eldiarionorte Navarra / Garikoitz Montañés
- Hasta ahora solo se ha manifestado dentro del Servicio Navarro de Salud de forma verbal el interés mayoritario por apuntarse al registro, pero únicamente hay cuatro personas que lo han formalizado
- El director general de Salud, Luis Gabilondo, reitera que el objetivo es realizar las IVE de forma “normalizada” y no con personal especializado en ello
- No concreta esas opciones alternativas, que por ejemplo podrían ser aumentar la plantilla o realizar derivaciones, hasta conocer de qué recursos se dispone
Por el momento, cuatro personas están apuntadas en el registro de profesionales que regula la objeción de conciencia en el Servicio Navarro de Salud, el sistema impulsado en 2010 para conocer qué parte de la plantilla estaba dispuesta a practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y cuál no. Otra cuestión es que la cifra se vaya a quedar ahí. Desde la Administración siempre han reconocido que auguran un aumento “importante” del número de personas apuntadas y, tras los primeros sondeos verbales entre el personal, parece que será así. El director general de Salud, Luis Gabilondo, reitera ahora que se espera un aumento “muy notable” de ese listado pero insiste en que, por ahora, ese personal no ha dado el paso para apuntarse y, con todo, asegura que la Administración “tiene alternativas” para garantizar la prestación del servicio. Por el momento y hasta conocer los recursos disponibles, no aclara cuáles.
Antes de anunciarse la voluntad del Gobierno Foral, recogida en el acuerdo programático firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, de practicar abortos en el sistema público (hasta ahora se derivan en los supuestos recogidos en la ley al sistema privado, mayoritariamente a la clínica Ansoáin), únicamente había una persona en ese registro. Al concretarse el borrador del decreto de salud sexual y reproductiva en el que se recoge cómo se prestará este servicio,eran tres. En la actualidad, llegan a 4. Sin embargo, tras las primeras consultas verbales recogida entre el personal, se habla de una voluntad mayoritaria de apuntarse a ese registro. Gabilondo reconoce que le ha llegado esa información, pero recalca que hay que tomarla con cautela hasta que ese personal figure formalmente en el registro, y defiende que está pulsada antes de la presentación del borrador.
Por el momento, cuatro personas están apuntadas en el registro de profesionales que regula la objeción de conciencia en el Servicio Navarro de Salud, el sistema impulsado en 2010 para conocer qué parte de la plantilla estaba dispuesta a practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y cuál no. Otra cuestión es que la cifra se vaya a quedar ahí. Desde la Administración siempre han reconocido que auguran un aumento “importante” del número de personas apuntadas y, tras los primeros sondeos verbales entre el personal, parece que será así. El director general de Salud, Luis Gabilondo, reitera ahora que se espera un aumento “muy notable” de ese listado pero insiste en que, por ahora, ese personal no ha dado el paso para apuntarse y, con todo, asegura que la Administración “tiene alternativas” para garantizar la prestación del servicio. Por el momento y hasta conocer los recursos disponibles, no aclara cuáles.
Antes de anunciarse la voluntad del Gobierno Foral, recogida en el acuerdo programático firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, de practicar abortos en el sistema público (hasta ahora se derivan en los supuestos recogidos en la ley al sistema privado, mayoritariamente a la clínica Ansoáin), únicamente había una persona en ese registro. Al concretarse el borrador del decreto de salud sexual y reproductiva en el que se recoge cómo se prestará este servicio,eran tres. En la actualidad, llegan a 4. Sin embargo, tras las primeras consultas verbales recogida entre el personal, se habla de una voluntad mayoritaria de apuntarse a ese registro. Gabilondo reconoce que le ha llegado esa información, pero recalca que hay que tomarla con cautela hasta que ese personal figure formalmente en el registro, y defiende que está pulsada antes de la presentación del borrador.
