, ahora mismo, no está siendo así.
P.: Este registro de objetores fue una de las novedades que introdujo la reforma del aborto en febrero de 2023. ¿Usted no tiene conocimiento de que se haya puesto en marcha en ninguna comunidad autónoma?
R.: Esto no se ha ejecutado. No. Que yo sepa, no. En mi comunidad autónoma no se ha hecho. Y no pongo la mano en el fuego por otras, pero a mi no me consta.
Soy el jefe de servicio de Ginecología del hospital más grande del País Vasco y no hemos hecho una lista de objetores de las 75 personas [ginecólogos] que trabajamos aquí. Ni el Colegio de Médicos, ni la Consejería. Nadie me ha enviado una orden pidiendo una lista de objetores. ¿Que no estamos cumpliendo la ley? Pues, no lo sé.
P.: Usted es el presidente de los ginecólogos y desde la sociedad que preside se han manifestado en contra de ese registro de objetores.
R.: Sí, estamos en contra del registro porque ese registro puede condicionar otras cosas, otras contrataciones. Puede llevar a que contraten a un ginecólogo solo porque hace abortos y no por otros méritos.
Creo que es una obligación que se impone y no es correcto, porque tú no tienes por qué decir lo que eres. Es como si me obligan a decir a quién voto o si soy católico o no. Entiendo que desde el punto de vista de la organización del servicio pueda tener su lógica, pero rompe el derecho del profesional a reservarse su opinión sobre determinadas cuestiones de su intimidad. Estoy en contra de esta lista, pero si la ley me obliga, pues se cumple. Yo represento a muchos ginecólogos y haremos lo que nos diga la ley.
P.: En todo caso, la creación del registro de objetores es una obligación del Gobierno autonómico, no del profesional.
Otra cosa, hay otra cuestión que se ha puesto de manifiesto en el caso de la mujer de Murcia y es el derecho que tiene la mujer a ser informada sobre las condiciones del feto, sobre su viabilidad.
R.: La información es un derecho. La mujer tiene que ser informada de todo, de las eventuales patologías, de las cosas que se le van a hacer y de los efectos secundarios que podría tener. Entonces, eso me parece grave, pero no conozco el caso de Murcia al detalle. Ahora sí, en general, hay que informar siempre a la paciente de lo que se sepa, de lo que se vea, que no siempre se ve todo.
P.: Y en general, ¿cómo puede actuar la SEGO ante mala praxis reiteradas de alguno ginecólogo en, por ejemplo, omitir esa buena información sobre el feto a la futura madre?
R.: Nosotros no somos ni una empresa, ni un sindicato. Nuestros objetivos son intentar hacer documentos y mantener la ciencia activa para preservar la salud de la mujer y garantizar las mejores praxis médicas en nuestra especialidad. No tenemos capacidad para perseguir malas praxis. Cuando se nos consulta en casos de denuncia, colaboramos enviando un perito para esclarecer lo ocurrido.
Pero la SEGO no se mete en malas praxis para denunciar a profesionales. No se debe meter en eso. Solo recuerdo hace muchos años, la Sociedad Vasca de Ginecología denunció a un profesional que actuaba como ginecólogo sin serlo. Pero eso es diferente.
Nuestros estatutos como sociedad científica no nos amparan para actuar en casos de denuncias de malas praxis. Nosotros estamos en el ámbito de la ciencia y no en el de la asistencia.