El tema es sensible y sigue generando debate dentro de la plantilla, entre quienes no querían que se siguieran derivando este servicio a clínicas privadas y el personal que no está dispuesto a realizar abortos, un tema que en Navarra ya generó movilizaciones de grupos católicos contra los profesionales sanitarios que lo prestaban tras la despenalización del aborto, en 1985. Si ese número de profesionales diera el paso de apuntarse al registro, algo para lo que tienen que rellenar una declaración (de lo contrario, matiza Gabilondo, solo son rumores; la cuestión es si influyen en la decisión del personal), la pregunta es en qué situación quedaría la realización de las IVE.
El jefe de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra, Ricardo Ezcurra, ya reconoció que tenía que conocer de cuánto personal disponía para poder organizar esta prestación. Las alternativas, en caso de no disponer de ese personal, pasarían por contratar plantilla o por hacer derivaciones, pero desde la Administración no mencionan estas posibilidades. Insisten en esperar hasta conocer el número de objetores y objetoras, y el listado está abierto hasta una semana antes de que se tenga que realizar una intervención de este tipo.
Un pacto tácito para no apuntarse
La razón para entender por qué este registro sigue, por el momento, sin aumentar fueron las dudas mostradas por el personal médico sobre la necesidad de figurar en un listado de este tipo, una fórmula que cuestionó el Colegio Oficial de Médicos. Incluso, entre el personal médico hubo un pacto tácito de no apuntarse en el listado hasta que realmente llegara el momento de realizar las IVE en el sistema público.
El sistema del registro, en cualquier caso, cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, y pretende garantizar, por un lado, la decisión del personal de no realizar los abortos por cuestiones de conciencia pero, por otro, asegurar también que se realiza ese servicio. Gabilondo, en este sentido, recalca que “esta práctica no le gusta a nadie, pero quien la hace toma esa decisión por una cuestión de convicción, por su compromiso con las mujeres que deciden hacerlo”. Gabilondo defiende, además, que la clave de este modelo es que se haga de forma “normalizada” dentro del sistema y no con un personal especialmente dedicado a ello.
El tema es sensible y sigue generando debate dentro de la plantilla, entre quienes no querían que se siguieran derivando este servicio a clínicas privadas y el personal que no está dispuesto a realizar abortos, un tema que en Navarra ya generó movilizaciones de grupos católicos contra los profesionales sanitarios que lo prestaban tras la despenalización del aborto, en 1985. Si ese número de profesionales diera el paso de apuntarse al registro, algo para lo que tienen que rellenar una declaración (de lo contrario, matiza Gabilondo, solo son rumores; la cuestión es si influyen en la decisión del personal), la pregunta es en qué situación quedaría la realización de las IVE.
El jefe de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra, Ricardo Ezcurra, ya reconoció que tenía que conocer de cuánto personal disponía para poder organizar esta prestación. Las alternativas, en caso de no disponer de ese personal, pasarían por contratar plantilla o por hacer derivaciones, pero desde la Administración no mencionan estas posibilidades. Insisten en esperar hasta conocer el número de objetores y objetoras, y el listado está abierto hasta una semana antes de que se tenga que realizar una intervención de este tipo.
Un pacto tácito para no apuntarse
La razón para entender por qué este registro sigue, por el momento, sin aumentar fueron las dudas mostradas por el personal médico sobre la necesidad de figurar en un listado de este tipo, una fórmula que cuestionó el Colegio Oficial de Médicos. Incluso, entre el personal médico hubo un pacto tácito de no apuntarse en el listado hasta que realmente llegara el momento de realizar las IVE en el sistema público.
El sistema del registro, en cualquier caso, cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, y pretende garantizar, por un lado, la decisión del personal de no realizar los abortos por cuestiones de conciencia pero, por otro, asegurar también que se realiza ese servicio. Gabilondo, en este sentido, recalca que “esta práctica no le gusta a nadie, pero quien la hace toma esa decisión por una cuestión de convicción, por su compromiso con las mujeres que deciden hacerlo”. Gabilondo defiende, además, que la clave de este modelo es que se haga de forma “normalizada” dentro del sistema y no con un personal especialmente dedicado a ello.
